El Gobierno aprovechó hasta el último día la luz verde del Congreso para pasar la motosierra. Dudas sobre el futuro de las obras. Cambios en el INTA y el INTI.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger cerró su año de superpoderes a raíz de las facultades delegadas con un anuncio de impacto político fuerte: la disolución de Vialidad Nacional, una de las direcciones gubernamentales más cuestionadas por presunta corrupción en la obra pública.
El gobierno de Javier Milei dispuso la reestructuración o cierre de diez organismos estatales y confirmó que no pedirá la prórroga de las facultades delegadas, que vencen esta semana a un año de la ley Bases.
“El problema no es la herramienta, sino quién la usa y para qué”, dijo el vocero presidencial Manuel Adorni ante la prensa en Casa Rosada.
Allí calificó la medida como “el acta de defunción de la corrupción en la obra pública” y afirmó que los decretos firmados durante este período excepcional generaron un ahorro de 65.000 millones de pesos para el Estado.
El cierre de Vialidad se inscribe dentro de una reestructuración integral del sistema de transporte. El Gobierno también disolvió la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial (CNTySV) y reformuló la Comisión Nacional de Regulación del Transporte ( CNRT) que pasará a llamarse Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos.
La administración libertaria decretó, además, que la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) se reducirá y sólo conservará funciones vinculadas a la aviación civil.
La nueva agencia absorberá funciones de control y fiscalización de concesiones viales, ferroviarias y automotoras. La Secretaría de Transporte, junto con otras áreas del Ministerio de Economía, tomará a su cargo el diseño y planificación de la infraestructura vial.
El Ejecutivo justificó la eliminación de la Dirección de Vialidad Nacional (DVN) por su falta de eficiencia y su sobredimensionamiento: más de 5.000 empleados, una estructura administrativa pesada y un esquema que delegó gran parte del mantenimiento a contratistas privados. Con la disolución, se espera un ahorro anual estimado de u$s 100 millones.
Además del área de transporte, el Gobierno avanza con la transformación o disolución de siete organismos descentralizados vinculados a la industria, el agro y la propiedad industrial.
Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI): pasará a ser una unidad organizativa dentro del Ministerio de Economía. Mantendrá sus funciones técnicas, pero con una estructura más acotada. Cuenta con 2.356 agentes y un presupuesto superior a $ 85.000 millones.
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA): continuará como organismo desconcentrado en Agricultura. El Gobierno busca recentrarlo en la investigación y la transferencia tecnológica, con menos foco en agroecología y agricultura familiar. Tiene más de 6.000 empleados.
Ariccame: será disuelta. Sus funciones pasarán a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), Secretaría de Industria y Agricultura, según el destino y el riesgo del producto (cannabis medicinal o cáñamo industrial).
Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (Inafci): se elimina. Las funciones pasarán a la Secretaría de Agricultura. El Gobierno cuestiona que se trataba de una “caja política”, con más de 900 contratados en su momento.
Instituto Nacional de Semillas (INASE): dejará de ser descentralizado. Sus funciones serán absorbidas por Agricultura. Tenía 233 agentes y un presupuesto de más de $20.000 millones.
Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV): seguirá existiendo dentro de Agricultura. Se mantendrá la certificación internacional para exportación, pero será optativa. La reestructuración apunta a reducir controles redundantes.
Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI): pasará a ser un ente desconcentrado. Continuará registrando patentes y marcas, pero sin personería jurídica ni patrimonio propio.
Con el vencimiento de las facultades delegadas y sin el marco normativo que le permitió avanzar en esta serie de cambios por decreto, el gobierno de Milei deberá enviar al Congreso cada nueva reforma.
Sturzenegger, que encabezó la reconfiguración del Estado durante este año, logró avanzar con la eliminación de organismos, la concentración de funciones y el traspaso de tareas operativas al sector privado.
En lo inmediato, la reunión con gobernadores en Tucumán por el reparto de fondos federales será el próximo capítulo de esta etapa sin superpoderes.
