Si bien existió en distintas etapas históricas, la tercerización en la Argentina tuvo un punto de inflexión a partir de la última dictadura militar con la modificación de la Ley de Contrato de Trabajo, que se profundizó desde la década del 90 hasta la actualidad.
Tercerizar implica introducir un “tercero” en la relación dual entre quienes emplean y los colectivos laborales, a quien se le delega parte de las tareas que antes estaban a cargo y bajo la responsabilidad de la empresa principal. Puede asumir distintas modalidades, entre ellas la subcontratación de empresas, la intermediación laboral, ciertas contrataciones vía monotributo y otras formas actuales tanto en el sector público como en el privado en todo el arco de actividades.
Desde lo empresarial, la tercerización se justifica por la necesidad de reorganización del trabajo y la producción y la competitividad: enfocar los esfuerzos de inversión en el core de la empresa. Si bien estas razones pueden ser atendibles y evaluadas, la mayoría de las personas tercerizadas trabajan por menores salarios, con jornadas laborales más extensas, inestabilidad, peores condiciones y tareas más riesgosas e insalubres. Esto consolida la división, en el marco del trabajo registrado, entre un sector de primera y otro de segunda categoría, con derechos y condiciones diferenciales.
Debido a la posición estructural subordinada y precaria de las personas tercerizadas, las posibilidades de sindicalización son mínimas y, en caso de alcanzarla, implican riesgos muy concretos de inestabilidad laboral, suspensiones, despidos... Por eso, la tercerización es la gran deuda que buena parte de las estructuras sindicales tiene con miles de trabajadores y trabajadoras excluidas en las categorías de afiliación.
La tercerización afecta especialmente a los derechos de quienes trabajan bajo esta figura, pero también consolida una estructura empresarial de (pocos) fuertes y (muchos) débiles. A medida que las empresas contratistas se alejan, en la cadena de subcontratación, de las empresas principales -en general, corporaciones nacionales y multinacionales-, son peores las condiciones de trabajo. Las contratistas más alejadas suelen ser, además, pymes que en muchos casos tienen dificultades financieras que les impiden hacer frente a las crisis económicas, altas y bajas de la demanda, y están sometidas a presiones impositivas que no siempre pueden afrontar.
Al analizar lo histórico, en el caso de la tercerización existen avances empresarios y, en todo caso, intentos de reversión o modificación, pero no hay una línea clara de articulación desde la perspectiva de quienes trabajan. Cada vez se corre la línea un poco más hacia la libertad de las empresas para definir modalidades de contratación que consolidan lo que un estudioso mexicano llamó “deslaborización”: la tendencia a la negación de la relación laboral y, en consecuencia, de las responsabilidades empresarias. Este fomento de la desresponsabilización empresarial abrió el camino para otros fenómenos, como el trabajo en plataformas.
No es una tendencia privativa de Argentina y, para comprender la importancia, hay que mirar el fenómeno en América Latina y en el marco global.
Mauricio Macrihabía planteado la necesidad de una reforma laboral que avanzara en formas de contratación más flexibles y niveles todavía más elevados de desresponsabilización empresarial. El rechazo social impidió que la reforma se concretara. Sin embargo, la sola posibilidad logró que los intereses empresarios dieran un paso más en la discusión sobre la necesidad para incentivar el empleo y “modernizar” las estructuras organizativas.
Después, cuando sorprendió la pandemia, lo que había podido frenar la movilización y la organización trabajadora pudo avanzar. Incluso, desde medios relacionados al sector empresario se celebró la gran oportunidad que significó la crisis sanitaria para estas modalidades de trabajo.
“La tercerización de servicios es una tendencia global que viene en aumento y se acentuó con la pandemia (...) En Argentina, incrementó un 11% en el último año y el crecimiento, segmentado por industria, fue de 13% en Minería, 10% Oil&Gas, 12% Industria, 9% Energía y 6% en Telecomunicaciones”, publicó el portal iprofesional en 2022. Una empresa del Grupo Clarín se promociona como “líder en tercerización de servicios”.
En Ámbito también afirmaron que “la pandemia dejó en evidencia uno de los beneficios de la tercerización de los equipos de trabajo”. El portal Biz Latin Hub afirmó que, según una encuesta, en América Latina aumentó un 75% la subcontratación. Lamentablemente no existen encuestas oficiales sobre el aumento de la tercerización. La tercerización como buena noticia no evalúa los costos de quienes trabajan en esas condiciones.
La pandemia retomó, bajo otros formatos, la vieja discusión entre actividades esenciales y secundarias. En el contexto de emergencia sanitaria, muchas de las actividades establecidas como “esenciales” eran las que se encontraban bajo el régimen de tercerización y/o mayor precarización laboral, por considerarse “no esenciales” en el contexto anterior: limpieza de hospitales y sanatorios, seguridad, sistemas de ambulancias, enfermería, camilleros, tareas de cuidados, delivery, servicios de traslado y mensajería, comedores... con el argumento de que son “periféricas”.
Además, gran parte de esas tareas consideradas “no esenciales” o “periféricas” son tareas feminizadas en el mercado laboral que se encuentran tercerizadas, al igual que diversas formas del trabajo a domicilio. En la pandemia, a la discriminación y a la sobrecarga preexistentes en el ámbito doméstico se sumaron las tareas educativas y la responsabilidad sobre los cuidados sanitarios, también esenciales en ese contexto crítico.
Entonces, la pregunta es: ¿no se ha perdido la gran oportunidad de discutir esta vieja y naturalizada distinción entre esencial y no esencial, que justifica -finalmente- la precarización? Es clave abrir una instancia de debate con especialistas y representantes de organizaciones sindicales y empresariales. Se puede tomar el ejemplo de Brasil, que está discutiendo, en el Senado, la ley de tercerización impulsada por Michel Temer en 2017 luego del golpe institucional contra Dilma Roussef.
Esa discusión requiere información estadística actualizada para pensar posibles políticas estatales que atiendan esto. También es necesario recuperar diagnósticos y proyectos elaborados en los últimos años para encarar un tema que marca las vidas, las posibilidades y las trayectorias de un importante sector de la clase trabajadora en la actualidad, aunque sea prácticamente invisible en la agenda política, económica y laboral actual.