Hay pedidos para sumar legisladores. Hay comisión el martes y La Libertad Avanza busca dictaminar. Precisiones y más intervención legislativa, otros cambios.
El Gobierno intentará dictaminar el martes próximo en Diputados el proyecto sobre soberanía de las Islas Malvinas. El plenario de comisiones está citado a las 16 y los referentes de La Libertad Avanza (LLA) negocian modificaciones con aliados. Una de las disputas más grandes es por la integración del Consejo de Seguridad Nacional.
Se trata de un organismo que se crea para la protección ante posibles ataques externos. Lo integra el Presidente, el jefe de Gabinete, el ministerio de Defensa, el de Economía, la Secretaría Legal y Técnica y la Secretaría de Inteligencia (SIDE). Un sector del oficialismo y de aliados pidieron sumar autoridades del Congreso, pero en la Casa Rosada no respondieron.
No hay intención del Gobierno de darle una silla a Victoria Villarruel y por eso se barajaron alternativas. Una fue que pudiera ocupar un lugar el presidente de la cámara baja, Martín Menem; y el otro sillón fuera por el senador electo de mayor rango, que es el presidente provisional. Ese cargo lo ocupa Bartolomé Abdala.
Otro reclamo de los aliados es sumar un lugar para el Ministerio de Seguridad. Su titular es Alejandra Monteoliva, cercana a la jefa del bloque LLA en el Senado, Patricia Bullrich.
La tensión legislativa es con Santiago Caputo, principal impulsor del proyecto. Con la integración del Consejo que se propone, el asesor tendría mucha influencia a través de Cristian Auguadra (SIDE), Toto Caputo (Economía) y María Ibarzábal Murphy (Legal y Técnica), quien estuvo a cargo de la redacción del proyecto y, por pedido de Menem, lo fue a defender a las comisiones.
El proyecto le asigna muchas atribuciones al Consejo de Seguridad ante supuestas injerencias externas y algunas denominaciones no conforman a la oposición. Por caso, se lo habilita a coordinar medidas para proteger las infraestructuras críticas del país, cuya definición es demasiado amplia. Ibarzábal Murphy no aportó precisiones cuando fue consultada.
En el último plenario, la diputada de Córdoba Alejandra Torres reclamó identificar con mayor exactitud las zonas a proteger de posibles ataques. Fuentes del oficialismo aseguraron a Letra P que la Casa Rosada envió un borrador con respuestas el martes, pero como el documento no llegó a tiempo, fue necesario suspender el plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto, que estaba citado para dictaminar a las 16. Fue citada para el próximo martes a la misma hora.
Dos noticias sobre el posicionamiento de Estados Unidos habían complicado la previa de la reunión. Una fue la preocupación de los empresarios de ese país por las sanciones que recibirán si intervienen en proyectos extractivos en las islas Malvinas. La queja impulsó una corrección en la que trabajaban en la Casa Rosada para darle más garantías a las compañías.
La otra novedad provino del pedido de Donald Trump para cerrar el Comité de Descolonización de la ONU, que es el que trata el conflicto por la soberanía del archipiélago. Los representantes diplomáticos se abstuvieron en esa votación, como parte de su alineamiento con Estados Unidos.
Para dictaminar, el Gobierno negocia correcciones con aliados. Unión por la Patria está fuera de la rosca y exige la presencia en la cámara del canciller Pablo Quirno. Durante su intervención en Diputados, la única promesa que hizo Ibarzábal Murphy fue la de crear una bicameral que permita controlar al Consejo de Seguridad. Eduardo Falcone, del MID, clave en el recinto para definir una mayoría, pidió sostener la obligación de pedir autorización al Congreso para definir el hundimiento de buques.
Según los borradores que circularon en los despachos de aliados, se acordó que habrá una comunicación a la bicameral 48 horas antes de la eventual ejecución. Para el caso de aeronaves militares o buques de guerra, se sostendrá la obligación constitucional de pedir autorización al Congreso.
Otro cambio que sería el de precisar la autoridad de aplicación, porque la redacción original le otorga discrecionalidad al Poder Ejecutivo. Lo anunció en la última reunión de comisión el diputado de LLA Damián Arabia.
La negociación del texto final está a cargo de la diputada de LLA Silvana Giudici, quien advirtió que revisará el artículo 111, que prevé penas de hasta 12 años de cárcel por supuesta "campañas coordinadas de desinformación masiva". Por ser un concepto ambiguo, las entidades periodísticas advirtieron que podría usarse para impedir la libertad de prensa. Se corregirá.
