Toto Caputo envió a la cámara baja a un funcionario, quien dijo que no hubo lobby de Palantir. Costo tributario, el debate. Sesión el 24 en la cámara baja. El Senado, en julio.
La primera jornada de debate en Diputados sobre el proyecto de ampliación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, conocido como súper-RIGI, obligó al Gobierno a aclarar que los beneficios fiscales no están direccionados para Peter Thiel, el empresario tecnológico que se radicó en el país para definir inversiones.
“Palantir -la empresa de Thiel- no hizo ningún lobby. No tengo la más mínima idea, porque no me imagino que este régimen tenga impacto en el corto plazo”, aclaró Daniel González, secretario coordinador de Energía y Minería del Ministerio de Economía, encargado de defender la iniciativa en el plenario de la cámara baja. Asistió junto a Pablo Lavigne, secretario de Coordinación Productiva.
Intervinieron las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Industria y Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. El plan del Gobierno es dictaminar la semana próxima y que el proyecto sea aprobado el 24 de julio en la cámara baja, para que el Senado lo convierta en ley antes del receso invernal.
A diferencia del resto de las iniciativas que envió Milei, el súper-RIGI tiene respaldo de los aliados. En el plenario sólo recibió reparos de Unión por la Patria, la izquierda y Martín Lousteau (Provincias Unidas). Con el apoyo del resto de los bloques aliados, el Gobierno lograría tener mayoría propia.
El Súper RIGI funciona como una segunda etapa del plan de incentivos que fue incluido en la ley Bases y vence en julio. Se trata de beneficios fiscales, previsionales y cambiarios para desembolsos de más de 1000 millones de dólares. Las ventajas se contemplan durante cinco años.
Las inversiones deben ser nuevas o estar en fases experimentales y no hay restricciones de rubros, aunque se apunta mayormente a tecnologías y servicios de infraestructura digital, como inteligencia artificial y semiconductores. Son los sectores a los que Peter Thiel busca desarrollar en Argentina.
“Son proyectos industriales con impacto transformador en la estructura productiva nacional”, aclaró González durante la exposición. E insistió una y otra vez en que el sistema no apunta a una primarización de la economía, sino a transformar recursos naturales. “La fase de exploración de materia prima, ya fue”.
Los descuentos impositivos son por 30 años. Incluyen la reducción del impuesto a las Ganancias al 15%, la amortización acelerada de bienes muebles y la reducción del impuesto al cheque (débitos y créditos), que podría computarse a Ganancias.
Otras ventajas serán libre disposición de divisas (20% el primer año; 40% el segundo y 100% el tercero), posibilidad de arbitraje internacional en el extranjero y la posibilidad de una adhesión de las provincias que sume rebajas tributarias. Los gobernadores deberían comprometerse a bajar ingresos brutos (límite de 0.5%), eximir de sellos y garantizar que los municipios sólo cobren tasas por los servicios que prestan.
González destacó las ventajas de los incentivos incorporados en la ley Bases y prometió que la nueva versión será recargada. Enumeró que el viejo sistema permitió 39 proyectos, “cuando se esperaban seis u ocho. Va a terminar habiendo 50 o 60”, garantizó. “Las inversiones fueron por 138 mil millones, con 179 mil empleos, que implican en conjunto un potencial exportador de 41 mil millones de dólares por año. Se duplicarán las exportaciones argentinas”, anunció.
El funcionario consideró que hubiera sido un error extender el RIGI y no hacer un sistema nuevo, aunque no fue muy preciso respecto a esa urgencia. “El sistema tenía fecha de vencimiento y muchos empresarios apuraron su presentación. Fue exitoso moviendo recursos naturales e infraestructura. Ahora estamos pensando en el siguiente paso, que es la industrialización de recursos naturales”.
González sostuvo que "las inversiones en Vaca Muerta hoy son el 50% más alto que hace tres años y dentro de tres años volverán a ser un 50% o 100% más altas". Lo enfrentó el diputado neuquino Pablo Todero (UP), quien recordó que votó en la Legislatura el acuerdo secreto con Chevron para desarrollar el yacimiento, que “contemplaba riesgos”. Logró un contrapunto con González.
“Era un acuerdo por 1200 millones de dólares y se invirtieron 8000”, sostuvo el legislador. “No es cierto, eran 16 mil en total. Lo primero era experimental”, respondió Todero.
Lousteau aseguró que "muchas inversiones ya se habían anunciado antes del RIGI. Entonces uno no puede decir que no iba a venir ninguna de estas inversiones sin incentivos. Probablemente algunas se aceleraron y se expandieron", dijo el exministro de Economía. Recordó que, en otros países, como Australia, los planes de incentivos son por diez años.
González se trenzó al final de la comisión con Germán Martínez, jefe del bloque Unión por la Patria, quien destacó varias inconsistencias del proyecto. “No están claros los objetivos: se dijeron varias cosas que no están en el proyecto. Lo mismo que en los requisitos”.
El funcionario minimizó la queja. “Está copiado y pegado de la ley Bases, que aprobó este Congreso”, se defendió. El santafesino insistió en que deben precisarse los costos tributarios y recibió la misma respuesta. “No es que no hacemos números. Es una discusión sobre industrias que no existen en Argentina. Y eso no es contrafáctico. Es real", se defendió.
