Este lunes arranca, en la Ciudad de Buenos Aires, el juicio contra el exgobernador y exsenador tucumano José Alperovich, acusado de abuso sexual y violación contra su sobrina segunda y excolaboradora. El proceso –iniciado en 2019- se tramita en el Tribunal Oral 29 a cargo del juez Juan María Ramos Padilla y se estima que dure entre tres y cuatro meses.
La denuncia fue el principio del fin de la carrera política del tres veces gobernador de Tucumán, quien intentó poner obstáculos a la causa, primero pidiendo que se tramitara en los tribunales de su provincia y luego, cuando esa posibilidad le fue negada, solicitando ser juzgado por un jurado popular, algo que también falló.
El exsenador estrena abogado. Hasta el 10 de diciembre, su defensor fue el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien cedió su lugar a su hermano Matías Cúneo Libarona.
Desde el comienzo de la investigación, Alperovich pidió licencia en la Cámara alta hasta que finalmente venció su mandato. En la actualidad, el exsenador dedica su tiempo a los negocios familiares relacionados con el rubro automotriz y la producción agropecuaria.
Las consecuencias no son sólo judiciales para una familia dedicada a la política y parte fundamental del poder tucumano. Sara, hija del ex gobernador y de Beatriz Rojkés –exdiputada, exsenadora y extitular del PJ tucumano-, tuvo que declinar una oferta del gobernador Osvaldo Jaldopara asumir como secretaria de la Mujer, Géneros y Diversidad de la provincia, luego de los cuestionamientos públicos de diversas organizaciones feministas.
Desde Ni Una Menos Tucumán sostuvieron que Sara Alperovich "siendo legisladora utilizó su cargo en más de una oportunidad para defender a su padre, José Jorge Alperovich, quien está a punto de llegar a juicio oral por abuso sexual tras ser denunciado por su sobrina segunda, afirmando que la denunciante miente y que se trata de una denuncia falsa para dañar la figura política de su padre". "Esto no hace más que reforzar la asimetría de poder que existe entre la víctima y Alperovich”, cerraba el comunicado.
La causa se inició en 2019, cuando la sobrina segunda y secretaria de Alperovich denunció al exsenador por 9 ataques sexuales entre 2017 y 2019, tanto en sus oficinas de Tucumán como en un departamento de Puerto Madero en la Ciudad de Buenos Aires.
Por esta razón, la causa comenzó a ser tramitada en ambos lugares hasta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tomó la decisión, en mayo de 2021, de que el proceso se concentrara en CABA. En el mismo sentido había dictaminado el Procurador General de la Nación interino Eduardo Casal.
En diciembre de 2020, la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 10 de CABA y la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM), a cargo del fiscal Santiago Vismara y de Mariela Labozzetta, respectivamente, habían solicitado que se citara a indagatoria a Alperovich por considerar que "lo denunciado se enmarcaba en un contexto de violencia sexual, intrafamiliar y acoso laboral por razones de género".
El abril de 2022, el exsenador nacional declaró en forma virtual ante el juez Osvaldo Rappa, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 35. Allí negó los hechos que se le imputaban y no respondió preguntas. Días más tarde, Rappa procesó a Alperovich porabuso sexual simple en tres oportunidades (dos de ellas, en grado de tentativa) y abuso sexual agravado en seis. En su fallo, el magistrado mencionó el “sometimiento sexual ultrajante” que el exsenador le infringió a su sobrina y destacó la asimetría absoluta entre ellos. Durante 2023, la defensa del exgobernador reclamó que fuera juzgado por un jurado popular, lo que fue rechazado por el juez de primera instancia, Rappa; por la Cámara del Crimen y luego por Ramos Padilla.
El fiscal a cargo del juicio que se inicia este lunes es Sandro Abraldes, quien sostendrá la acusación formulada en la etapa de instrucción por Vismara y Labozetta. Entre los 81 testigos previstos para el juicio se encuentra el exgobernador y actual senador Juan Manzur. Si es declarado culpable, Alperovich se enfrenta a una pena máxima de 15 años de prisión.