La reciente designación de Rodrigo Sbarra como secretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Salud volvió a poner en escena a uno de los exfuncionarios más relevantes del área económica durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri.
La designación del secretario administrativo de Salud volvió a poner bajo la lupa antiguas denuncias por convenios millonarios y presuntas irregularidades.
La reciente designación de Rodrigo Sbarra como secretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Salud volvió a poner en escena a uno de los exfuncionarios más relevantes del área económica durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri.
Aunque fue absuelto en la causa iniciada por el hallazgo de un sobre con US$10.000 en un despacho que había ocupado, su regreso reactualiza otro expediente político: las denuncias por los millonarios convenios firmados entre el entonces Ministerio de Producción y Trabajo y el Centro de Desarrollo y Asistencia Tecnológica (CEDyAT).
Sbarra integró la conducción administrativa del ministerio durante las gestiones de Francisco Cabrera y Dante Sica, un período en el que esa cartera multiplicó los convenios con el CEDyAT, una asociación civil que recibió cientos de millones de pesos mediante acuerdos de cooperación y que luego fue denunciada por presuntas irregularidades en la ejecución de esos contratos.
El Centro de Desarrollo y Asistencia Tecnológica se presenta como una entidad dedicada a la asistencia técnica, la innovación y la modernización de organismos públicos. Durante años firmó convenios con ministerios, universidades y distintos organismos estatales para desarrollar proyectos de digitalización, capacitación y transformación tecnológica.
Una investigación de Letra P reconstruyó que el entonces Ministerio de Producción y Trabajo firmó en 2017 un convenio marco que permitió celebrar acuerdos específicos con el CEDyAT. Dos años después, el entonces secretario de Coordinación Administrativa, Sebastián Bideberripe, rubricó dos convenios por alrededor de $300 millones destinados a modernización de infraestructura y gestión digital.
Con posteriores ampliaciones presupuestarias, los desembolsos terminaron acercándose a los $500 millones, según la documentación oficial relevada por este medio. Parte de los informes utilizados para respaldar esos pagos consistían en relevamientos de escasa complejidad y, en algunos casos, reproducían información pública disponible en internet.
En 2020, el entonces diputado nacional Rodolfo Tailhade presentó una denuncia penal en la que sostuvo que dentro del Ministerio de Producción y Trabajo funcionaba una presunta estructura destinada a desviar fondos públicos mediante contrataciones irregulares.
La presentación identificó al CEDyAT como uno de los instrumentos utilizados para ejecutar ese esquema y mencionó, entre otros, al entonces jefe de Gabinete Ignacio Pérez Riba, al exsecretario Bideberripe y a Sbarra. Meses después, Tailhade amplió la denuncia con nueva documentación y sostuvo que el circuito investigado habría movilizado más de $1.000 millones.
Hasta el momento no se conocen resoluciones judiciales públicas que hayan resuelto de fondo esa investigación.
Lejos de desaparecer, el CEDyAT mantuvo actividad con distintos organismos públicos. Con Fabián Ruocco al frente, la entidad reforzó su perfil institucional alrededor de la innovación tecnológica y la transformación digital.
En 2024 impulsó el Instituto Argentino de Inteligencia Artificial (INARIA), una iniciativa orientada a promover proyectos de inteligencia artificial junto con universidades, entidades de vinculación tecnológica y organismos públicos. Ese reposicionamiento convivió con los antecedentes judiciales y administrativos derivados de los convenios firmados durante el macrismo.
Ese mismo año, Letra P reveló que, mientras el Ministerio de Capital Humano cuestionaba contrataciones vinculadas con el CEDyAT, distintos organismos del Estado seguían adjudicándole nuevos convenios.
La llegada de Sbarra al segundo cargo administrativo del Ministerio de Salud vuelve a colocar esos antecedentes en el centro de la discusión política.
La designación no modifica el estado de las denuncias judiciales, pero devuelve a un puesto estratégico del Gobierno a uno de los funcionarios que integró la conducción del área desde donde se firmaron los convenios más cuestionados con el CEDyAT. Seis años después de aquellas revelaciones, el caso vuelve a escena de la mano de uno de sus protagonistas políticos.