La causa investiga el presunto desvío de $247 millones mediante un contrato directo en la obra social de la UATRE. Embargos por casi $1500 millones.
El juez federal Sebastián Casanello procesó a los exinterventores de la Obra Social de los Trabajadores Rurales y Estibadores de la República Argentina (Osprera) Virginia Montero y Marcelo Petroni por una contratación investigada por un presunto desvío de $247 millones. También quedaron procesados el empresario Sergio Aguirre, exsocio de Martín Menem en TR Nutrition SA, y María Casandra Mirabelli.
La resolución alcanzó a los exinterventores por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y administración fraudulenta. Aguirre y Mirabelli, socio y presidenta de Htech Innovation, respectivamente, fueron considerados partícipes necesarios de esos mismos delitos. El juez dispuso embargos por $1463 millones sobre cada uno de los cuatro acusados.
La investigación se concentra en la contratación directa de Htech Innovation, una firma constituida por Aguirre en abril de 2024. Según la causa, sus primeras dos facturas correspondieron a trabajos para Osprera y el contrato con la obra social le habría permitido obtener ganancias ilícitas por $247.836.858,63.
El fiscal federal Guillermo Marijuan sostuvo que Montero y Petroni habrían sido designados por recomendación de Aguirre, a quien atribuyó influencia sobre los interventores. Para la fiscalía, esa posición habría facilitado la contratación de una empresa recién constituida y sin la capacidad técnica y operativa necesaria.
Casanello consideró que existen elementos para sostener, en esta etapa del expediente, que Aguirre ocupó un lugar central como nexo entre el poder político y la conducción de Osprera. El empresario había sido socio comercial del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en TR Nutrition SA.
El fallo también reconstruyó una serie de reuniones. Aguirre acompañó a Montero a un encuentro con el titular de la Superintendencia de Servicios de Salud en junio de 2024. Días después, ambos concurrieron a la Casa Rosada para reunirse con Lule Menem, funcionario cercano a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
La resolución consignó además otras nueve visitas conjuntas de Montero y Aguirre a funcionarios. Para Casanello, esa secuencia constituye un elemento que permite sostener la hipótesis de que el empresario facilitó el ingreso de personas de su confianza a la administración de la obra social.
Tras la salida de Montero, la intervención quedó a cargo de Petroni. De acuerdo con el fallo, en el teléfono del abogado se encontraron comunicaciones en las que Aguirre le transmitía novedades sobre el trámite de su designación. En uno de esos intercambios, del 22 de noviembre de 2024, le escribió: “Hoy lo llamo a Lule”.
La investigación también detectó que Petroni identificaba a Aguirre como “enlace presidencial” dentro del grupo de WhatsApp “Rurales”, integrado por autoridades de Osprera, el empresario y Mirabelli. La Justicia incorporó esos mensajes como parte de los elementos analizados para reconstruir el vínculo entre los acusados.
Según la resolución, para contratar a Htech Innovation se habría invocado una situación de urgencia que permitió eludir los procedimientos habituales. La pesquisa sostiene que no se evaluaron precios de mercado y que existieron pagos por servicios correspondientes a períodos anteriores a la formalización del contrato.
La investigación judicial determinó que Htech Innovation obtuvo ganancias ilícitas por un total de $247.836.858,63 a partir del contrato con Osprera. El circuito de pagos se extendió durante ocho meses: el primer cheque fue presentado el 12 de noviembre de 2024 y el último, el 11 de julio de 2025.
Durante ese mismo período, los investigadores analizaron las cuentas bancarias de la empresa en el Banco Francés y detectaron que integrantes de Htech Innovation compraron dos vehículos de alta gama. Aguirre registró a su nombre un BMW dominio AG609ZS el 3 de junio de 2025, mientras que Zanetti adquirió un Mercedes-Benz dominio AC193HR el 3 de abril de ese año.
La firma había sido creada tres meses antes de modificar su estatuto para incorporar la actividad de consultoría, uno de los servicios que después prestaría a Osprera. El fallo señaló que la compañía carecía de oficinas propias, empleados registrados y activos físicos, y que ni siquiera contaba con una página web cuando fue contratada para brindar servicios informáticos.
Además de Osprera, la compañía tuvo como cliente a la Municipalidad de San Nicolás, a la que comenzó a facturar en enero de 2025. El contrato con la obra social quedó suspendido posteriormente y se ordenaron auditorías sobre las prestaciones y los desembolsos realizados.
Para Casanello, los recursos destinados a normalizar la cobertura de salud de los afiliados terminaron en contrataciones cuya necesidad, alcance y eficacia no quedaron justificadas. Con los procesamientos, la investigación judicial sobre el destino de los fondos y la intervención de la obra social continuará abierta.
