Pequeñas empresas del centro del país denuncian ventajas para grandes aceiteras. Los ingenios azucareros, conformes por los cambios en el bioetanol.
Patricia Bullrich, su proyecto de ley de biocombustibles ataca a las pymes productoras de biodiésel.
Las pymes regionales que producen el 70% del biodiésel destinado al corte obligatorio con gasoil buscan frenar en las comisiones del Senado el proyecto de ley sobre biocombustibles impulsado por Patricia Bullrich. Aseguran que la iniciativa las condena a la quiebra y traslada el negocio a las grandes cerealeras y aceiteras radicadas en el litoral santafesino.
Se trata del debate que generó en el Congreso el planteo del Gobierno para reformar la Ley 27.640 —con vigencia hasta 2030— que regula el mercado de los combustibles de origen vegetal que conforman dos productos:
El jueves se reúnen por cuarta vez las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda del Senado y es clave el posicionamiento de quienes representan a provincias como Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba y San Luis.
En el tema bioetanol hay acuerdo absoluto; el proyecto oficial amplía la participación de ese producto en las naftas del 12% al 15%. Además delimita segmentos de proveedores, un 6% del cupo debe ser elaborado con aceite de caña de azúcar y el otro 6% debe ser provisto por aceite de maíz. El 3% restante queda libre.
Quienes representan a Tucumán, Salta y Jujuy defendieron que se garantice el 6% para el bioetanol producido a partir de la caña de los ingenios azucareros de sus provincias. Ese aceite tiene costos más altos de producción, por lo que resulta más caro que el bioetanol de maíz. Así se evita que las refinerías petroleras compren el más barato y estén obligadas a respetar a ambos sectores proveedores.
Esa redacción del proyecto está basada en la necesidad de preservar las economías regionales y el empleo de cada provincia.
El debate quedó trabado por la redacción del capítulo que regula el tema biodiésel. En ese punto se enfrentan la posición de las 25 plantas pyme que ahora producen cerca del 65% de ese combustible destinado a la mezcla obligatoria con el gasoil contra la situación de las grandes aceiteras del polo de Santa Fe.
Las aceiteras están integradas y son propiedad de las cerealeras globales. Actualmente están casi paradas, porque se les recortaron los volúmenes de exportación y, en compensación, buscan ingresar con su producto al mercado interno, al que ahora están vedados por la ley vigente.
Las inversiones pymes surgieron de la ley 26.093 de 2007, que buscó federalizar la producción de biodiesel y les reservó el mercado del abastecimiento del cupo obligatorio. Son empresas que compran el aceite y lo transforman en combustible de origen vegetal. Detrás de cada planta de biodiesel opera una cadena de extrusoras de soja que proveen el aceite crudo utilizado como insumo principal.
Para los biocombustibles, la normativa actual establece que el gasoil que venden las petroleras en sus estaciones de servicio debe tener un corte obligatorio del 7,5% de biodiesel, equivalente a un millón de toneladas por año, que debe ser abastecido exclusivamente por pequeñas y medianas empresas.
El proyecto gubernamental que impulsa Bullrich propone que las grandes cerealeras globales agrupadas en la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro Exportador de Cereales (CIARA-CEC) queden habilitadas para abastecer el mercado interno de biocombustibles.
Ese corte obligatorio lo compran las petroleras con refinería propia, como YPF, Pan American Energy (PAE), la refinería de Shell que quedó en manos del grupo suizo Mercuria Energy Group, en el que es socio José Luis Manzano, Trafigura y Refinería del Norte. Las petroleras apoyan el proyecto de Bullrich.
Un dato clave explica el interés de las grandes aceiteras. La iniciativa, de aprobarse, les permitirá acceder al mercado interno de biocombustibles: Argentina perdió gran parte de los mercados externos en los que exportaba combustibles de origen vegetal. Durante el primer gobierno de Donald Trump, Estados Unidos impuso aranceles antidumping que clausuraron un negocio de u$s 1200 millones y la Unión Europea también restringió las compras. Las grandes aceiteras quedaron con gran capacidad ociosa, practicamente con las plantas paradas.
En ese contexto, el Gobierno busca desregular el mercado. El proyecto de Bullrich pretende llevar el corte obligatorio de biodiésel en el gasoil al 10%, punto en que las pymes están de acuerdo. También propone que las petroleras realicen el procesamiento de aceite vegetal en sus refinerías, pero solo después de cumplir con la compra del cupo del 10%.
En diálogo con Letra P, Federico Martelli, director ejecutivo de la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb), aseguró que “el proyecto de Bullrich le asigna el total del cupo del 10% a las aceiteras, que se quedan con el negocio y condenan a la quiebra al entramado pyme de productoras de biodiesel".
"Solo deja un proceso de transición hasta 2030 en el que las pymes pueden abastecer un 5% del cupo y luego libre competencia con las aceiteras”, puntualizó.
Ese es el punto que trabó el debate en el Senado, a las pymes solo les otorga una participación decreciente año a año, que se agota por completo en 2031, luego se abre al libre comercio. Esa competencia, según sostienen pequeñas y medianas productoras, no tiene sentido porque las grandes aceiteras son las dueñas de la materia prima que utiliza el resto de la cadena.
Cepreb agrupa a las elaboradoras de biodiesel ubicadas en las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos y San Luis. Martelli dijo que “el proyecto de Bullrich hace una diferencia y protege al bioetanol de caña para cuidar empleos y a las economías regionales de Tucumán, Jujuy y Salta, pero descuida al biodiesel que fabrican las pymes de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, San Luis y La Pampa”.
Las pymes defienden 1500 empleos directos registrados, 8000 empleos indirectos en la cadena con salarios promedios de casi cuatro veces el costo del salario mínimo, vital y móvil.
El sector estima que para 2030 el corte obligatorio debería ubicarse en el 20%, eso implica un mercado en crecimiento en medio de la agenda de descarbonización de la economía mundial.
Argentina tiene una balanza comercial deficitaria en gasoil. Importa combustible para abastecer su demanda, porque la capacidad de refinación local opera al máximo de su capacidad. El biodiésel producido en el país reemplaza directamente ese gasoil importado.
