Marcelo Román es investigado por la Justicia en una causa por presunta administración fraudulenta. Acusa a JSRN, el peronismo y los sindicatos.
Marcelo Román, el intendente de Allen suspendido de forma preventiva por el Concejo Deliberante de esa ciudad de Río Negro, rompió el silencio y confirmó que no abandonará el cargo mientras la situación no quede resuelta en la Justicia.“Fuimos elegidos por el pueblo y tenemos un mandato democrático”, afirmó.
Román calificó lo ocurrido como un “avasallamiento” y un intento de afectar su gestión. En la previa se había animado a hablar de un "golpe institucional" y acusó a concejales de Juntos Somos Río Negro y el peronismo.
En diálogo con Literal Radio, Román insistió, además, en que la ordenanza aprobada por seis concejales “carece de validez legal” y ratificó que presentó una denuncia penal contra los funcionarios que impulsaron la medida.
Uno de los principales ejes de su defensa estuvo centrado en el artículo 109 de la Carta Orgánica de Allen, utilizado por los concejales para fundamentar la suspensión. Según explicó, esa norma hace referencia al antiguo Código Procesal Penal de Río Negro y a la figura del "procesamiento", que dejó de existir con la reforma procesal vigente desde 2017. En ese sentido, sostuvo que esa instancia no puede equipararse con la actual formulación de cargos.
Román recordó además que hace un año un dictamen del entonces asesor legal del Concejo había sostenido esa misma interpretación. También afirmó que el artículo 109 alcanza a los funcionarios, pero no al intendente.
Durante la entrevista, sin embargo, los periodistas recordaron que la Carta Orgánica menciona expresamente a las "autoridades, funcionarios o empleados municipales". El jefe comunal rechazó esa interpretación y sostuvo que la remoción de cargos electivos está regulada específicamente por el artículo 98.
La suspensión fue aprobada pocos días después de que la Justicia formulara cargos contra Román en una investigación por presunto peculado y administración fraudulenta. La acusación sostiene que el intendente habría entregado un teléfono celular adquirido con fondos municipales al empresario Sebastián Ocampo, también imputado en la misma causa.
Consultado sobre el argumento del Concejo, que justificó la suspensión para resguardar las arcas municipales mientras avanza la investigación, Román respondió que ninguna autoridad judicial pidió restringir el ejercicio de sus funciones.
"Ni la jueza, ni la fiscal, ni la fiscal jefe pidieron una medida de ese tipo", afirmó, al tiempo que cuestionó el dictamen jurídico que respaldó la ordenanza. Sobre el expediente penal evitó brindar mayores precisiones y señaló que la estrategia de defensa quedará en manos de sus abogados.
El intendente también puso en duda la legalidad del procedimiento seguido por el Concejo Deliberante. Según explicó, el proyecto que derivó en su suspensión no formaba parte del temario original de la sesión extraordinaria y sostuvo que la ordenanza aún no puede producir efectos porque debe cumplir con los pasos previstos para cualquier norma municipal.
En ese sentido, indicó que la Carta Orgánica establece plazos para la promulgación, un eventual veto y la publicación de las ordenanzas, por lo que aseguró que continuará ejerciendo plenamente sus funciones hasta que ese procedimiento concluya y la Justicia resuelva las presentaciones realizadas.
Durante la entrevista también fue consultado por el impacto institucional del conflicto y por el pedido de revocatoria impulsado con unas 3.000 firmas. Román relativizó ese proceso al afirmar que muchas de esas adhesiones deberán revisarse y ratificó la continuidad de su gestión. "Seguimos gobernando como desde el primer día", concluyó.
La sesión por la que Román fue suspendido comenzó el miércoles pasado con el tratamiento del proyecto elaborado sobre la base del dictamen del asesor legal del Concejo Deliberante, Néstor Soler, quien consideró que correspondía aplicar el artículo 109 de la Carta Orgánica luego de la formulación de cargos dispuesta por la Justicia.
La normativa municipal establece que, cuando un funcionario es imputado en una causa penal y existe intervención del tribunal competente, el Concejo Deliberante debe resolver, previo dictamen jurídico, si corresponde disponer su suspensión preventiva. También determina que, si el funcionario resulta absuelto, recuperará automáticamente el cargo, mientras que una eventual condena firme derivará en su destitución.
En su análisis, Soler sostuvo que la medida "tiene como principal y única finalidad la preservación de las pruebas que aún restan producirse". El dictamen advertía que todavía quedan pendientes las declaraciones de diez empleados municipales y pericias contables solicitadas por la fiscalía y la querella, por lo que la permanencia del intendente podría afectar el normal desarrollo de la investigación.
El primer intendente libertario de Río Negro tiene origen radical, pero pasó de la UCR a al partido violeta asumiendo el cargo de vicepresidente en el partido que (todavía) preside Lorena Villaverde. Lejos de los inicios de su mandato, en los que comulgaba dentro del “gran acuerdo rionegrino” con el gobernador Alberto Weretilneck, Roman se posicionó en un rol ultracrítico a la gestión de Juntos Somos Río Negro.
Su llegada fue celebrada como un movimiento estratégico para el armado mileísta, pero los problemas aparecieron demasiado rápido.
Román tiene pasado en la Policía, ligado a la seguridad vial. Pasó 24 años al servicio de la fuerza, llegó a comisario y a los 40 años se retiró para fundar una academia de conducir. Ese fue el recorrido previo al salto político, en 2019.
El debut electoral lo encontró como candidato a la presidencia del Concejo Deliberante de Allen, escudando al entonces candidato de la Lista 3 Gustavo Ortiz. Así transcurrió cuatro años en una concejalía, hasta ser convocado para competir por la jefatura municipal.
