ATENTADO

La querella de CFK pone la lupa en los celulares de las asesoras de Milman

Insistió ante la Cámara Federal con que deben secuestrarse los teléfonos de las dos mujeres que se reunieron con el funcionario del PRO. Audiencia caliente.

LA PLATA (Corresponsalía Buenos Aires) La querella de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner exigió en un tribunal de alzada que se ordene el secuestro de los teléfonos celulares de las dos asistentes del diputado Gerardo Milman (Juntos por el Cambio-PRO), en la causa por el intento de magnicidio. El requerimiento fue realizado en una audiencia ante la Cámara federal porteña, donde esa parte reforzó su planteo de investigar “con contundencia” la pista que surgió a raíz de sus supuestos dichos en la confitería Casablanca, cercana al Congreso, en donde el legislador habría pronunciado la frase “cuando la maten a Cristina voy a estar camino a la costa”. Las dos personas que acompañaban a Milman eran sus asesoras y en principio negaron el encuentro, pero luego tuvieron que reconocerlo cuando se les mostró la grabación de un video que las mostraba entrando al lugar en el día y horario señalados.

 

“No estamos pidiendo la detención de Milman, estamos pidiendo que secuestren los celulares” para “que se proceda a investigar esta línea con contundencia”, sostuvo durante la audiencia Marcos Aldazábal, uno de los abogados de la querella.

 

Por su parte, el otro letrado representante de la vicepresidenta, José Manuel Ubeira, denunció ante los jueces de la sala I del Tribunal de Apelaciones que, con hechos como la liberación de los integrantes de la agrupación fascista Revolución Federal resuelta en otro expediente, se busca instalar que “este no es un crimen político”, algo que “claramente le resta entidad” y que “el mensaje dado a la sociedad” es que “matar a Cristina, a sus hijos o a su entorno no tiene costo”, según informó la agencia nacional de noticias Télam.

 

“Es imposible avanzar en esta causa si no queremos meter los pies en la política”, agregó el abogado y enfatizó que en la justicia “todo lo que apunta a la derecha del PRO es borrado”.

 

Ante los jueces Pablo Bertuzzi, Mariano Llorens y Leopoldo Bruglia los abogados de la querella reclamaron que se revoque la decisión de la jueza federal María Eugenia Capuchetti de no ordenar el secuestro para someter a una pericia los celulares de las dos asistentes de Milman.

 

Se trata de Ivana Bohdziewicz y Carolina Gómez Mónaco, quienes declararon en calidad de testigo en la causa y para la querella incurrieron en contradicciones. Según los abogados, la última fue denunciada en otra causa por supuesto lavado de dinero a raíz de una sociedad en la que su socia tendría relación con Brenda Uliarte, detenida por el intento de magnicidio.

 

Además, remarcó como otro “elemento muy llamativo” es que en el allanamiento a Uliarte se “encontró un papel manuscrito con la llamada regla de Tueller, vinculada a cómo disparar a corta distancia, antes de que otro saque un arma. Esta doctrina la trajo Milman a la Argentina”.

 

Aldazábal recalcó que en la causa se corroboró todo lo que declaró el testigo de esa conversación de Milman en la confitería ubicada frente al Congreso, de apellido Abello.

 

“Se corroboran todas las presencias, pedimos investigar si Milman estuvo en Pinamar o no y no se hizo nada”, agregó sobre el viaje que emprendió el diputado del PRO a esa ciudad luego de haber estado en la confitería.

 

Ubeira remarcó que a esta altura de los hechos será una “medida tardía y vana” por la prueba que pueda obtenerse y criticó a los jueces frente a los cuales hablaba por haber ordenado excarcelar a los integrantes de Revolución Federal en otra causa que investiga a esa agrupación.

 

Ubeira hizo “responsables” a los jueces por la preservación de la vida de la vicepresidenta y remarcó que hubo un “grupo de nazis que vinieron a atentar contra el sistema democrático”.

 

“Preservarle la vida es una responsabilidad de ustedes, hagan lo que quieran con esto, pero estos animalitos están dando vueltas”, indicó el letrado en relación a los excarcelados de la agrupación Revolución Federal, investigados en otra causa judicial.

 

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