El máximo tribunal de Buenos Aires exhortó a Kicillof y la Legislatura a normalizar el poder judicial. El impacto de la falta de magistrados y retraso salarial.
La Suprema Corte bonaerense le reclamó a Axel Kicillof y a la Legislatura la cobertura urgente de vacantes y la aprobación de un proyecto de autarquía presupuestaria, en un acto respaldado por toda la corporación judicial, que advirtió que el sistema tiene más de 200 plazas sin cubrir y salarios 50% por debajo de los del Poder Judicial nacional.
Fue este martes en un acto convocado para presentar un "proyecto de fortalecimiento del Poder Judicial" de la Corte, al que asistieron en señal de apoyo sectores de todo el aparato judicial bonaerense: los tres ministros de los siete que deberían componer el tribunal, Sergio Torres, Daniel Soria e Hilda Kogan, el procurador general Julio Conte Grand, y los presidentes del Colegio de Magistrados, del Colegio de Abogados y de la Asociación Judicial Bonaerense. "Los ministros que presidimos este acto somos tres, cuando debiéramos ser siete", arrancó su discurso Torres, en una señal clara sobre el tono del reclamo.
La cobertura de las vacantes en la Corte y en distintos tribunales de la provincia está trabada desde hace años y en los últimos meses empezó a convertirse en una olla a presión para la política y especialmente para el peronismo. Las plazas vacías se acumularon por jubilaciones, renuncias y un fallecimiento: los ministros Eduardo De Lázzari y Juan Carlos Hitters se fueron primero; el juez Héctor Negri murió en 2020, y en junio de 2024 salió Luis Genoud, que dejó al tribunal en la situación límite actual, con tres de siete cargos cubiertos.
Desde entonces, el máximo tribunal debe convocar a jueces de Casación para integrar fallos, una solución transitoria que se estiró hasta volverse estructural. Al momento del acto de este martes, la primera vacante acumulaba 2.292 días sin cobertura. La Constitución provincial fija un plazo de 15 días para que el Ejecutivo envíe una propuesta al Senado cada vez que se produce una vacante. Torres contabilizó cuántas veces ese mandato fue ignorado: 152 incumplimientos acumulados.
La cobertura nunca avanzó porque el peronismo no logró ordenarse internamente. Circuló durante meses un borrador de esquema de reparto: un lugar para el axelismo, otro para La Cámpora, un tercero para el massismo y el cuarto para La Libertad Avanza. Nunca se concretó. Había expectativas de que el proceso arrancara antes de la feria judicial de invierno de julio, pero a esta altura no hay una sola señal de movimiento ni en el Ejecutivo ni en el Senado. La interna entre el axelismo y La Cámpora está al rojo vivo, y en la Legislatura no hay indicios de que el gobierno esté sondeando ningún acuerdo.
El problema no se agota en el máximo tribunal. Según datos del propio Poder Judicial, el sistema bonaerense acumula más de 200 vacantes sin cubrir en distintos fueros y departamentos judiciales de la provincia. En ese contexto, la Corte decidió salir con un exhorto formal: le pidió a los poderes Ejecutivo y Legislativo que se aboquen "de manera urgente" a la cobertura de los cargos. "Postergar las designaciones es debilitar el sistema", avisó Torres.
El segundo eje del acto fue la presentación del proyecto de autarquía presupuestaria, un reclamo que el Poder Judicial bonaerense viene formulando desde 2012 y que en 2018 llegó a plasmarse en una resolución formal de la propia Corte. La diferencia con ese antecedente es el respaldo que lo acompaña esta vez. El documento fue firmado por Matías Rappazzo, presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios; Bienvenido Rodríguez Basalo, presidente del Colegio de Abogados de la Provincia; y Hugo Russo, secretario general de la Asociación Judicial Bonaerense. Torres fue categórico: "No hay antecedentes recientes de un consenso de esta magnitud en el sistema judicial bonaerense."
El proyecto apunta a que el Poder Judicial pueda elaborar y administrar su propio presupuesto sin depender de decisiones del Ejecutivo. Torres explicó el nudo del problema con un dato: aproximadamente el 92% del presupuesto judicial está destinado al pago de salarios, lo que deja un margen mínimo para infraestructura, tecnología o modernización. "El sistema funciona prácticamente sin capacidad de inversión", sostuvo. Y apuntó una desigualdad estructural que no tiene solución dentro del esquema actual: los salarios judiciales bonaerenses están más de un 50 por ciento por debajo de los del Poder Judicial nacional, que desde 1990 cuenta con una ley de autarquía que la provincia nunca tuvo.
La dimensión del respaldo al proyecto marca la distancia con cualquier antecedente. Torres habló de cerca de 100.000 personas vinculadas al sistema de justicia bonaerense detrás de la iniciativa: los 18.500 agentes del Poder Judicial, los 8.900 del Ministerio Público, los más de 7.000 magistrados y funcionarios nucleados en el Colegio de Magistrados y los alrededor de 60.000 profesionales matriculados en los Colegios de Abogados. "Cuando este nivel de acuerdo se produce, lo que está en juego no es una demanda sectorial, es una necesidad institucional impostergable", afirmó el presidente de la Corte.
El reclamo por autarquía también tiene una dimensión salarial directa. La participación del Poder Judicial en el presupuesto provincial se mantuvo históricamente en torno al 3,5 y el 4,5% del gasto total, con una tendencia descendente en términos relativos. Eso significa que mientras la litigiosidad crece, los recursos no acompañan. "Un poder judicial que depende de otro poder para definir su presupuesto es inevitablemente condicionado en su capacidad de decidir con imparcialidad", sostuvo Torres.
