La titular de la entidad, Laura Passerini, avaló actualizar una norma vigente desde 1973. Propiedad intelectual, fiscalización y costos, las dudas principales.
La discusión sobre la nueva ley de semillas impulsada por el gobierno de Javier Milei y por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, volvió a instalarse en el centro de la agenda agropecuaria y económica de Córdoba y todo el país.
La iniciativa busca modificar un esquema regulatorio que lleva más de medio siglo vigente y que, según sus promotores, ya no responde a las necesidades de una agricultura atravesada por la biotecnología, la innovación genética y las exigencias del comercio global.
En ese debate, la Bolsa de Cereales de Córdoba fijó una posición que combina apoyo conceptual a la reforma con cautela respecto de su instrumentación.
La presidenta de la entidad, Laura Passerini, sostuvo que Argentina necesita adecuar su legislación para integrarse a las nuevas reglas internacionales, aunque advirtió que todavía persisten interrogantes sobre aspectos centrales de la futura norma.
“Consideramos que es necesaria la Ley de Semillas y avanzar en el sentido de mejorar y adecuar la legislación respecto a semillas de nuestro país”, afirmó. Sin embargo, aclaró que todavía existen “posiciones dispares” respecto de la forma en que deberá implementarse esa adecuación.
La discusión excede largamente una cuestión técnica: quién captura el valor de la innovación genética, cómo se financia el desarrollo tecnológico, cuánto debe pagar el productor por utilizar semillas mejoradas y qué nivel de protección deben tener los derechos de propiedad intelectual.
La ley vigente data de 1973, una época anterior a la revolución biotecnológica que transformó la producción agrícola mundial. Desde entonces, empresas desarrolladoras de genética vegetal, cámaras empresarias y distintos gobiernos intentaron sin éxito actualizar la normativa.
El principal punto de conflicto gira alrededor del llamado “uso propio”, es decir, la posibilidad de que un productor reserve parte de su cosecha para volver a sembrarla sin pagar nuevamente por la tecnología incorporada en la semilla.
Las compañías semilleras sostienen que el esquema actual desalienta la inversión y limita la llegada de nuevas tecnologías. Buena parte de los productores, en cambio, temen que una reforma termine generando mayores costos y una dependencia creciente respecto de los grandes desarrolladores de genética.
En Córdoba, la Bolsa de Cereales se ubicó en una posición intermedia. La entidad considera que el país necesita modernizar sus reglas y avanzar hacia estándares compatibles con las cadenas globales de comercio.
“Es necesario que Argentina adopte dentro de estas políticas de apertura las adecuaciones que requiere una cadena comercial global”, afirmó Passerini.
La dirigente vinculó incluso la discusión con experiencias traumáticas para el comercio exterior argentino. “Nosotros sabemos perfectamente lo que significa estar excluidos de algún mercado. El ejemplo de la carne es algo que no debería repetirse en nuestro país”, señaló.
Uno de los argumentos que utilizan los defensores de la reforma es que la falta de adecuación normativa podría terminar limitando el acceso a determinados mercados o dificultando la incorporación de nuevas tecnologías desarrolladas en el exterior.
El principal reparo planteado por la Bolsa no está relacionado con el objetivo de la reforma sino con su aplicación práctica. Laura Passerini enumeró dudas vinculadas con el sistema de regalías, los mecanismos de control y las distintas situaciones productivas que deberían contemplarse dentro de la futura legislación. “Todavía quedan algunas dudas respecto de cómo se va a efectuar el pago de las regalías”, explicó.
También mencionó interrogantes sobre la re-siembra, la segregación de materiales y los distintos usos productivos que podrían quedar alcanzados por las nuevas reglas.
La preocupación aparece en un momento en que el Gobierno nacional ya anticipó que avanzará en una mayor fiscalización del mercado de semillas mientras se discute la reforma legislativa. Según la dirigente, la intención oficial de profundizar los controles existe, aunque todavía no fue comunicada formalmente a las entidades técnicas.
Por su parte, la responsable del Departamento de Información Agronómica de la Bolsa de Cereales de Córdoba, Silvina Fiant, sostuvo que el cambio climático obliga a repensar las herramientas disponibles para producir.
“Si yo no tengo la capacidad de generar condiciones atractivas para desarrollar localmente semillas que se puedan adaptar a estas nuevas reglas del juego, difícilmente pueda mitigar las consecuencias de este cambio climático”, afirmó.
Desde esa perspectiva, la discusión deja de ser exclusivamente jurídica o comercial. Pasa a involucrar también la capacidad del sistema científico y tecnológico para desarrollar variedades capaces de enfrentar escenarios cada vez más complejos.
Fiant recordó que la evidencia científica muestra una creciente frecuencia de eventos extremos, desde sequías prolongadas hasta inundaciones. “Vamos a tener cada vez mayor cantidad de eventos extremos. Nuestra caja de herramientas se tiene que adaptar a esto”, señaló.
La Bolsa de Cereales reconoce que el Gobierno ya avanzó con el proyecto de adhesión a UPOV 91, el convenio internacional que fortalece los derechos de propiedad intelectual sobre las variedades vegetales y que constituye uno de los puntos más controvertidos de toda la discusión.
Passerini pidió que las definiciones técnicas tengan peso dentro de una negociación atravesada por intereses económicos, comerciales y políticos. “Las visiones técnicas y las visiones prácticas tienen que ser tomadas en cuenta en esta visión política”, sostuvo.
La frase sintetiza el posicionamiento de la entidad: la Bolsa de Cereales de Córdoba no discute la necesidad de modernizar la ley; tampoco rechaza la incorporación de mecanismos que incentiven la innovación. Lo que reclama es que la letra fina contemple las particularidades productivas argentinas y que la transición hacia un nuevo esquema no termine generando incertidumbre en los productores.
Mientras Javier Milei acelera los controles y prepara el terreno para la discusión legislativa, el debate de fondo sigue abierto. Si la nueva ley será una herramienta para impulsar la innovación y la competitividad o si terminará consolidando un mayor poder de las compañías dueñas de la genética agrícola.
