El litio es un recurso crítico para los países líderes de la electromovilidad, que despliegan políticas para asegurarse un aprovisionamiento seguro y estable. ¿Cómo puede la Argentina aprovechar esa tendencia? “Los encargados de tomar decisiones políticas no han sido capaces o no han tenido la voluntad de liderar la construcción de una visión estratégica que involucre a los actores relevantes para desarrollarla”, sentencia Martín Obaya, investigador del CONICET y director del Centro de Investigaciones para la Transformación de la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad de San Martín (CENIT-EEyN-UNSAM), donde investiga el desarrollo de la industria del litio en el marco de la transición energética y el impacto del mineral en Chile, Bolivia y Argentina, y las oportunidades para el desarrollo de la cadena de valor en el país.
-¿Argentina llegó tarde al boom de la demanda del litio? ¿Puede generar una defensa estratégica del recurso?
-No diría que llegó tarde, ya que hay una operación activada desde los años noventa. Tampoco diría que no tiene una estrategia respecto al litio: Argentina se ha orientado a atraer la mayor cantidad de inversión posible ofreciendo incentivos impositivos a las empresas privadas, mayormente extranjeras. Hasta el momento, esta estrategia ha sido exitosa en la entrega de concesiones, pero no en la generación de proyectos productivos. La última planta productora de carbonato de litio de Argentina entró en operaciones en 2015.
-¿Cuánto tiene que ver el marco normativo?
-El marco normativo argentino es mucho más liberal que los de Bolivia y Chile. Esto limita el tipo de instrumentos que el Estado nacional y las provincias pueden utilizar para definir e implementar una estrategia. Más allá de proyectos mayormente académicos, actualmente no se contemplan instrumentos de fomento de capacidades productivas y tecnológicas asociadas a la minería que sean de gran envergadura y cuenten con un financiamiento importante. Las decisiones estratégicas en este ámbito han quedao, en gran medida, a cargo de las empresas privadas. El marco normativo y el modo en que se ha implementado han permitido que muchas empresas privilegien una especulación casi de naturaleza inmobiliaria en los salares. Otro rasgo importante del caso argentino es que la Constitución determina que las provincias son las dueñas del recurso. Eso dificulta los intentos de coordinar una estrategia unificada y termina favoreciendo la fragmentación.
-¿Cómo debería aprovechar el país el boom del litio?
-Hay distintos puntos que son importantes. Algunos permitirían resultados en el corto plazo, mientras que otros requieren más tiempo. Por ejemplo, hay que mejorar la capacidad recaudatoria, es decir la posibilidad de que el Estado se apropie de una porción mayor de la renta económica de un recurso natural. Eso requiere controlar mejor los precios de transferencia. Hay empresas que se exportan a sus propias subsidiarias en el exterior y establecen precios muy bajos para pagar menos impuestos. Además, debemos construir un sistema impositivo más progresivo. Chile grava la actividad con tasas que crecen a medida que los precios del producto son más elevados, de modo que el Estado pueda capturar una porción mayor de la renta cuando el mercado experimenta un ciclo ascendente. Luego, a más largo plazo, hay que desarrollar distintos anillos de proveedores vinculados a la industria del litio: servicios de baja intensidad tecnológica y también de ingeniería. Y participación de empresas nacionales en el diseño, la construcción y la operación de las plantas.
-¿Es un camino atraer la inversión de una fábrica de baterías para industrializar rápidamente nuestro litio?
-En general, el tema se piensa desde el lado de la oferta: tenemos litio, entonces, tenemos que hacer baterías. Allí se inscribe, por ejemplo, el trabajo de Y-TEC con UniLib; un proyecto de aprendizaje tecnológico para generar capacidades que en algún momento nos permitan entrar en la industria. Se trata de un proyecto de aprendizaje, de nicho y baja escala. El proyecto no contempla la posibilidad de que una parte sustancial del litio se industrialice en el país. Para ello es necesario incorporar la dimensión de la demanda. Los países comienzan a fabricar baterías porque es una condición necesaria para desarrollar un mercado de electromovilidad regional. Es imposible pensar en el desarrollo de la cadena de valor de batería de litio sin pensar en un mercado regional que demande esas baterías. Por el volumen de las inversiones y las capacidades tecnológicas que se requieren, el desarrollo de proyectos vendrá principalmente de la mano de la inversión privada. El Estado tiene que generar las condiciones para que se “cree y desarrolle” el mercado.
-¿Cómo se analiza la gobernanza del litio en los tres países, Bolivia, Chile y Argentina?
-No creo que sea posible hacer una evaluación definitiva porque son procesos largos y, en algunos casos, han comenzado hace poco tiempo. En Bolivia, el gobierno se ha ido corriendo paulatinamente del proyecto inicial, que ubicaba al Estado Central en un papel mucho más importante. El Estado boliviano invirtió, desde 2010, cerca de 1.000 millones de dólares y aún no ha logrado producir compuestos de litio a escala industrial. Los convenios que firmó, primero con una empresa alemana -fue anulado- y, más recientemente, con un consorcio chino, muestran que el Estado está abierto a una mayor participación de actores externos para lograr explotar los salares. Desde el lado positivo, generó una infraestructura en una región atrasada del país y se desarrollaron capacidades específicas en temas técnicos, como la producción de cátodos y las baterías que el país no tenía. También se montó una planta de cloruro de potasio.
-¿Y Chile?
-El modelo chileno se redefinió a partir de la renegociación de los contratos realizada en 2016 y 2018. Así, mejoró la capacidad del Estado para capturar renta económica del recurso para el Tesoro y para financiar el desarrollo de las comunidades y proyectos de ciencia y tecnología. También tienen una cláusula que obliga a las empresas a vender a precio preferencial una cuota de hasta el 25% de su producción a aquellos proyectos que vayan a procesar el litio en el país. Hasta el momento, se hicieron dos licitaciones que no han tenido los resultados esperados. Ahora está abierta una tercera. Hay que ver cómo resulta.
-¿Dónde está Argentina?
-Argentina está por debajo de los objetivos marcados por su propia estrategia, orientada a la atracción de capitales para desarrollar la producción de compuesto de litio. La producción no avanzó desde 2015 y tampoco se ha avanzado demasiado en la cadena de valor. La expansión de la actividad minera tendría efectos inmediatos que no son despreciables para un país como la Argentina, que está en una situación económica delicada, y especialmente para las provincias. Sin embargo, no son de una escala enorme. A pesar del aumento de precio del litio, las exportaciones se encuentran por debajo del 1% de las exportaciones totales. Un proyecto en fase de construcción puede generar mil empleos, mientras que en fase de operación trabajan entre 300 y 400 personas. No creo que esto vaya a contribuir de manera definitiva al desarrollo, entendido como un proceso de cambio de la matriz productiva.
-¿Argentina debería declarar el litio recurso estratégico?
-La cuestión normativa es solo una parte del asunto. El punto de partida no debe ser una acción rupturista, como la nacionalización del recurso. No considero que sea una condición necesaria para desarrollar una estrategia que sea capaz, por ejemplo, de mejorar la articulación entre el sistema científico tecnológico y el mundo productivo, o un mejor relacionamiento con las comunidades.
-¿Hay riesgo de propiciar un negocio solo para las empresas?
-En el régimen actual, que sea un negocio para las empresas es una condición necesaria para que se desarrolle el sector. De lo contrario, no habría inversión. Lo que uno debería preguntarse es de qué manera el Estado puede mejorar su participación en la renta de un recurso natural como el litio y, además, de qué modo los procesos de creación de valor y conocimiento que se generan son apropiados por actores (privados y públicos) que operan en el territorio, se difunden en el tejido productivo y abren nuevas oportunidades de desarrollo, inclusive en otros sectores.
-Las mineras esgrimen el término “ventana de oportunidad”. Dicen “es ahora o pasa el tren”. ¿cuál es la verdad?
-Creo que se exagera el tema de la urgencia. Hay tecnologías alternativas en desarrollo, pero eso no significa que vayan a ingresar pronto al mercado. Tampoco, que vayan a desplazar inmediatamente a las baterías de litio. Sin embargo, no es improbable que en algún momento se desarrolle una tecnología para fabricar baterías que no necesiten litio y sean económicamente más viables. También es posible que convivan distintas tecnologías. Por eso, probablemente tengamos una alta demanda de litio por unas décadas. Los salares sudamericanos presentan ventajas económicas por los bajos costos relativos de explotación que tienen.
