El proyecto prevé beneficios fiscales y artículos de flexibilización laboral ya incluidos en el capítulo suspendido del DNU 70/2023. La ley pymes, ¡afuera!
En medio de la tensión entre el gobierno de Javier Milei y la Unión Industrial Argentina (UIA) y tras meses de lobby del Círculo Rojo por un RIGI para pymes, el equipo económico de Toto Caputo presentará en el Congreso un proyecto de inversiones productivas con alguna flexibilización laboral, pero con menos beneficios fiscales de los que pretendía el sector industrial.
Durante la reciente 30ª Conferencia Industrial, a la que Caputo pegó el faltazo, el secretario coordinador de Industria y Comercio, Juan Pazo, anunció que "en breve" la administración libertaria elevaría al Poder Legislativo una nueva iniciativa de promociones industriales.
"Este proyecto viene a complementarse con el RIGI y está pensado especialmente para medianas inversiones de acuerdo a las capacidades de cada uno de los segmentos de empresa (grande, mediana, pequeña y micro)", se lee en el texto al que Letra P tuvo acceso.
En junio, la UIA propuso su propio "mini-RIGI" ante el cuestionamiento de que el Régimen de Incentivo para las Grandes inversiones dejaba en offside a las fábricas locales que reclaman igualdad de condiciones para competir, es decir, quita de impuestos.
El equipo económico tomó algunos elementos de ese pedido, pero la gran mayoría quedaron afuera. Hacia adentro de la entidad fabril, atribuyen esta derrota a que el titular de la UIA, Daniel Funes de Rioja dio "poco impulso" a la propuesta propia. Esta situación también motivo enojos de la base industrial hacia la Junta Directiva que lideran "los grandes": Techint, Ledesma y Arcor.
Según la iniciativa del Gobierno, se considerará el tamaño de los proyectos según el capital inicial:
En el caso de los beneficios fiscales, propone que las inversiones productivas tengan una "amortización acelerada", es decir, que se reduzcan los plazos de pago de bienes en el impuesto a las Ganancias y también acorta el período de devolución anticipada del IVA, de seis a tres meses.
En el proyecto gubernamental se eliminan los derechos de exportación para MiPyMEs que vendan al exterior bienes industriales sobre exportaciones incrementales (con posiciones arancelarias a determinar), con la salvedad de que las "nuevas empresas" estarán excluidas del beneficio.
Las pymes agro tienen un capítulo especial con estos puntos:
Postergación de la valuación de la hacienda al momento de la efectiva venta del ganado. Hasta tanto se pagará IIGG sobre la valuación fiscal.
Inversión en sistemas de riego y mallas antigranizo (amortización acelerada y devolución anticipada de IVA)
Reducción de la alícuota de IVA a la energía para sistemas de riego agrícola (del 27% a 10,5%)
El apartado laboral es clave. El texto que se presentará en el Congreso propone una "actualización" de las leyes de empleo "incorporando muchos de los aspectos incluidos en el DNU N° 70/23". El capítulo laboral del DNU está judicializado por acción de los gremios y todos sus artículos suspendidos.
Según adelantó Pazo, la intención es reincorporar la puesta en marcha de "una tasa específica para el pago de juicios laborales de IPC más 3% anual, para que no haya capacidad de interpretación o creatividad en la justicia. Los créditos laborales también devengarán esta misma tasa. La idea es generar una tasa consistente”.
Bajo el subtítulo "fomento del empleo", promete:
Empleos incrementales: bono de crédito fiscal sobre un porcentaje de las sumas abonadas en concepto de contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) para los nuevos empleos incrementales y por el término de un año.
Bono de crédito fiscal sobre las sumas abonadas en concepto de contribuciones patronales al SIPA para la contratación de trabajadores del Sector Público nacional, provincial y municipal, por el término de dos años. Se excluye del beneficio la contratación de funcionarios públicos.
El texto elaborado por la UIA a mitad de año, y del que nada quedó en el proyecto gubernamental, sumaba una "deducción de intereses sobre el capital propio" y también una "doble amortización de inversiones 4.0, eficiencia y/o transición energética y economía circular".
Además, añadía "una posibilidad de tomar los impuestos a los Débitos y Créditos a cuenta de todos los impuestos (incluyendo IVA y Seg. Social, no sólo IIGG)" con el fin de "estimular la formalización/bancarización".
En términos de financiamiento, la UIA pedía:
