El diputado nacional por el Frente de Todos Rodolfo Tailhade denunció la existencia de una red de corrupción con epicentro en el ya extinto Ministerio de Producción y Trabajo durante las gestiones de Jorge Triaca y Dante Sica, a través de las cuáles se habrían generado millonarios retornos.
El movimiento implica directamente a Sebastián Bideberripe, exsecretario de Coordinación Administrativa del Ministerio de Producción, quien firmó varios de los convenios, y presuntamente socio de Rodrigo Sbarra, otro exfuncionario de Cambiemos que ocupaba una oficina con cámaras e ingreso con huella dactilar digitalizada, una especie de búnker, en el edificio donde hoy funciona el Ministerio de Desarrollo Productivo.
En ese lugar, tras el cambio de gobierno, fueron encontrados los diez mil dólares en efectivo que dispararon la investigación judicial en la que fue imputado Sbarra y ahora amenaza con salpicar a otros los exfuncionarios de primera línea de Cambiemos.
Según Tailhade, ambos funcionarios era "piezas clave" de una "estructura corrupta para desviar fondos públicos" que tenía como cerebro al exjefe de Gabinete de Sica, Ignacio Pérez Riba, y operaba con dos mecanismos simultáneos de captación de recursos. Uno era "el pago de facturas a proveedores privados, por bienes y servicios sobrefacturados o directamente inexistentes, que implicaban 'retornos' para la organización".
El segundo era "la contratación (por parte del Estado) de personas que no cumplían funciones y entregaban el 70% de lo facturado a la organización". Esta operación también se habría replicado durante la gestión de Francisco Cabrera en su paso por Producción.
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El Ministerio de Producción realizaba estas contrataciones, según la presentación judicial, a través de consultoras y organismo educativos que después le devolvían efectivo que era retirado por un "valijero" .
Ese rol lo habría ocupado Claudio Giménez, un ex empleado del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, que entre 2017 y 2017 dirigió Bideberripe, quien trasladaba el dinero hacia una oficina en el centro porteño donde se concentraban los recursos. La oficina recaudadora, ubicada a tras cuadras de Plaza de Mayo, pertenece a Desarrollos Digitales Globales S.A.S., una empresa que tenía como administrador titular a Lucas Giménez, hermano del supuesto valijero, que era propietaria del Mercedes Benz Clase V8,valuado en más de 100.000 dólares, que Sbarra utilizaba personalmente.
A través de estos testaferros, Sbarra creó al menos dos sociedades anónimas simplificadas: Desarrollos Digitales Globales S.A.S. y Depuración General Sustentable S.A.S. Ambas le facturaban $ 24 millones por mes al Ministerio de la Producción, según se me indicó a través de la Secretaría de Trabajo –con intervención de Bideberripe en la Coordinación Administrativa de esa cartera- en tres facturas de $ 8 millones, lo que totaliza $ 48 millones por mes.
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Además de Desarrollos Digitales, la denuncia pide investigar a una docena de empresas que habría actuado como fachada de las operaciones. En particular mencionan “Arquigreen”, cuyo socio sería Claudio Giménezy la esposa de Sabarra, Clarisa Camacci; y las sociedades anónimas simplificadas “Depuración General Sustentable SAS, “Productecno" SAS, “Panoptico SA”, “Bareguer SA”, “CM informática y la 43+1” y "Movil" S.G.R. que sería propiedad de Pérez Riba.
Las contrataciones de estas sociedad eran de lo más variadas. A modo de ejemplo, le facturó al Ministerio de Producción $ 103.000 por tres soportes de TV, cuyo valor de mercado ronda en el 10% de ese valor, asegura la denuncia del diputado camporista, mientras que Panóptico SA le vendió en 2008 el fondo de comercio a otra sociedad llamada Bareguer S.A., que posteriormente fue le facturó a la cartera que dirigía por entonces Sica, $ 2.700.000 en reparación de fibra óptica, $ 1.540.000 en insumos informáticos y $ 4.000.000 en pendrives.