Hubo 38 votos para seguir la sesión, a pesar de que el PJ quería regresar el debate a comisión. Manejo del fuego, apretado. Desalojos y expropiaciones, otros temas.
Patricia Bullrich logró reanudar la sesión para tratar el proyecto de inviolabilidad de propiedad privada con respaldo de aliados, que frenaron un pedido del PJ para retornar el debate a comisión. Fue el test que tuvo la jefa del bloque de La Libertad Avanza para garantizar la aprobación en general, aunque un capítulo pende de un hilo.
El pedido para terminar la sesión lo hizo José Mayans, jefe de Unión por la Patria. Hubo 31 votos a favor y 38 en contra, uno más que la mayoría necesaria para continuar, después del cuarto intermedio de la semana pasada. Avalaron terminar el debate un dúo que el Gobierno contaba como aliado: la salteña Flavia Royón y la tucumana Beatriz Ávila, que responden a sus gobernadores, Gustavo Sáenz y Osvaldo Jaldo. También votó a favor de posponer la discusión la dupla de Santa Cruz: José Carambia y Natalia Gadano. Tampoco ayudó Alejandra Vigo (Provincias Unidas).
El binomio austral se molestó por una denuncia de Joaquín Benegas Lynch, quien los trató de "tibios del medio" por obligar a retirar el capítulo sobre la ley de tierras. Carambia envió un mensaje a un grupo de WhatsApp que compartían con el oficialismo. "No nos llamen más", exigió. No estuvo presente el radical Flavio Fama. Otra novedad fue la ruptura del bloque de Misiones, a partir de la interna local. Por pedido de su gobernador, Hugo Passalaqua, Sonia Rojas Decut armó el monobloque "Movimiento por Misiones". Quedó con el sello original Carlos Arce, cercano a Carlos Rovira.
La Libertad Avanza consolidó una mayoría para sesionar con tranquilidad. Arce y Rojas Decut votaron a favor de seguir el debate, pero sin el trío de aliados que se fue, el gobierno está justo si pierde algunos votos.
Los aliados aseguran que el capítulo más complicado es el III, que modifica la ley de manejo del fuego. Con los cambios, se habilitarán las construcciones en zonas incendiadas, que están prohibidas por 30 años. Sólo se dejó a salvo a los bosques nativos, que tendrán 60 años de protección, aunque la última versión impide que las provincias amplíen las zonas protegidas.
Este último retoque generó una controversia. Tanto el oficialismo como los aliados creen que será aprobado, aunque los números serían más ajustados. "Tenemos los votos para todos los capítulos. No hay duda", dijo a una fuente de LLA a Letra P una fuente de La Libertad Avanza. La duda es cómo votarán los aliados patagónicos votarán este capítulo. Son los casos de Edith Ternezi (Chubut) y Julieta Corroza (Neuquén). Hay figuras de esa región que integran PRO y UCR, eje del acuerdo.
La votación para continuar con la sesión tuvo dos ausencias en UP que ayudan al Gobierno: Anabel Fernández Sagasti (a quien no le habilitaron la posibilidad de votar por Zoom) y la de la santiagueña María Esther Moreno. Un dato favorable para el Gobierno es que votaron para seguir la sesión dos radicales que se oponían a votar la ley de tierras: Maximiliano Abad y Daniel Kronebeguer. Confirmaron su presencia para la votación en general.
El resto del proyecto sería aprobado sin problemas. La iniciativa fue enviada hace cuatro meses y la dilación tuvo como único motivo la extinguida reforma a la ley de tierras. El tema principal es la flexibilización para los desalojos, que podrán llevarse a cabo en 10 días, con la obligación de una intervención tutelar en caso de encontrarse menores de edad, ancianos o personas con discapacidad, "para asegurar una alternativa habitacional transitoria, sin perjuicio de la continuidad del proceso".
Otro cambio es el endurecimiento de las condiciones para aplicar un desalojo. Se deberá pagar el precio a valor de mercado, con un lucro cesante, que no podrá exceder el 30% el año emergente. El proyecto culmina con la modernización del Registro de Propiedad.
