LA PLATA (Corresponsalía Buenos Aires) La investigación del atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti, avanza sin pausa. Fuentes judiciales indicaron a Letra P que hay gran expectativa tras la declaración de la novia del agresor y el análisis de su teléfono celular, lo que puede aportar datos sensibles para la pesquisa, que por estas horas se centra en una fuerte sospecha: Fernando Sabag Montiel no es un lobo solitario; no actuó solo.
La causa ya tiene varios cuerpos con datos concretos para determinar los movimientos del agresor (cuyo ADN se encontró en el arma secuestrada) y de su novia Brenda Elizabeth Uliarte, por el momento, los únicos detenidos. Fueron analizadas las filmaciones de las cámaras de seguridad de las distintas estaciones de tren para llegar a detener a la novia joven vendedora de copos de azúcar.
Desde el momento del atentado, Trenes Argentinos puso a disposición de la Justicia Federal todas las cámaras del Comando Trenes Seguros y se entregaron más de 50 horas de video de diferentes terminales.
La detención de la joven se dio luego de que desde el juzgado a cargo de la causa corroboraran inconsistencias y contradicciones entre sus declaraciones públicas en medios de comunicación y redes sociales con relación a los datos objetivos del expediente. La joven dijo que no veía a su novio desde 48 horas antes del atentado fallido, pero cámaras de seguridad la grabaron en el lugar de los hechos, a metros del departamento ubicado en Juncal y Uruguay, momentos previos y posteriores al intento de femicidio.
Entre otra de las medidas de prueba, se sumaron las declaraciones de cuatro amigos de los dos detenidos y sus teléfonos celulares quedaron a disposición de la justicia, según informó la agencia Télam.
Se trata de cuatro amigos que el viernes pasado se habían mostrado en una entrevista televisiva concedida a Telefé junto a Uliarte. Los cuatro se presentaron en una sede de la Policía Federal Argentina para ponerse a disposición de la Justicia y desde allí fueron hasta los tribunales federales de Comodoro Py, donde declararon como testigos y se les secuestraron los teléfonos celulares.
En la entrevista que brindaron a la TV junto a la ahora imputada Uliarte, los amigos habían explicado que la acompañaron a dar el reportaje porque estaban recibiendo amenazas.
“No somos cómplices de lo que pasó, estamos recibiendo amenazas todo el tiempo. Me amenazaron de muerte, nos están diciendo que somos un grupo terrorista”, había dicho durante la entrevista uno de los jóvenes que se presentó como Nicolás.
“Yo salgo a vender a la calle y nos ganamos el mango vendiendo copos de azúcar. Tenemos cierta amistad (con Sabag Montiel) pero nada más que eso. Jamás pensamos que lo íbamos a ver por la tele, cuando lo vimos no lo podíamos creer”, afirmó.
El análisis de esos teléfonos, cruzados con otros datos del expediente y las declaraciones de testigos, pueden echar luz sobre uno de los puntos centrales de la causa, determinar si Sabag Montiel actuó solo o fue un plan del que participaron otras personas.
Tras el atentado, se abrieron otras investigaciones que pueden tener una relación directa con el expediente principal que tramita en Comodoro Py. Una de ellas está radicada en el Juzgado Federal 3 de La Plata, a cargo del juez Ernesto Kreplak. Fue allanado el Centro Cultural Kyle Rittenhouse, donde se reúnen personas señaladas por su tendencia “neonazi”. En ese operativo, agentes policiales dieron con José Derman, el acusado de grabar el video en el que se ve al grupo festejando el ataque contra la expresidenta y al que titularon “Nuestro total apoyo al héroe brasileño que intentó hacer justicia por los argentinos”.
En tanto, el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, presentó este lunes una denuncia penal por el “delito de instigación a la violencia” contra Román Gutiérrez, productor agropecuario y excandidato a concejal de Pergamino, quien publicó un mensaje y video incitando públicamente a “fusilar” a la vicepresidenta de la Nación y a sus seguidores.
La denuncia recayó en el Juzgado Federal 7 a cargo de Sebastián Casanello, informó la Secretaría de Derechos Humanos a través de un comunicado.
