Parece que no siempre se puede decir cualquier cosa. Casi siempre sí. Es el resumen escueto de una situación –ampliamente debatida en público- en la que se atacó a Cristina Fernández de Kirchner con mentiras y comentarios estigmatizantes y, por primera vez, hubo una suerte de disculpa. La intervención de FOPEA –una agrupación de periodistas que hasta ahora nunca se había pronunciado en defensa de la vicepresidenta- y el repudio generalizado del Frente de Todos, incluido el presidente Alberto Fernández, más el activismo feminista y profesionales de los medios que no comulgan con el oficialismo pusieron un límite. Y, también por primera vez, no hubo una defensa cerrada de la “libertad de expresión” por parte de sectores de la oposición.
Sólo por este episodio, la Defensoría del Público recibió 500 reclamos. Con firma de la ministra Ayelén Mazzina, la cartera de Mujeres, Géneros y Diversidad presentó una denuncia al Enacom. Allí se sostiene que "determinados mensajes construyen y refuerzan patrones socioculturales alejados del esfuerzo por prevenir y erradicar la violencia por motivos de género y la discriminación, a la vez que revisten en sí mismos hechos de violencia".
Micaela Cuesta, socióloga e investigadora del Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos de la Unsam reflexiona sobre la defensa de los discursos de odio con el argumento de la libertad de expresión: “La libertad de expresión en los sistemas democráticos no es irrestricta. La legislación sobre el tema –tratados y convenciones internacionales de derechos humanos-, establece límites que implican no habilitar, no permitir o incluso sancionar todos aquellos enunciados que inciten a la violencia, a la discriminación, al odio racial”. Y agrega: “Cuando la libertad de expresión desborda esos límites choca con el derecho a la libertad de expresión de otro, porque el discurso de odio no sólo provoca silenciamiento y marginalización, sino que además choca con el derecho a la igualdad”.
De acuerdo con la Ley Modelo Interamericana sobre Violencia contra las Mujeres en la Vida Política, “Son actos de violencia aquellas acciones que amenacen, asusten o intimiden en cualquier forma a una o varias mujeres y/o a sus familias”. Que lo que ocurrió en La Nación + esté descripto en una ley no es producto del azar. Es un hecho que se suma al acoso sistemático contra CFK y que conforma una espiral de violencia política por razones de género. El atentado contra su vida –calificado expertas de la OEA como un intento de “magnifemicidio”- representa el clímax de las amenazas y el hostigamiento.
https://twitter.com/MESECVI/status/1645832502328557582
Además del claro objetivo de sacar de la cancha a la vicepresidenta, quienes ejercen violencia política se proponen disciplinar y aleccionar a las mujeres con voz pública. Luego de una visita a la Argentina en marzo, las integrantes de expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (Mesecvi) publicaron un comunicado en el que alertan: “Esta delegación constató que las manifestaciones de violencia contra las mujeres en la política no son hechos aislados, que se trata de una práctica ampliamente tolerada y que esto ocurre en todos los ámbitos de la vida pública, afectando a mujeres que se desempeñan en la función pública, en lo interno de sus partidos políticos, en los sindicatos, en las organizaciones sociales y de derechos humanos, y en los medios de comunicación”.
Ninguno es, entonces, un hecho aislado. La violencia política está, además, tipificada en la Ley 26.485 de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales y, como todos los tipos de violencia por razones de género, es transversal: involucra a las mujeres de todos los partidos políticos, aun aquellas que no se reconocen feministas o que, inclusive, se oponen a la ampliación de derechos.
Durante los días que estuvieron en Buenos Aires, Fernández de Kirchner entregó a la delegación de la OEA una presentación de 96 páginas en donde da cuenta del hostigamiento que sufrió en las últimas dos décadas por su condición de mujer política.
Las 96 páginas sumaron en estos días algunas más, aunque la respuesta fue diferente. Quizá sea una batalla ganada a los discursos de odio. Un aliciente para quienes ven restringida su libertad de expresión por temor a las represalias. En un año electoral y de creciente polarización, no es tan poco.