Se dictaminó el proyecto con firmas de los bloques dialoguistas. Acotaron las penas por pedido de EE.UU. Monteoliva, al Consejo de Seguridad. El debate seguirá.
Santiago Caputo dio un primer paso en la Cámara de Diputados para aprobar el proyecto de ley sobre soberanía de Malvinas. Fue dictaminado con cambios para cumplir con los pedidos de Estados Unidos, que logró acotar las empresas penadas por operar en las Islas Malvinas.
La negociación continuará hasta que el debate llegue al recinto, porque los aliados de La Libertad Avanza aún tienen diferencias. La principal es sobre el artículo que penaliza la supuesta injerencia extranjera. Si bien se excluyó a los medios de comunicación, la redacción no convence a los dialoguistas.
El dictamen de LLA reunió 60 firmas en el plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto. Aportaron el PRO, la UCR y los partidos provinciales. Argentina Federal (Salta y Misiones) suscribió en disidencia. Se opuso al artículo sobre campañas electorales. Hubo cinco dictámenes, con tres propuestas distintas de Provincias Unidas.
El rechazo fue de la izquierda y Unión por la Patria. El peronismo cuestionó la supuesta presión de Estados Unidos para acotar las sanciones a las empresas que trabajen en las islas Malvinas. "Hubiéramos querido un acuerdo. Pero el capricho de un pendejo no lo permitió", protestó Germán Martínez, jefe de UP, en clara alusión al asesor presidencial.
El acuerdo final se cerró en la reunión de los jefes de bloque que hubo en el despacho de Martín Menem, quien, como anticipó Letra P, integrará el Consejo de Seguridad de manera no permanente, al igual que el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala.
Sí logró un lugar en el staff principal la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, cercana a Patricia Bullrich. El borrador que circuló el lunes no la incluía. Habrá una bicameral de control, con ocho miembros. Deberá ser informada ante eventuales ataques externos.
El Consejo tendría atribuciones para intervenir ante posibles ataques externos, será encabezado por Javier Milei y tendrá preeminencia de figuras cercanas a Caputo, como la secretaria legal y técnica, María Ibarzábal Murphy; y el titular de la SIDE, Cristian Auguadra. Lo completan el jefe de Gabinete, Diego Santilli, el canciller Pablo Quirno, y el ministro de Defensa, Carlos Presti.
El cambio principal que hizo Caputo para alcanzar un acuerdo fue acotar las sanciones a las compañías que operen en las Islas Malvinas, donde se desarrollan explotaciones hidrocarubríferas. Fue un pedido de Estados Unidos a través del subsecretario del Departamento de Estado, Christopher Landau.
Las modificaciones apuntan a sancionar únicamente a quienes participen activamente de los proyectos y no a quienes integren la cadena de valor.
Los castigos alcanzarán a quienes sean "indispensables para la actividad ilegal" y sólo cuando la empresa en cuestión conozca su destino. No serán castigadas las personas humanas con participación del 2% de capital social. Tampoco los fondos de inversión, "así como sus administradores, gestores o depositarios", ni los controlantes "directa o indirectamente de sociedades comerciales".
"Mantuvimos el régimen de sanciones a quienes exploten nuestros recursos sin autorización extranjera, pero introduciendo garantías para quienes desconocieran el destino ilícito de sus servicios y a las participaciones accionarias minoritarias", sostuvo el diputado libertario Damián Arabia.
Las penas se redujeron respecto al proyecto original. El mínimo penal para proveedores se bajó de cinco a dos años. La exploración de recursos no renovables se tipifica con prisión de 8 a 12 años.
La escala de 12 a 15 años quedaría reservada para los delitos vinculados con hidrocarburos. Las multas serán del equivalente a 4.000 a 500.000 barriles de petróleo, la suspensión o cancelación de las habilitaciones que el infractor tuviere vigentes ante las autoridades argentinas e inhabilitación de cinco a 20 años.
La definición de infraestructuras críticas también fue corregido. Es que el proyecto permite activar un operativo al Consejo de Seguridad si considera que fueron atacadas y el texto origina no era claro.
En el dictamen, se entienden como tales "a las estructuras físicas, redes, sistemas o partes de éstos, públicos o privados, indispensables para el adecuado funcionamiento de los servicios esenciales de la sociedad, la salud, la seguridad, la defensa, la economía y el funcionamiento efectivo del Estado, cuya destrucción o afectación, total o parcial, los impacte significativamente".
Además, las provincias seguirán con la responsabilidad de sostener los sistemas de telecomunicaciones al igual que los licenciatarios. "Ninguna disposición podrá interpretarse como habilitante de la regulación, el monitoreo, el acceso, la restricción o el bloqueo de los contenidos que se transmitan a través de dichas redes y sistemas", agrega un párrafo. Es una clara protección a las empresas de telecomunicaciones y a los gobiernos provinciales de posibles intervenciones del Consejo de Seguridad.
La discusión que no está saldada es al referida a las supuestas campañas de injerencia extranjera, con penas de 5 a 12 años. El proyecto penalizaba tareas de "desinformación", lo que causó una protesta de las entidades periodísticas. La versión final reduce la sanción a quienes "con conocimiento de que actúa por cuenta, orden o bajo financiamiento total o parcial de un Estado extranjero, organización o agente extranjero", realice o financie "una campaña de injerencia extranjera" o "actos de violencia o sabotaje dirigidos contra el Estado argentino o sus habitantes".
Se aclara que no están incluidos "la expresión pública y atribuida de opiniones por un Estado extranjero, el ejercicio de la actividad periodística y de la investigación académica, ni la representación de intereses realizada de forma abierta y conforme a la normativa aplicable". Aun así, en la oposición no convence el texto. Hay una protesta de ONG, que consideran que podrían ser restringidas y tuvo eco entre los aliados del Gobierno.
En la disidencia de Argentina Federal, se sostiene que este artículo podría usarse para objetar elecciones provinciales. Como es una reforma electoral, este capítulo requiere 129 votos para aprobarse. La Libertad Avanza todavía no reúne lo consenso y este fragmento podría caerse.
