El jefe de Gobierno envió a la Legislatura un paquete de leyes para poner en funcionamiento el nuevo fuero. Código procesal y conciliación obligatoria.
La Ciudad de Buenos Aires dio otro paso para tener una Justicia Laboral propia. El jefe de Gobierno, Jorge Macri, envió a la Legislatura un paquete de proyectos para poner en funcionamiento el nuevo fuero laboral porteño. La iniciativa comenzó a tomar forma en 2024 y tomó impulso con el acuerdo de transferencia firmado entre la Nación y la Ciudad.
La iniciativa excede el debate sobre la autonomía porteña. Por primera vez, el Gobierno metropolitano avanzó sobre el diseño integral del sistema que deberá recibir las competencias laborales transferidas desde la órbita nacional. El paquete incluye modificaciones a la estructura judicial, un nuevo Código Procesal para la Justicia del Trabajo y la creación de un sistema de conciliación laboral obligatoria previo a la instancia judicial.
Hasta ahora, el avance concreto de la Ciudad se había limitado a la convocatoria para cubrir diez juzgados laborales de primera instancia, una sala de Cámara y cargos en el Ministerio Público, un primer paso que se encuentra en su etapa final. Ahora, la nueva propuesta modifica radicalmente esa escala.
El proyecto remitido por el Ejecutivo a la Legislatura porteña prevé una estructura integrada por 80 juzgados laborales de primera instancia y diez salas de Cámara, con 30 jueces de alzada. La iniciativa también incorpora competencias sobre conflictos individuales y colectivos del trabajo, asociaciones sindicales, riesgos del trabajo y recursos vinculados a las comisiones médicas.
La magnitud del esquema proyectado muestra que, pese a que el convenio de traspaso del fuero nacional aún no fue votado en la Legislatura, el gobierno porteño ya no trabaja sobre una estructura transitoria o experimental.
La propuesta define la estructura integral del futuro fuero laboral y anticipa la organización judicial que deberá absorber las competencias transferidas desde la Justicia Nacional del Trabajo.
Junto con la ampliación de la estructura judicial, el Ejecutivo envió una reforma integral del Código Procesal para la Justicia del Trabajo de la Ciudad.
La propuesta incorpora herramientas que apuntan a acelerar los procesos, entre ellas la digitalización de expedientes, audiencias virtuales, mayor oralidad y mecanismos de concentración probatoria. El objetivo declarado es construir un sistema más ágil que el vigente en la Justicia Nacional del Trabajo.
La iniciativa macrista también busca homogeneizar criterios procesales con otros fueros ya existentes en la órbita porteña, consolidando una estructura judicial propia para los conflictos laborales.
El tercer proyecto crea un Servicio de Conciliación Laboral Previa y Obligatoria de la Ciudad, un mecanismo similar al SECLO que funciona en la órbita nacional. Aún no está claro si ese servicio forma parte de las competencias que serán transferidas desde la Nación.
La propuesta establece una instancia obligatoria de conciliación antes de habilitar la vía judicial. Se trata de una herramienta que históricamente fue promovida como mecanismo para reducir la litigiosidad y acelerar acuerdos, aunque también suele generar debates entre sindicatos, especialistas laboralistas y sectores empresarios respecto de su impacto sobre el acceso a la Justicia.
La incorporación de este sistema confirma que la Ciudad no sólo busca recibir competencias transferidas, sino construir un modelo propio de administración de conflictos laborales.
La discusión sobre el fuero laboral siempre excedió la cuestión administrativa. Desde el inicio del debate, sindicatos, jueces, abogados laboralistas y distintos actores políticos interpretaron que detrás del traspaso también se pone en juego quién tendrá capacidad para moldear la futura jurisprudencia laboral.
Con los proyectos enviados a la Legislatura, Jorge Macri aceleró ese proceso. Ahora la Ciudad no discute únicamente la creación formal de un nuevo fuero, sino también las reglas, la estructura y los organismos que deberán intervenir en los conflictos laborales durante las próximas décadas.
La discusión excede la creación de nuevos tribunales. La conformación de juzgados, cámaras, fiscalías, defensorías y organismos propios también influirá sobre la interpretación del derecho laboral que predominará en la Ciudad en los próximos años.
Por eso, el paquete legislativo marca un punto de inflexión. Si hasta ahora la creación de la Justicia Laboral porteña era una posibilidad en construcción, la nueva ofensiva del Ejecutivo muestra que el Gobierno comenzó a diseñar el sistema que espera poner en funcionamiento una vez completado el proceso de transferencia.
