REPRESORES & LADRONES

Lesa humanidad: cómo avanza el primer juicio oral por lavado de dinero robado durante la dictadura militar

Los hijos de un represor que actuó en el centro clandestino Automotores Orletti afrontan penas de hasta 10 años de cárcel por blanquear el botín de un secuestro.

Leonardo Miguel Save intentó que su prontuario criminal “salvara” a su familia: secuestró a un militante durante la última dictadura militar, le robó más de dos millones de dólares y con ese dinero, compró dos terrenos en un barrio a la vera de la laguna de Chascomús que sus hijos intentaron convertir en un complejo residencial exclusivo.

Ninguno de ellos logró su objetivo. Hombre de confianza del agente de la SIDE Aníbal Gordon e integrante de la patota de secuestradores y torturadores que comandó con epicentro en el centro clandestino Automotores Orletti, sede local del Plan Cóndor, Save padre falleció impune. Sus hijos afrontan penas de entre 3 y 10 años de prisión en un juicio que considera el “blanqueo” de aquel dinero robado como crimen de lesa humanidad. Se trata del primer debate oral y público que pone la lupa en los crímenes económicos y financieros de los represores.

Cómo avanza el juicio de lesa humanidad

Desde la segunda semana de febrero las tres hijas y el hijo de Save son los únicos acusados en el debate oral y público que inauguró el juez Roberto Falcone, único integrante, para este juicio, del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata. El proceso se basa en una causa que en 2013 presentó Norberto Liwski, titular del Comité para la Defensa de la Ética, la Salud y los Derechos Humanos (Codesedh), sobre hechos sucedidos durante la última dictadura en las parcelas 1164M y 1164X del barrio Parque Girado, un área residencial exclusiva de Chascomús: la posible existencia de una fosa clandestina construida durante la última dictadura militar y la utilización como centro clandestino de detención de las instalaciones allí construidas.

Al crecer el expediente, se sumó un delito más: la adquisición de esas tierras por parte de integrantes de la banda de Gordon “mediante algún medio extorsivo en el marco del terrorismo de Estado”.

De todo aquello, lo que se está juzgando por estos días es la parte económica: el origen de la plata con la que Save padre adquirió los terrenos y los vericuetos ilegales con los que él y sus hijos “blanquearon” ese dinero y lograron hacerse de las tierras. El represor murió en 2006, impune –está mencionado en el expediente que derivó en el juicio por los crímenes de Plan Cóndor–. María Eugenia Save, María Natalia Save, Marcelo Leonardo Save y Ana María Save, sus hijos, dijeron ante la Justicia desconocer el origen de los fondos con los que su padre había adquirido esos terrenos en donde ellos intentaron poner de pie el complejo inmobiliario Boating SRL, pero la Justicia no les creyó y ahora están sentados en el banquillo de los acusados.

Secuestrador y torturador de Orletti

Cuenta Ana María Save en una de sus declaraciones en el expediente judicial que dejó de ver a su padre en 1979, cuando apenas tenía dos años. “Se fue a trabajar cuidando un campo de cereales”, declaró. En realidad, el hombre integraba la patota de secuestradores y torturadores comandada por Gordon, un represor desde los años de la Triple A que se había rodeado de un grupo de agentes de la SIDE dispuestos a hacer los trabajos más sucios de la dictadura a cambio de los botines que se iban encontrando en el universo de cada víctima. Actuaban con Orletti, en el barrio porteño de Floresta, como base de operaciones.

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Créditos: Marcelo Nuñez

Créditos: Marcelo Nuñez

En septiembre de 1976, Save participó del secuestro de Alberto Cecilio Mechoso Méndez, un dirigente del uruguayo Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), que se escondía en Argentina desde 1972 de la dictadura en su país. A Mechoso Méndez lo capturó una patota combinada de represores argentinos y uruguayos. El dato de su paradero no era el único que la patota tenía: también sabía que el hombre tenía en su poder todo el dinero con el que los miembros del PVO se mantenían en la clandestinidad argentina. Lo llevaron a Orletti y lo torturaron hasta arrancarle el dato sobre el escondite de la plata. Fueron a su casa, en Lugano, la encontraron y se la llevaron: entre 2 y 8 millones de dólares.

Con la parte que le tocó de ese dinero, Save apuntó a su ciudad natal, más específicamente a unos terrenos que pertenecían a las familias Girado y Vanzato. Según la investigación judicial, la compra se realizó en octubre de 1976.

Durante los años siguientes, comenzaron obras de construcción en las dos parcelas. Algunos de los obreros que trabajaron por aquellos días en el campo contaron, en el juicio oral que se lleva a cabo en Mar del Plata, cómo un sábado de 1977 fueron secuestrados, torturados y amenazados de muerte sobre el pasto y trasladados luego a una comisaría local, donde fueron liberados el lunes. Según consignó un medio local, se presume que el episodio se debió a una interna entre Gordon y su patota y la dirección represiva de la Bonaerense, a cargo de Ramón Camps y compañía.

El blanqueo

Los hermanos Save están imputados por haber “adquirido, transferido, ocultado y administrado” las parcelas identificadas en el expediente, relató Juan Pablo Curi, fiscal federal de Dolores, durante la apertura del juicio oral. ¿Cómo es que llevaron a cabo estos delitos? A través de una serie de “actos irregulares” que fueron sucediendo a partir de 1999 y en los que participaron los cuatro acusados, “que tuvieron por finalidad la registración de los inmuebles”.

Aquellas operaciones sirvieron para “aparentar y disimular el origen ilícito del dinero” con el que el padre represor adquirió las tierras: inventaron fuentes de dinero, falsificaron documentos públicos e identidades, entre otras cosas. La escrituración culminó recién en 2008, dos años después de que Save falleciera. Sus hijos administran los terrenos hasta la actualidad.

Curi está acompañado por los auxiliares fiscales Eugenia Montero y Julio Darmandrail, integrantes de la Oficina de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad de Mar del Plata, en representación del Ministerio Público. Los asiste la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes de la Procuración General de la Nación y, durante la instrucción, contaron con la colaboración de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos.

Entre las querellas, y por primera vez en un juicio oral de lesa humanidad, interviene la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF). Por el momento y hasta que el debate culmine, no ofrecerán declaraciones.

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