El Gobierno envió al Congreso el proyecto de ley denominado "Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias", el súper-RIGI, en busca de atraer inversiones para desarrollar sectores inexistentes en el país: inteligencia artificial, semiconductores, biotecnología avanzada e infraestructura digital. Es un combo de beneficios impositivos, fiscales y aduaneros que generan ventajas competitivas respecto de la industria ya instalada.
El proyecto propone que la ventana para solicitar la adhesión al régimen dure cinco años, más uno de prórroga; garantiza los beneficios por 30 años para cada proyecto aprobado, y establece que el monto mínimo de la inversión debe ser de al menos u$s 1000 millones, con el compromiso de ejecutar al menos el 20% —u$s 200 millones— del total en los primeros dos años desde que se apruebe.
Sin un listado taxativo sobre los sectores alcanzados por el proyecto, en los considerandos se mencionan a "las cadenas globales de valor en sectores estratégicos como la inteligencia artificial, los semiconductores, la biotecnología avanzada y la infraestructura digital". Lo más concreto, en ese sentido, es la instalación de data centers que aprovechan la energía barata y el clima frío de la Patagonia.
El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, está de acuerdo con el Súper-RIGI, pero reclama rebajas de impuestos para la industria instalada en el país.
“Los sectores de baterías de litio y toda la transición energética precisan rebaja de impuestos, pero el resto de la economía tradicional también los necesita”, dijo Rappallini. El reclamo del empresariado nacional se apoya en que el artículo 4º del proyecto excluye explícitamente a los planes de ampliación o modernización de plantas preexistentes, dejando afuera a la industria nacional instalada.
En el mensaje al Congreso, el Gobierno advierte que la presión tributaria excesiva, las restricciones cambiarias y el marco regulatorio “lograron desincentivar sistemáticamente la radicación de grandes inversiones, y relegaron al país en el desarrollo de industrias de frontera al margen de las cadenas globales de valor en sectores estratégicos como la inteligencia artificial, los semiconductores, la biotecnología avanzada y la infraestructura digital”.
La iniciativa parlamentaria oficial establece que cualquier conflicto que surja entre el Estado y los proyectos de inversión se resolverán directamente en tribunales de arbitraje del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), salteando la justicia local.
Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), estima que este RIGI generará un costo fiscal para el Estado, de al menos de u$s 1069 millones de dólares anuales y puntualiza que la mayor pérdida de recaudación impactará entre 2029 y 2033, en el próximo mandato presidencial. Además, CEPA detalló que la implementación del súper-RIGI aumentará el costo fiscal, debido al incremento de la baja de Ganancias.
El régimen aplica en todo el territorio nacional, pero requiere la adhesión expresa de las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios donde se radiquen los proyectos.
Las provincias que adhieran tendrán un tope del 0,5% para cobrar sobre Ingresos Brutos, cuando la mayoría de la actividad económica paga alícuotas generales de Ingresos Brutos de entre el 3% y el 5% según la provincia.
Además, no les podrán agregar ningún impuesto nuevo durante los 30 años que dura la promoción, declarándose "nula de nulidad absoluta e insanable" cualquier norma local que intente violar este blindaje.
Los municipios deberán cobrar la tasa municipal estrictamente por lo que cuesta prestar el servicio básico y no por lo que factura la megaplanta o por lo que paga de Ingresos Brutos.
La promoción tiene garantía; si una provincia adhiere, pero luego cambia la conducción política del Estado y el nuevo gobernador decide bajarse del súper-RIGI, los proyectos ya aprobados mantienen todos sus beneficios e inmunidad fiscal por el tiempo remanente de los 30 años.
Los proyectos de inversión van a gozar de la libre disponibilidad del 20% de los dólares generados por sus exportaciones en los primeros dos años, en el tercer año podrán disponer del 40% de las divisas y, tras concretar tres años de exportaciones, tendrán a su disposición el 100% de forma definitiva.
Actualmente en Argentina rige un cepo al dólar para las empresas, que una vez que exportan están obligadas a ingresar al país y liquidar en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) los dólares que cobran por sus ventas al exterior. El súper-RIGI rompe esta regla mediante una exención progresiva y definitiva de la obligación de ingresar y liquidar divisas por las exportaciones del proyecto.
Dólares financieros afuera: el proyecto también exime a las empresas de la obligación de ingresar y liquidar en el mercado de cambios las divisas que reciban por aportes de capital, financiamientos internacionales o préstamos de cualquier naturaleza.
De esta manera, pueden dejar legalmente esos dólares en el exterior para pagar de forma directa a sus proveedores globales. Además, se les garantiza el acceso irrestricto al mercado cambiario para girar utilidades y dividendos sin requerir autorización previa del Banco Central.
