La oficina de prensa municipal remarcó que la denuncia es "absolutamente falsa". Los dos pedidos de sobreseimiento y la falta de "nuevas pruebas".
Fernando Espinoza
La jueza María Galletti procesó al intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, por abuso sexual simple y desobediencia. Además, impuso una orden de prohibición de acercamiento y contacto hacia la víctima, una joven que trabajaba como su secretaria privada. "Nunca sucedieron ninguno de los hechos denunciados bajo ningún concepto", se defendió el jefe comunal.
A través de un comunicado de la oficina de prensa municipal, el intendente remarcó que se trata de "una denuncia absolutamente falsa" y de "una mentira armada". En el texto pidió dejar "actuar a la Justicia" y recordó los dos pedidos de sobreseimiento que realizó la Fiscalía en 2022 y 2023.
"La primera ocasión fue en agosto de 2022, primer pedido de sobreseimiento de la Fiscalía, y la segunda en diciembre de 2023, segundo pedido de sobreseimiento de la Fiscalía, tras la incorporación de peritajes psicológicos a la denunciante", detalló la oficina de prensa y advirtió que "a pesar de que la denunciante no apeló en ninguno de los dos casos, el expediente se mantuvo abierto".
El municipio reclamó que se retome la causa "sin incorporación de nuevas pruebas ni nuevos testimonios". La jueza Galletti, además de la orden de prohibición de acercamiento y contacto, ordenó un embargo sobre los bienes personales del intendente hasta cubrir la suma de $1.500.000.
Según la denunciante, a mediados de 2021 Espinoza se auto invitó tres veces a cenar a su departamento con el argumento de conversar sobre cuestiones de trabajo. En el tercero de esos encuentros se produjo –de acuerdo con la denuncia- la situación de abuso sexual.
Para la jueza, el relato de la denunciante “además de no ofrecer reparos en orden a su credibilidad, cobran mayor relevancia no sólo a partir de la prueba recolectada sino también con el material que ella misma aportó y se encuentra incorporado digitalmente a la causa”.
Además, la magistrada valoró un informe elaborado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO) “del que se desprende concretamente que, a partir de la información brindada por las antenas telefónicas, el imputado estuvo en la zona del domicilio de la víctima en la franja horaria aproximada denunciada por ella”.