En ocho años hubo 2.557 víctimas de femicidio. Una mujer asesinada por su condición de género cada 31 horas desde el 3 de junio de 2015, el día en que copó las calles la primera marcha de Ni Una Menos. Son 2.691 hijas e hijos que quedaron sin madre. Todos datos de la Casa del Encuentro, que viene midiendo los femicidios desde 2008. La tasa se mantiene prácticamente igual. Los números sirven para hacer diagnósticos, pero no cuentan las historias detrás de cada uno.
La de María Isabel Speratti Aquino, en Cañuelas, que denunció innumerables veces a su expareja Alejandro Núñez, antes y después de que intentara estrangularla, y fue asesinada, en marzo pasado, de tres tiros en la cabeza por Núñez mientras esperaba un cambio de carátula de “lesiones leves” a tentativa de femicidio.
La de Rocío González de 25 años, este 2 de junio, en Saladillo, asesinada de siete tiros por Renzo Eduardo Chidichimo, compañero de trabajo, al que había denunciado por maltrato, acoso laboral y violencia psicológica en la Comisaría de la Mujer por lo menos dos veces: una a fines del año pasado y otra hace apenas dos meses. El asesino no respetó la restricción perimetral impuesta por un juez de paz; tampoco el cambio de horario que le impedía cruzarse con ella en el trabajo.
La de Julieta Riera, de Entre Ríos, a la que el Superior Tribunal de Justicia de la provincia acaba de revictimizar anulando el juicio contra Julián Christe, condenado a prisión perpetua por "homicidio triplemente agravado por el vínculo, alevosía y por haber sido cometido mediando violencia de género" en 2021 luego de que un jurado popular lo declarara culpable y la Cámara de Casación Penal confirmara su condena. Christe es hijo de una excamarista y ahora tendrá un nuevo juicio.
Sólo tres casos sirven para ejemplificar a miles. Aunque no todas las historias son iguales tienen en común la falta de respuesta para las denunciantes o, peor aún, la complicidad del Poder Judicial con los femicidas. Porque restar importancia, burocratizar, no tomar medidas, no escuchar, no disponer de acompañamiento legal gratuito son sinónimos de connivencia. Es quizá, la principal respuesta a la pregunta de por qué el 80 por ciento de las mujeres asesinadas por razones de género no hizo ninguna denuncia.
“Con este Poder Judicial no hay Ni Una Menos”, dice la convocatoria de la concentración de este sábado 3 de junio frente al Congreso en la Ciudad de Buenos Aires. La consigna fue decidida en asambleas en las que participaron activistas de distintas organizaciones sociales, partidos políticos y feministas silvestres.
No hay ahí sospechas de una operación contra el Poder Judicial, hay una demanda genuina que preexiste a la primera gran movilización, pero que se hizo masiva entonces y que es central hoy. Para cuando alguien se pregunta qué tiene que ver la falta de justicia con la gente, los datos hablan por sí solos: 2.557 víctimas de femicidio en ocho años; 2.691 hijas e hijos quedaron sin madre. Una mujer asesinada por su condición de género cada 31 horas desde el 3 de junio de 2015.
Convocatoria dividida para el 8M. Repliegue frente a la violencia política. Cómo se vuelve a articular el movimiento más importante de los últimos años para disputar sentido y poder.
El tratamiento de la iniciativa, presentado por la diputada Mónica Macha, se debate en a Comisión de Mujeres y Diversidad.