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PROYECTO LITIO

Juntos por el litio

Mientras llueven proyectos de capitales extranjeros para invertir, gobernadores del NOA y la Nación intentan proteger el recurso estrella del momento. Los números.

En Argentina existe una certeza invencible: los capitales extranjeros ya vinieron por el litio. Y un debate: qué hacer con uno de los recursos naturales más codiciados por el mundo, que tiene en el NOA una de las mayores reservas del planeta. Esta realidad y la necesidad de no dejar pasar una oportunidad única motivaron un consenso trabajoso entre los gobernadores de Jujuy, Salta y Catamarca y el Gobierno nacional.

El litio es un metal único en sus características para fabricar las baterías que almacenan la energía (eléctrica, solar, eólica, etc.) y que se usan en todo tipo de aparatos electrónicos, desde celulares a laptops, desde monopatines hasta autos. Hoy, pero no para siempre, es fundamental para la transición hacia energías más limpias y la descarbonización del planeta. A esa ola intenta subirse Argentina, que vende carbonato o cloruro de litio (materia prima) y compra baterías de iones de litio asiáticas.

Los gobernadores del litio son los tres que tienen el recurso en sus territorios: el de Salta, el massista Gustavo Sáenz; el de Jujuy, el radical de Juntos por el Cambio Gerardo Morales, y el de Catamarca, el peronista del Frente de Todos Raúl Jalil.

Los estados provinciales son dueños de los recursos mineros, según lo define el artículo 124 de la Constitución Nacional, que establece que “corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”. Esa manda constitucional configura una gobernanza “atomizada” de los recursos y supone una debilidad estratégica para el país.

La "Región Minera del Litio" se creó en octubre de 2021 y los gobernadores conformaron la Mesa de Litio. Este acuerdo entre provincias es fundamental para no competir por los proyectos mineros que se amontonan para radicarse en el país y, sobre todo, para compensar la “debilidad” que supone la negociación individual con las empresas mineras.

Luego, en conjunto, accedieron a trabajar en el Plan Integral de Desarrollo de la Cadena del Litio que propuso el Gobierno, que tiene tres objetivos: garantizar la industrialización local del recurso natural, generar nuevos puestos de trabajo en el país y desarrollar capacidades tecnológicas y productivas para agregar valor en toda la cadena, desde los salares hasta la electromovilidad.

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“Los gobernadores entienden del agregado de valor local, pero también saben que cada proyecto que se instale en sus provincia son dólares que ingresan, trabajo directo que genera la construcción inicial del proyecto y también las regalías”, explicaron fuentes de uno de los ministerios que intervienen en la confección de un Plan Integral.

En febrero, la Mesa del Litio, ampliada con actores como YPF e Y-Tec y coordinada por la secretaria de Asuntos Estratégicos, Mercedes Marcó del Pont, mantuvo la primera reunión del año y acordó hacerles dos planteos a las mineras que están explotando el metal en Jujuy y en Catamarca. Primero, que se instrumenten mecanismos para que las empresas asignen un porcentaje del carbonato de litio que producen para la industrialización y el agregado de valor en la Argentina. Segundo, le apuntaron al dinero: “Las provincias no están participando de las ganancias extraordinarias obtenidas por las empresas, a partir del crecimiento considerable del precio internacional, para lo que se está evaluando qué medidas adoptar”.

“Hemos planteado nuestra preocupación, toda vez que hay un aumento exorbitante en los precios del litio a nivel internacional que no se compadece con la renta que están recibiendo las provincias litíferas, tema sobre el que vamos a hablar con las empresas de Jujuy, Salta y Catamarca", expresó el gobernador Morales.

El litio no tiene precio internacional, como otros metales como el oro y el cobre. Eso hace que las empresas puedan “distorsionar a la baja” el precio de exportación y pagar menos regalías, que se calculan sobre esos valores. En 2022, la AFIP estableció un precio de referencia en los contratos de las dos empresas que están exportando a “efectos de detectar desvíos respecto de los valores usuales para esas mercaderías”. Ahora, los gobernadores van por más.

La urgencia de un plan

El Plan Integral tiene objetivos de mediano y largo plazo para un tema que es urgente, porque el tiempo es dinero: en los dos últimos años, el precio internacional de la tonelada de carbonato de litio aumentó de menos de 15 mil a 70 mil dólares y Argentina es el segundo país del mundo con ese recurso.

La transición energética disparó la demanda: la cantidad de litio que contiene una batería para un auto eléctrico es la misma con la que se construyen 17 mil baterías de teléfonos celulares. Así, las exportaciones de litio registraron, en 2022, un valor de casi 700 millones de dólares, un crecimiento del 234% respecto de 2021. Hoy, el litio representa el 18% de las exportaciones mineras totales y sigue creciendo también en relación a otros metales.

Según datos de Empleo Minero de enero, que difunde la Secretaría de Minería, la producción de litio, a septiembre 2022, generaba 2.418 puestos de trabajo (6,5% del total de la minería) y marcó un crecimiento del 56,6% en el año (874 nuevos puestos). La Cámara Minera informa más de 8 mil personas empleadas solo en el sector del litio.

Hay dos cuestiones que citan todos los informes sobre este material que hacen que el tema queme en las manos: el 95% del recurso que se utiliza en las baterías es reutilizable. A futuro, eso generará una fuente de sustitución de la extracción en salares y podría regular el precio a la baja. También es probable que se generen nuevas tecnologías que puedan reemplazar al litio. Esa amenaza de sustitución -por el hidrógeno verde o las baterías de sodio (más pesadas)- no aparece, por caso, con el cobre, que sigue siendo el conductor por excelencia de la naturaleza.

“Sólo en litio, la provincia de Jujuy va a exportar, en 2023, 3.000 millones de dólares; nuestra provincia va a igualar la exportación en minerales de la República Argentina", aseguró el gobernador jujeño.

Las inversiones actuales son de empresas mineras de Estados Unidos, China, Australia, Canadá, Francia y Japón, que ya extraen y exportan carbonato o cloruro de litio y presentaron proyectos para ampliar la exploración y explotación. El desafío es industrializar el norte del país y sustituir importaciones a partir del litio de sus propios salares.

La ley nacional de inversiones mineras establece un límite de 3% de regalías sobre el valor extraído (es el precio menor del producto ubicado todavía en los piletones). El Estado nacional les cobra Impuesto a las Ganancias e IVA y las provincias cobran Ingresos Brutos y regalías.

Los municipios cobran las tasas. Por ejemplo, en el cerro Olaroz, a 260 kilómetros de la capital jujeña y a 4.500 metros sobre el nivel del mar, está la comunidad Olaroz Chico, que recibe un canon de parte de la empresa Allkem (Sales de Jujuy). La comunidad provee de servicios a la empresa, catering, lavandería, logística y hospedaje. El gobierno de Jujuy asegura que las comunidades “están sentadas a la mesa de cada negociación”.

La redacción de un nuevo marco normativo para regular la extracción y la producción de carbonato de litio se debate en estos días e involucra a las provincias litíferas, el Estado Nacional, sindicatos, científicos, YPF y otros sectores productivos, entre ellos el automotriz. Todo un trabajo colectivo.

El contenido del Plan Integral está en disputa. Participan, además de los gobernadores de la región Minera del Litio, el ministro del Interior, Eduardo de Pedro; Marcó del Pont, las secretarias de Energía, Flavia Royón, y de Minería, Fernanda Ávila; el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Daniel Filmus, y el presidente de los directorios de Y-Tec y de YPF-Litio, Roberto Salvareza.

Entre los consultados hay sindicalistas como Abel Furlán (UOM) y Ricardo Pignanelli (SMATA). También tiene voz la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA) -las automotrices globales son clave en el futuro de la electromovilidad y la generación de trabajo-. Presidida por el titular de Ford Argentina, Martín Galdeano, obtuvo un compromiso muy relevante del Gobierno: va a perder estado parlamentario el actual proyecto de electromovilidad que redactó el exministro de Producción Matías Kulfas, que fue presentado por el presidente Alberto Fernández y que en su articulado establece la prohibición de comercialización de vehículos que funcionen con motor de combustión interna a partir de 2041, entre otros puntos.

El plazo tan cercano sensibilizó a muchas personas que sostienen que Argentina tiene enterrados combustibles fósiles para los próximos 150 años y que autoimponerse un límite de menos de 20 años, con un país que está endeudado en US$ 50.000 millones, era, por lo menos, demasiado audaz.

Filmus aseguró días atrás que, en su reunión con el canciller japonés, Yoshimasa Hayashi:, planteó que "Toyota haga las baterías acá". "Nos dijo que sí, que es posible. Toyota se comprometió a fabricar autos híbridos en la Argentina”.

Por su parte, el kirchnerista Instituto Patria también acerca iniciativas para engrosar el Plan: propone generar una ley de cupos para las empresas mineras y conminarlas a que vendan -a precio diferencial al de exportación- un porcentaje de lo que extraigan a disposición de proyectos de industrialización del litio en el país. El cupo podría variar entre el 5% y el 20%.

También se piensa en incentivar el agregado de procesamientos del carbonato de litio en el país mediante la aplicación de retenciones y regalías móviles. Si la empresa fabricara el material activo (fosfato de hierro y litio) que va en las celdas de las baterías denominadas LiFePO4, accedería a pagar menos retenciones que las que exportan carbonato de litio.

El objetivo final del documento que acercó el kirchnerismo indica que Argentina podría producir baterías para atender el desarrollo del mercado latinoamericano. Propone dos proyectos de ley: uno sobre electromovilidad y otro de promoción de inversiones y desarrollo de proveedores locales.

Massa juega

Con todos los gráficos del litio en alza, el ministro de Economía, Sergio Massa, eliminó el reintegro que se les pagaba a las empresas que exportan litio, óxido e hidróxido de litio, cloruro de litio y carbonato de litio. Era una compensación a las exportaciones que se les entregada desde 1998 pensada como “incentivo” cuando el litio no tenía el mercado y la demanda actuales. Así, las empresas dejarán de cobrar un plus del 2,5% al 5% del valor exportado. En 2021, el Gobierno le había comenzado a cobrar el 4,5% de retenciones a las exportaciones de litio.

Las mineras patalearon y acudieron a su manual de advertencias: ataque a la seguridad jurídica, cambio de las reglas de juego que espantan inversiones... La CAEM expresó que “quitar los reintegros modifica nuevamente las reglas de juego en el país e impacta directamente en la competitividad frente a otros países que pueden recibir la inversión minera, ya que incrementan la carga impositiva indirecta y eso daña la previsibilidad y el posicionamiento de la Argentina como nodo exportador”.

“Los reintegros son, entonces, un estímulo para una actividad productiva que se desarrolla en regiones alejadas de los principales centros de consumo y de abastecimiento. Esta situación, al ser irreversible, hace que sus suban costos de insumos, bienes de capital, infraestructura, transporte, energía y servicios”, sigue el comunicado de CAEM. Retroceder nunca; perder un peso, jamás.

El titular de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja, se sumó a las advertencias: “Que no se pase la hora del litio”. Lo hizo en referencia a la ley que envió el gobernador Ricardo Quintela, que se promulgó en La Rioja para declarar el litio recurso estratégico en esa provincia.

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