El intendente respondió a las denuncias contra su gestión y apuntó contra la oposición que impulsó su destitución. Siete votos en contra y cuatro a favor. Qué dijo.
El intendente de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti, defendió su gestión ante el Concejo Deliberante y zafó del juicio político que amenazaba su continuidad en el cargo. Durante su exposición, el jefe comunal defendió las decisiones tomadas por el Ejecutivo y, aunque reconoció errores en algunos aspectos, cuestionó el trasfondo de las acusaciones.
Durante cuatro horas, el jefe comunal aseguró que desde que asumió en el cargo viene "enfrentando los problemas" de la ciudad y respondió a los señalamiento presentados en la denuncia presentada por Valeria López Oronoz, que contó con el patrocinio del abogado Enrique Bartolomé. De los 11 concejales, siete votaron en contra del juicio político y apenas cuatro a favor.
El primer planteo estuvo vinculado al funcionamiento del sistema cloacal y a la presunta contaminación del lago Lácar. De acuerdo con la presentación, el municipio estaba al tanto de la saturación de las plantas de tratamiento a partir de informes técnicos y advertencias emitidas por la Cooperativa de Agua, pero no habría implementado acciones para resolver la situación. Saloniti respondió que la Cooperativa había aclarado el 19 de mayo que “nunca se diagnosticó un colapso general del sistema” y que, aunque existe infraestructura exigida, las plantas se encuentran en funcionamiento.
Ante las consultas sobre por qué no se respondieron los requerimientos de Parques Nacionales, sostuvo que el organismo actuó sin esperar la información que había brindado la Cooperativa. Para el intendente, son las autoridades de la entidad las que deben dar las explicaciones correspondientes.
También defendió la línea de trabajo de su administración en materia de saneamiento. Dijo que actualmente no existen problemas de gas ni de factibilidad eléctrica y reconoció que el saneamiento es “el punto más débil”, aunque destacó el acompañamiento de la provincia. “Plantear un escenario apocalíptico no nos ayuda como ciudad”, afirmó Saloniti, quien sostuvo que el municipio nunca dejó de acompañar a la Cooperativa de Agua.
Otro de los cuestionamientos es la deuda que el municipio mantiene con el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN). Según el texto, pese a que existe una contribución específica que los vecinos pagan para afrontar el consumo eléctrico de las dependencias municipales, el pasivo superó los $1.700 millones, situación que derivó en interrupciones del suministro en organismos públicos.
El intendente reconoció la existencia de la deuda y explicó que, cuando detectaron el desequilibrio, decidieron regularizarla y corregir las causas administrativas que podían seguir generándola. Según explicó, la deuda fue refinanciada para evitar afectar el funcionamiento cotidiano del municipio. Saloniti planteó, también, que se trata de una acumulación histórica y no de un problema generado exclusivamente durante los seis años que lleva su gestión. Señaló que el crecimiento de la ciudad implicó nuevas altas de suministros —como barrios, loteos, plazas, bombas, viviendas y servicios— que también incrementaron el consumo.
En este punto hizo una autocrítica. “Este ordenamiento integral debió hacerse antes”, reconoció, y sostuvo que una municipalidad con cientos de suministros necesita identificar quién utiliza cada medidor. En la misma línea, admitió que hubo un error en la Secretaría de Hacienda y aseguró que su objetivo es “dejar la deuda encaminada y los suministros identificados”.
Consultado sobre por qué la deuda no había sido informada al Concejo Deliberante cuando comenzó a incrementarse, respondió que el balance anual incorpora la deuda. Cuando le preguntaron por qué no figuraba reflejada en los estados contables, se comprometió a "chequearlo".
Saloniti también se defendió de la acusación por la presunta falta de control y presuntas irregularidades en el manejo de fondos destinados a la Comisión de Interpretación y Autocomposición Paritaria (CIAP). Justificó el funcionamiento de la comisión como un ámbito de diálogo, interpretación y negociación entre el municipio y las organizaciones gremiales. Y sostuvo que el problema constitucional aparecería únicamente si una decisión de la CIAP pretendiera reemplazar automáticamente una decisión administrativa que corresponde al Ejecutivo, algo que, afirmó, “nunca ocurrió” durante su gestión.
“La CIAP no gobierna la municipalidad”, remarcó como respuesta directa a quienes lo denunciaron. Según explicó, la comisión no reemplaza al intendente sino que busca alcanzar acuerdos. En ese marco, cuestionó que una discusión jurídica se transforme en una imputación personal por supuesta desobediencia y preguntó dónde estaría la supuesta detracción de competencias o la sustitución del intendente en sus atribuciones.
Saloniti también apuntó contra quienes, según su mirada, buscan instalar que el gremio municipal gobierna la ciudad. Dijo que determinados sectores de San Martín de los Andes han instalado “un odio a los empleados municipales y a todo lo que es público, a la política” y consideró que esa idea es utilizada como una forma de denostación.
Otro de los temas estuvo vinculado a las obras desarrolladas en el Cerro Chapelco, al sostener que avanzaron antes de que concluyera la evaluación de impacto ambiental y que posteriormente el propio municipio reconoció afectaciones mediante un decreto que dispuso tareas de remediación.
Sobre este aspecto, Saloniti sostuvo que en la acusación se mezclan actuaciones diferentes, con objetos y autoridades también diferentes. El intendente marcó una diferencia entre las obras vinculadas con la concesión otorgada por la provincia de Neuquén y las decisiones correspondientes a otros niveles del Estado.
“No es jurídicamente correcto tomar todos esos componentes, sumarlos como si fueran un solo expediente y luego imputar al intendente la totalidad de las decisiones que se adoptaron en distintos niveles del Estado”, sostuvo. Para Saloniti, que una decisión administrativa pueda ser discutida no significa que constituya mal desempeño. En esa línea, cuestionó que el juicio político pueda utilizarse para castigar retrospectivamente decisiones que alguien hubiera preferido que se tomaran de otra manera.
Los reclamos contra Saloniti también incluyen cuestionamientos al funcionamiento de la Contraloría Municipal y la participación ciudadana dentro del Plan de Ordenamiento Territorial. El intendente defendió el rol del Ejecutivo municipal para administrar y tomar las decisiones y enumeró las instancias en las que los organismos provinciales y órganos de control, se activaron para impulsar acciones de gestión.
En el oficialismo de San Martín de los Andes interpretan que la iniciativa que promueve el juicio político contra Saloniti forma parte de una disputa política más amplia y la vinculan con sectores de centroderecha que buscan instalar candidaturas para el año próximo.
Si bien la denuncia reúne puntos sobre problemas que atraviesa la gestión y que ya habían sido señalados públicamente por una oposición que se identifica principalmente con ideas libertarias y tiene una fuerte presencia en redes sociales, el entorno del intendente relaciona el enfrentamiento con la disputa por la concesión del cerro Chapelco y con los intereses de López Oronoz y Bartolomé en torno a distintos proyectos en la zona.
El conflicto se da además en una ciudad atravesada por el deterioro de la infraestructura vial y por un período excepcional de lluvias. Ese escenario incrementó el malestar de los vecinos y dejó al gobierno municipal en el centro de los cuestionamientos por su capacidad de respuesta. Ese contexto busco cimentar un pedido de juicio político que mantuvo en vilo a San Martín de los Andes durante el último mes. A partir de mañana, Saloniti comenzará a pensar en su sucesión buscando la continuidad de una gestión que, más allá de la pequeña victoria de este jueves, continuará jaqueada.
