El Gobierno no define cómo y cuándo pasarán a manos privadas las ocho compañías habilitadas por la ley Bases. Qué prevé el proyecto para cada caso.
En sentido contrario al relato oficial que pregonan las figuras principales del gobierno de Javier Milei, el proyecto de Presupuesto 2025 no aporta ninguna pista sobre la forma y los tiempos de privatización de las ocho empresas estatales que cuentan con el visto bueno del Congreso para ser vendidas o concesionadas.
Tal como quedó aprobada la ley Bases, la administración libertaria ya tiene vía libre para privatizar total o parcialmente seis empresas: Intercargo, AySA, Belgrano Cargas y Logística, Sociedad Operadora Ferroviaria SE (SOFSE), Corredores Viales SA y Enarsa.
En los casos de Yacimiento Carboníferos Río Turbio (YCRT) y Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA), el gobierno mileísta tiene, además, la posibilidad de organizar un "programa de propiedad participada" o incorporar capital privado, pero conservando el Estado el control o la mayoría accionaria.
A fines de julio, el Gobierno creó la Unidad Ejecutora Especial Temporaria Agencia de Transformación de Empresas Públicas, bajo la órbita del Ministerio de Economía de Toto Caputo.
Al frente del organismo fue designado Diego Chaher, exgerente corporativo del Grupo Vila-Manzano e interventor de los medios públicos cuando se ejecutó el cierre operativo de la agencia Télam.
Referenciado al asesor presidencial Santiago Caputo, Chaher asumió con el rango de secretario a fin de asistir a Caputo en las cuestiones referidas a los planes de acción, presupuestos, transformaciones, fusiones, transferencias y privatizaciones de organismos públicos y empresas estatales.
Una de las primeras tareas de Chaher es completar la transformación de las compañías estatales, bajo distintas figuras jurídicas, en sociedades anónimas. Este cambio societario tiene como objetivo facilitar la privatización con la venta de una parte o la totalidad del paquete accionario de cada empresa.
La Agencia de Transformación también tiene que coordinar e implementar con las autoridades de cada compañía estatal un programa de medidas de reordenamiento interno. Está orientado a recortar las asistencias económicas que reciben del Estado, achicar la plantilla de personal y equilibrar sus cuentas mediante la eliminación de los déficits operativos.
Tanto el empresariado local como quienes representan a la oposición en el Congreso esperaban encontrar en el proyecto de Presupuesto 2025 los lineamientos principales y alcances del programa privatizador libertario. No fue así.
En el texto de la iniciativa, a excepción de Intercargo, la administración libertaria prevé seguir girando fondos estatales para atender parte de los gastos de capital de las siete empresas restantes en condiciones de pasar a manos privadas.
Según las planillas anexas del Presupuesto, el año próximo, el Ministerio de Economía también seguirá transfiriendo recursos para cubrir las pérdidas operativas que registren seis de las ocho empresas que dejarían de pertenecer al Estado.
El análisis de las cuentas de ingresos y egresos de las empresas aptas para privatizar, adjuntas al Presupuesto, revelan:
