La entidad fabril reclama frenar la apertura del comercio exterior. Alerta que el sector perdió 30 mil empleos. Preocupación por las pymes y juicios laborales.
El presidente de la UIA con Javier Milei
Al igual que ocurrió durante la gestión de Mauricio Macri, el abaratamiento de las importaciones vía aranceles y la reducción del impuesto PAIS obligaron a la Unión Industrial Argentina (UIA) a tomar posición frente a la política aperturista de Javier Milei. Por esto, la entidad fabril volvió a pedir bajar impuestos antes de seguir abriendo la economía.
Durante la reunión de Junta Directiva de la UIA, que encabeza Daniel Funes de Rioja, las representaciones sectoriales y regionales analizaron este martes el impacto de las medidas anunciadas por la administración libertaria con relación a las importaciones.
La UIA reclamó que la apertura al comercio internacional debe desarrollarse juntamente con una agenda concreta para mejorar la competitividad y bajar el “costo argentino”, de forma que no se resientan las cadenas de valor, la generación de empleo y la recuperación de la actividad industrial.
Las autoridades de la central fabril coincidieron en que, si no se resuelven los problemas de competitividad del país, avanzar “sólo con políticas de apertura comercial está teniendo consecuencias negativas, especialmente a las pymes y también en el empleo donde se perdieron más de 30 mil puestos de trabajo industriales desde agosto de 2023”.
El informe “Costo argentino: elementos clave para lograr competitividad” muestra que la industria argentina tiene una productividad que se encuentra por encima del promedio de América Latina, pero en términos de competitividad el país ocupa el puesto 66 de 67.
El estudio de la UIA señala en el “costo argentino” inciden la inestabilidad macroeconómica, la falta de financiamiento, la presión tributaria, la falta de infraestructura y los costos de energía y logística, entre otros factores.
A estos se suman otros como las tasas municipales crecientes, los trámites numerosos que suman burocracia e impuestos a los Ingresos Brutos provinciales.
Frente a esta situación, el empresariado industrial reclamó baja de impuestos, mejoras en infraestructura y conectividad, promoción de inversiones nacionales y la modernización de los regímenes laborales.
La UIA también manifestó su preocupación por el crecimiento de la judicialización en el ámbito productivo, específicamente en casos vinculados con accidentes laborales.
Según el informe, en octubre se notificaron a las ART 11.851 juicios acumulando 105.960 nuevos litigios en el año.
De esta manera, se observa que hubo un aumento del 14,3% respecto de octubre/23 (10.366 juicios) y un aumento del 7,6% respecto del acumulado del año pasado (98.484 juicios).
Por otro lado, el informe de la UIA destacó que los índices de siniestralidad se encuentran en mínimos históricos, en gran medida gracias a los esfuerzos conjuntos de empleadores, trabajadores y el Estado para reducir los factores de riesgo, a pesar de que los litigios han subido un 25%.
Quienes integran la Junta Directiva de la UIA señalaron la importancia de avanzar en medidas integrales para contener el incremento de la litigiosidad y el consiguiente ajuste de las alícuotas.
En este sentido, remarcaron la necesidad de establecer cuerpos médicos forenses a nivel provincial y nacional, un punto estipulado en la ley 27.348, sancionada en 2017.
La creación de estos cuerpos médicos es el último elemento pendiente en la implementación de la Ley de Riesgos del Trabajo, aún sin concretarse en la mayoría de las provincias y en la justicia laboral nacional.
“Cumplir con esta normativa es esencial para consolidar los esfuerzos del sector orientados a la mejora de las condiciones laborales, la promoción de una cultura de la prevención virtuosa y la previsibilidad en los litigios judiciales ya que el aumento de la litigiosidad viene generando un incremento de las alícuotas, lo que afecta los costos de producción”, sostuvo la UIA.