La Justicia de Misiones admitió la competencia para tramitar una cautelar presentada por productores yerbateros en defensa del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) al que el decretazo del presidente Javier Milei le recorta sus facultades principales.
La jueza del juzgado Civil y Comercial 8 Adriana Fiori otorgó una cautelar que suspende los efectos del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que desregula la actividad yerbatera atendiendo el argumento de la producción primaria: al disolverse el INYM, los productores pierden su obra social y la corresponsabilidad gremial, lo que afecta de lleno a los tareferos, el eslabón más débil de la cadena. Además, el instituto no podrá fijar el precio mínimo de la materia prima, una de las principales facultades derogadas, que deja a merced de las grandes empacadoras y distribuidoras a quienes desarrollan la producción en pequeña escala.
Según informó el sitio especializado Economis, el planteo fue realizado por ocho entidades productoras de yerba mate: APAM (Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones), UDAM (Unión de Agricultores de Misiones), ACPYN (Asociación Civil de Productores Yerbateros del Norte), Asociación Chimiray, Asociación de los Yerbatero del Alto Uruguay, Casa de la Familia Yerbatera, CAYA (Centro Agrario Yerbatero Argentino) y AAGyFSur (Asociación Civil Agrícola, Ganadera y Forestal de la Zona Sur).
En 24 horas, la jueza concedió el amparo y se inhibió para seguir actuando en la causa que fue elevada al fuero federal para seguir su trámite. El que recibirá el caso es José Luis Casals, quien vuelve a estar de turno.
La medida de las asociaciones se suma al amparo presentado por la provincia de Misiones, el cual está en etapa de apelación, luego de que el juez federal Alejandro Galladant se declarara incompetente para analizar la cautelar presentada por el gobierno que encabeza Hugo Passalacqua en contra de la desregulación del Instituto Nacional de la Yerba Mate.
La apelación ingresó el martes y fue admitida por el propio Gallandat. El gobierno norteño tiene cinco días para argumentar su posición de considerar que la cautelar debe definirse en la Justicia misionera y no ser elevada a la Corte. En última instancia, será la Cámara Federal de Apelaciones la que dirima el pleito.
Gallandat había fijado posición diciendo que es la Corte Suprema el fuero donde debía decidirse el reclamo de Misiones en contra de la desregulación yerbatera por involucrar directamente intereses de una provincia, litigios que están reservados al máximo tribunal.