La vice convocó a una sesión para eliminar la resolución que aumentó las dietas y tratar una iniciativa de Mayans que afecta los haberes de los tres poderes.
Victoria Villarruel
Molesta por los ataques en las redes sociales, Victoria Villarruel convocó para este jueves a sesión en el Senado para derogar la resolución que permitió el aumento en los sueldos de los integrantes de la cámara alta y debatir un proyecto de Unión por la Patria que busca regular los salarios de funcionarios de los tres poderes del Estado.
"Como presidente del Senado convoqué a sesión especial el jueves, a las 10, para que los senadores debatan sobre el aumento de sus sueldos. De frente y en forma pública. Nominalmente y exponiendo sus posiciones. Así terminamos con las sobreactuaciones que parasitan a la política argentina en todos los órdenes y que nos tienen angustiados a los argentinos", escribió Villarruel en su cuenta de X.
Aunque en su entorno prefieren no hablar de internas, la reacción de Villarruel llegó después un fuerte ataque de usuarios de las redes sociales cercanos a Javier Milei. Las críticas llegaron luego de que se conociera que quienes ocupan las 72 bancas en el Senado recibirán 9 millones de pesos de salario desde septiembre, por el enganche de las dietas con las paritaria legislativa.
Este lunes, el personal del Congreso consiguió un incremento del 6,5% que se trasladó directo a los bolsillos de representantes de la cámara alta. No así de Diputados. Como explicó Letra P, Villarruel trató de evitarlo: pisó la paritaria dos semanas y negoció sin éxito con los jefes de bloque desenganchar el aumento de las dietas, pero no lo consiguió. La última discusión la tuvo la semana pasada, durante la reunión de labor parlamentaria.
La convocatoria a sesión no escapa a los deseos de la vicepresidenta, quien este año hizo uso de la facultad para citar a reuniones cuando quiso.
Para el jueves desenfundó dos pedidos de sesión con proyectos sobre dietas. Uno deroga la resolución que aumentó las dietas en el Senado y las indexó a las paritarias gremiales, presentado por el jefe del PRO, Luis Juez.
La otra iniciativa fue presentada por el jefe de Unión por la Patria, José Mayans, y dispone un tope máximo a los haberes de las autoridades superiores de los tres poderes del Estado.
Villarruel se anticipó a una nota que preparaban los jefes de bancada para pedir que no se indexe a las dietas el aumento del 6,5% de este lunes. La vicepresidenta no lo iba a aceptar: considera que sólo es posible desestimar esa decisión en el recinto, porque fue allí donde se originó. De lo contrario, sentaría un precedente peligroso.
De aprobarse el proyecto de Juez, quedaría sin efecto la resolución que compone la dieta con el equivalente de 2.500 módulos, más un adicional de 1.000 por gastos de representación y 500 de adicional por desarraigo. Mientras esté vigente, al aumentar el valor de esos ítems que recibían los empleados, también mejorará el poder adquisitivo de quienes ocupan una banca.
Esta medida fue acordada por todos los bloques en abril como respuesta al congelamiento de las dietas, dispuesto en ambas cámaras por pedido de Milei, quien en ese momento tuvo la resistencia de Villarruel.
Fue en esos días, justamente, cuando el jefe del bloque de UP había presentado un proyecto para regular los salarios en los tres poderes del Estado, que se tratará el jueves.
Hace dos meses, Cristina Fernández de Kirchner hizo saber a través de sus emisarios en el Senado que estaba de acuerdo con dar ese debate. Villarruel decidió abrir ese debate ante la presión de los trolls de Milei, que la hostigan en las redes sociales desde el lunes. La relación entre ambos no tiene retorno después del conflicto bilateral con Francia, ocasionado por un tuit de la vicepresidenta.
El proyecto de Mayans establece un tope máximo a los salarios de todos los poderes del Estado y plantea que nadie puede ganar más que el presidente, que cobra 20 salarios mínimos. En la actualidad, el jefe de Estado percibe ingresos inferiores a los miembros de la Corte Suprema.
Además, la iniciativa del formoseño fija un tope de quince haberes mínimos para los ingresos de funcionarios del Poder Ejecutivo, de organismos como la AFIP y el Banco Central; magistrados y funcionarios del Poder Judicial, la Procuración y el Congreso.
La movilidad no sería por las paritarias estatales sino que se delegaría esa definición en un Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario mínimo, vital y móvil. Se permite que autoridades del Gabinete, del Congreso y de la Justicia participen de esos debates, sin derecho al voto.
De esta manera, el Consejo debería emitir un dictamen fijando las escalas salariales de cada autoridad del Estado y desliga a funcionarios o miembros del Congreso de tomar decisiones.
También se limitarían los haberes de los cargos de titulares de la Procurador General, integrantes del Consejo de la Magistratura, la Auditoría General, la Defensoría del Pueblo de la Nación y puestos diplomáticos de mayor rango.