El oficialismo mantiene la decisión de dictaminar el martes, pero no llegará al recinto hasta fin de mes. Menem negocia con el PRO y la UCR.
La negociación del Presupuesto 2027 sigue lenta y con final incierto. El ministro de Economía, Toto Caputo, continúa sin responder a los pedidos de modificaciones realizados por los aliados. Martín Menem comenzó a negociar cambios con el PRO y la UCR. Sigue con la idea de dictaminar el martes y llevar el proyecto al recinto a fin de mes. Una opción era votar el 18 y se descartó por la falta de acuerdos.
El intercambio de borradores está lento y en la oposición dialoguista sospechan que Caputo prefiere que no haya sanción. En ese caso, Javier Milei podría prorrogar el presupuesto vigente y ajustar las partidas a gusto. "Si siguen sin dar respuestas, vamos a pensar que van por ese camino", sostuvo ante Letra P el jefe de un bloque aliado, al salir de una reunión realizada en el Salón de Honor de Diputados.
En ese encuentro se habló la mayor parte del tiempo del proyecto sobre Malvinas. Sobre el presupuesto no hubo promesas. "Estamos esperando las últimas contestaciones de Economía", fue la explicación de la mesa chica del bloque libertario, liderado por el jefe, Gabriel Bornoroni. Pero los principales aliados pudieron obtener algunos compromisos.
El PRO tuvo las primeras devoluciones. Menem le envió al jefe de bancada, Cristian Ritondo, una contraoferta a sus siete pedidos. El riojano le garantizó que habrá una prórroga de las leyes de autopartismo 27.263 y 27.686. También participó de las conversaciones la diputada Laura Rodríguez Machado, una de las principales negociadoras de La Libertad Avanza (LLA).
En el macrismo celebraron las gestiones. "Esto es beneficioso porque las empresas que fabrican autopartes en el país van a poder sumarse a los beneficios hasta 2032, con devolución más rápida del IVA, amortización acelerada en Ganancias y 0% de retenciones para exportar lo que producen. Una inversión automotriz se planifica a cinco u ocho años, y ninguna empresa arranca un proyecto con un régimen que vence a la mitad", celebró el partido amarillo en un comunicado.
El resto de los pedidos del PRO por ahora están en negociación en la Casa Rosada. Un reclamo compartido por todos los gobernadores es por el impuesto a los combustibles líquidos (ICL), que es el de mayor aumento en la recaudación en 2027. Una vez más, no se usará para los fines específicos que establece la ley, según reconoció el secretario de hacienda, Carlos Guberman.
Según la ley 23.966, el 28,58% de la recaudación debería invertirse en infraestructura vial, el 4,31% en obras hídricas. El resto de la recaudación tiene otros destinos, como aportes a las provincias, al Fonavi y a la ANSES. El PRO pidió que si no se invierte en esas áreas, la alícuota del ICL sea reducida. Además, reclaman al Gobierno informar las licitaciones para las carreteras. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, maneja el diálogo con los gobernadores por este tema.
En el PRO no tienen novedades. "Nos piden que seamos específicos con nuestros reclamos y no tienen dos kilómetros de ruta hechas en dos años", se indignó ante Letra P un diputado amarillo que participa de la negociación. Por su cuenta, el gobernador Rogelio Frigerio (Entre Ríos) gestiona la baja del IVA sobre los huevos.
El radicalismo pidió eliminar el artículo que borra la movilidad por inflación de la AUH, precisar las partidas para financiar las políticas sobre discapacidad y mejorar la ejecución y distribución del presupuesto de universidades. "Hay buena aceptación, pero todavía no nos confirmaron nada", señalaron a este medio fuentes de la bancada que preside Pamela Verasay. Los primeros intercambios fueron en la reunión de este jueves, en la que no hubo funcionarios de Economía. El resto de los bloques aliados por ahora no tuvo respuestas.
El resto de los bloques aliados no consiguió siquiera una devolución para definir si firman el dictamen con el Gobierno. El más decisivo en el recinto es Argentina Federal, que representa a Salta y Misiones, que desplegó una larga lista de reclamos.
Pidió el pago de deuda previsional ($ 300.000 millones), revisión y reasignación de obras viales, fondos para la ley de bosques, restitución de partidas para el desarrollo habitacional, reparación de los puentes internacionales de la provincia y la implementación de la Tarjeta Vecinal Fronteriza.
El lunes, el jefe de esta bancada, el exgobernador misionero Oscar Herrera Ahuad, se reunirá con el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, para planificar un método de presión. Podrían asistir otros gobernadores del norte. Todos quieren su parte en el Presupuesto. Y nadie les promete nada.
