Industriales pidieron alivio fiscal, freno a embargos y medidas para sectores golpeados. El Gobierno mostró otra prioridad en medio del reclamo fabril.
La reunión entre Toto Caputo y de representantes de la Unión Industrial Argentina (UIA) dejó reclamos por impuestos, embargos y reactivación. Pero el foco político cambió rápido, a raíz de que el ministro de Economía publicó otro mensaje para destacar las importaciones y la caída del precio de productos Apple.
En su cuenta de X, el titular del Palacio de Hacienda calificó como “excelente” el encuentro que mantuvo junto al secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne, y representantes de Apple. Allí celebró el “exponencial aumento” de las ventas oficiales de iPhone en la Argentina y lo adjudicó a la rebaja de impuestos y a la eliminación de regulaciones comerciales que impulsó el Gobierno.
Caputo remarcó que ese esquema permitió que el precio final del teléfono quedara “tan sólo un 30% por encima del precio de venta en Estados Unidos” y volvió a contrastarlo con la etapa kirchnerista, cuando, según sostuvo, “un iPhone en Argentina llegó a ser 3.5 veces más caro que en USA”. El mensaje apareció pocas horas después del encuentro con la central fabril.
En la reunión con la UIA, Caputo y Lavigne recibieron al presidente de la entidad, Martín Rapallini, y a integrantes del Comité Ejecutivo. El ministro insistió en un eje que ya repite ante el empresariado: trasladar parte del reclamo tributario a gobernadores e intendentes.
“Coincidimos en la importancia de que provincias y municipios acompañen el esfuerzo de Nación bajando impuestos y tasas, que son la carga mayor en la cadena productiva, y seguir reduciendo así el costo argentino”, expresó el funcionario tras el encuentro.
Los industriales llevaron un menú de demandas más amplio. Solicitaron la suspensión de embargos y ejecuciones fiscales, la postergación del pago de contribuciones patronales para economías regionales y advirtieron por la demora en la recuperación de sectores fabriles, con especial impacto en pequeñas y medianas empresas.
Además, la UIA insistió en la creación de un Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) exclusivamente industrial, que incluya a compañías ya instaladas en el país y no sólo a nuevos proyectos con beneficios fiscales extendidos.
En un comunicado, la entidad también planteó la posibilidad de avanzar en “un nuevo consenso fiscal entre la Nación, las provincias y los municipios para la baja de impuestos para la industria”, además de remarcar distorsiones tributarias, financieras, logísticas y laborales que, según el diagnóstico fabril, siguen afectando la competitividad.
Más allá del tono cordial, el encuentro dejó pocas definiciones concretas. Caputo escuchó los reclamos, pero no puso fecha a temas que ya había deslizado en conversaciones privadas con empresarios: la eliminación del impuesto al cheque y una reducción escalonada de retenciones a exportaciones del sector automotor.
En la última reunión con representantes de la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA), el ministro había prometido que en mayo comenzaría una baja gradual de esos derechos de exportación para llevarlos a cero en 2027. La caída de la recaudación, golpeada por nueve meses consecutivos de retroceso en un contexto recesivo, frenó cualquier relajamiento fiscal.
Dentro de la propia central fabril aparecieron cuestionamientos. “Rappallini se quiere excusar con que se plantean los temas, pero como dirigente gremial-empresario tenés que plantear algunas acciones diferentes cuando pasaron ya casi 30 meses de gobierno y no tenés ninguna respuesta”, afirmó a Letra P un empresario del interior que integra el Comité Ejecutivo.
Fuentes cercanas a la UIA sostuvieron además que existe una estrategia compartida entre Rapallini y el Gobierno para direccionar parte del reclamo por la baja de impuestos hacia provincias y municipios. Ese esquema tuvo respaldo en informes de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA), que advirtió sobre la presión de Ingresos Brutos en la cadena productiva bonaerense.
La reunión también quedó atravesada por la discusión sobre incentivos. Rapallini venía reclamando un RIGI industrial que otorgue ventajas a empresas ya radicadas en el país, para competir en igualdad de condiciones frente a nuevos proyectos que acceden a beneficios impositivos de largo plazo.
Como contracara, el Gobierno avanzó con la reglamentación del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), instrumentado a través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El esquema ofrece beneficios para inversiones de micro, pequeñas y medianas empresas entre u$s 150.000 y u$s 9 millones, con amortización acelerada en Ganancias y devolución de créditos fiscales de IVA.
En la reunión también participaron David Uriburu, vicepresidente de Desarrollo Industrial de la UIA; Eduardo Nougués, referente de Ledesma; Luis Tendlarz, presidente de la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA); y Rodrigo Pérez Graziano, titular de ADEFA y de PSA-Peugeot.
Tendlarz, uno de los representantes de los sectores más golpeados, pidió que Economía tome como pago de contribuciones patronales los saldos de IVA que el Estado aún no devuelve. El planteo apuntó a aliviar caja sin afectar el equilibrio fiscal.
Mientras la UIA seguía pidiendo señales para producción, empleo y competitividad, Caputo eligió mostrar otra postal: una celebración pública por el avance de importaciones y la baja del precio de productos Apple. El contraste dejó expuesta la tensión entre la agenda industrial y la prioridad comercial que buscó remarcar el Gobierno.
