Obtuvo dictamen con respaldo del PRO y partidos provinciales. Córdoba y la UP se oponen. Victoria parcial. Amplían la condonación a distribuidoras locales.
El Gobierno tuvo una victoria parcial en Diputados, en su intento por reducir el régimen de "zonas frías", para restringirlo a las provincias de la Patagonia. Consiguió aliados para dictaminar el proyecto, aunque aún debe juntar los votos para aprobarlo en el recinto.
El despacho tuvo la firma de aliados del PRO y de partidos provinciales de zonas cálidas, como Misiones. Se apartó el bloque Provincia Unidas, por lo que La Libertad Avanza necesita a todos sus aliados para aprobar el proyecto en su totalidad. Aliados de de Mendoza (UCR), San Juan, afectados por la reforma, firmaron en disidencia, al igual que el bloque de Tucumán.
La aprobación en general del proyecto estaría garantizada, pero un riesgo para el oficialismo es perder algunos artículos en la votación en particular. Podría ocurrir en caso de que algunos aliados quieran defender a sus regiones, como mendocinos, sanjuaninos y puntanos. En zona de sospecha está el PRO, que empezó a desmarcarse de Javier Milei con la reaparición de Mauricio Macri.
El proyecto retoma el beneficio de zona frías a las regiones que estaban beneficiadas hasta 2021, cuando a partir de un proyecto de Máximo Kirchner se amplió a otros municipios.
De esta manera, de sancionarse sólo habría una reducción de tarifas en las provincias Patagónicas: Chubut, Río Negro, La Pampa, Santa Cruz, Tierra del Fuego y regiones de Mendoza (Malargüe) y San Luis.
Además, el subsidio se reduciría respecto al actual. Continuaría siendo del 50%, pero acotado al valor del consumo del gas y no de la tarifa plena, que incluye distribución y transporte.
El Gobierno hizo algunos cambios al dictamen. Por caso, entre las zonas que pierden el beneficio, se sumaron conceptos por los cuales mantendrán un descuento del 30%. Además de contemplar a quienes tengan tres salarios mínimos, residan en viviendas sociales o sean veteranos de Malvinas, se suman a los hogares que tengan a una persona con Certificado de Discapacidad (CUD).
Se establece que la secretaría de Energía deberá evaluar necesidades de ayuda económica. Otro aspecto del proyecto es que condona deudas a las distribuidoras de energía con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA). El dictamen extiende el beneficio a las compañías provinciales y municipales, necesario para tener más votos.
“Las deudas fueron generadas por las tarifas congeladas. Con este plan, logramos evitar juicios al Estado por incumplimiento del contrato, que las empresas podrían hacer”, sostuvo la secretaria de energía María Carmen Tettamanti, invitada al plenario de comisiones que debatió el proyecto.
La funcionaria justificó, además, la medida de reducir el subsidio al costo del gas. “Es un beneficio pensado para quienes consumen mucha energía. No se puede reducir el costo fijo. Si no, alguien que tiene una casa en Villa La Angostura y no la usa, paga menos”, ejemplificó.
Tettamanti hizo una advertencia. Consideró que, con la legislación actual, el pago del subsidio absorbería el 11% de las tarifas. “Es imposible que avance algún proyecto de inversión con esta regulación. Y olvídense de Vaca Muerta”.
Juntar los votos en el recinto no será una tarea sencilla para el Gobierno. La aprobación en general estaría garantizada, por la presión de las distribuidoras -que tendrían la condonación de las deudas- y la extensión del beneficio a los biocombustibles, también incluida en el proyecto.
Pero en la votación en particular podrían caerse los artículos que restringen las zonas subsidiadas, o al menos está claro qué tendrán menos votos. “Con el proyecto del Gobierno, 670 mil usuarios de Córdoba se quedarían sin el subsidio al gas”, protestó el diputado Carlos Gutiérrez, representante de esa provincia.
La UCR mendocina (Lisandro Nieri y Pamela Verasay) votó en disidencia del artículo 4, que es el referido a las deudas con Cammesa. El gobernador, Alfredo Cornejo, anunció que se haría cargo de la diferencia tarifaria.
Los habituales aliados del Gobierno de San Juan, San Luis y Santa Cruz tienen el desafío de no chocar con el Gobierno y defender a sus usuarios.
El PRO será clave, por si se desmarcan algunos diputados de zonas afectadas. Otras provincias que se quedarían sin beneficios serían Santa Fe, Salta, San Juan, San Luis, Jujuy, La Rioja y varias ciudades de la provincia de Buenos Aires.
