La reforma constitucional todavía no termina de desplegar sus efectos y, en un nuevo capítulo, Unidos empezó a discutir reglas de juego clave para el año próximo: el nuevo código electoral que definirá cómo se votará en Santa Fe desde 2027.
El oficialismo no tendrá un proyecto único, pero apela al compromiso de llegar a una posición común en la votación. La estrategia de la reforma.
La reforma constitucional todavía no termina de desplegar sus efectos y, en un nuevo capítulo, Unidos empezó a discutir reglas de juego clave para el año próximo: el nuevo código electoral que definirá cómo se votará en Santa Fe desde 2027.
El debate, que ya comenzó puertas afuera de la Legislatura, buscará ordenar leyes, decretos y normativas de distintas épocas. Concretamente, deberá actualizar buena parte del andamiaje legal que regula partidos políticos, elecciones y organismos de control y determinará cómo se llega a los cargos electivos, y con qué herramientas podrán gobernar.
El oficialismo juntó a sus tribus este jueves en el Comité provincial de la UCR y definió que cada partido de la coalición podrá presentar su propio proyecto de reforma electoral, sean completos o parciales. La lógica fue la utilizada durante la Convención constituyente del año pasado: libertad para debatir hacia adentro, para luego llegar a la mesa de entrada de cada cámara con un proyecto propio, pero con el compromiso de lograr una posición común cuando sea el momento de votar.
Detrás de esa mecánica hay una certeza compartida. La reforma electoral ya no es solamente una obligación derivada de la nueva Constitución, sino la posibilidad de corregir dificultades políticas que atravesaron las últimas gestiones como, por ejemplo, gobernar con las mayorías parlamentarias en contra. En el oficialismo consideran que el sistema actual presenta asimetrías y vacíos que dificultan la previsibilidad institucional.
La discusión más sensible no pasa por las PASO -todos coinciden en sostener las elecciones intermedias-, sino por la gobernabilidad, tanto a nivel provincial como para los ejecutivos locales. Y es que la modificación constitucional eliminó la histórica mayoría automática de 28 diputados para la fuerza ganadora. A partir de ahora, todas las bancas se repartirán mediante un sistema proporcional.
Durante la discusión constitucional, la medida fue celebrada por ampliar la representación política, pero abrió una incógnita: cómo garantizar que los ejecutivos no choquen de frente con un freno parlamentario, un dilema al que podría enfrentarse Maximiliano Pullaro en caso de buscar y obtener su reelección. En esa línea, la respuesta que empieza a tomar forma dentro de Unidos es una modificación en el sistema de la Boleta Única de Papel (BUP).
La alternativa más avanzada propone unificar en una misma papeleta la fórmula para gobernador con la lista de diputados provinciales. A nivel local ocurriría algo similar entre intendentes y concejales. Los senadores departamentales quedarían por separado, su representación no es distrital y su figura tiene peso propio en cada territorio. Incorporarlos implicaría diluir parte de ese capital territorial en una lógica más provincializada de la elección.
La lógica detrás de esta estrategia es que, si el elector opta por una fórmula para la gobernación, tenderá a acompañar también la lista legislativa asociada. El objetivo es generar un efecto de arrastre que permita al Ejecutivo reunir más bancas y evitar situaciones como las que atravesaron Antonio Bonfatti, Miguel Lifschitz u Omar Perotti, que debieron gestionar con cámaras adversas durante buena parte de sus mandatos. La discusión se pondrá caliente cuando llegue al recinto. En el PJ sostienen que hay que continuar el esquema de cinco categorías y cinco boletas separadas, y advierten que el cambio implicaría otorgar una ventaja adicional a los oficialismos.
Otro capítulo que promete tensión es el de los pisos electorales. Hoy una fuerza necesita alcanzar el 3% del padrón para superar la elección general. Algunas propuestas plantean elevar ese umbral al 4% o incluso al 5%. Traducido a números, significaría exigir entre 115 mil y 145 mil votos para obtener una banca.
Los sectores mayoritarios argumentan que un piso más alto ayuda a ordenar la oferta electoral y evita la proliferación de listas sin representación significativa. Los espacios más pequeños observan otra cosa: una barrera de entrada que podría dificultar la supervivencia de expresiones emergentes y favorecer a las estructuras tradicionales.
La Constitución también obliga a redefinir quién controlará las elecciones. Aquí aparecen dos modelos. El radicalismo sostiene que la cuestión quedó prácticamente resuelta con la reciente creación del fuero contencioso-administrativo . La propuesta es que esos jueces intervengan en primera instancia y que la revisión quede en manos de la Corte Suprema provincial.
Otros sectores, entre ellos parte del peronismo y, dentro de Unidos, dirigentes del PDP y del partido GEN, impulsan la creación de una justicia electoral específica. El socialismo, mientras tanto, no descarta un sistema de transición, sobre todo porque ven difícil que se llegue con los tiempos a la implementación total del nuevo fuero.