En la causa Emergencia Climática II, quedó apuntado quien fue secretario de Economía de esa ciudad cuando el hoy aspirante del PJ era intendente.
En el marco de la causa conocida en Chubut como Emergencia Climática II, se realizaron múltiples allanamientos este miércoles en propiedades vinculadas a exfuncionarios de la gestión de Juan Pablo Luque, cuando el hoy candidato a diputado por el peronismo en la provincia se desempeñaba como intendente de Comodoro Rivadavia.
Así lo informó el fiscal Cristian Olazábal en una conferencia de prensa realizada en la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia. La investigación deriva de la causa Emergencia Climática, que se encuentra en manos del Superior Tribunal de Justicia provincial y ya registra condenas a raíz de las irregularidades detectadas en el manejo de fondos públicos destinados a obras urgentes tras el desastre natural que afectó a gran parte de la ciudad en 2017.
De acuerdo a fuentes judiciales, entre los domicilios allanados este miércoles se encontraría el del ex secretario de Economía municipal Germán Issa Pfister, hombre de confianza de Luque.
Durante la conferencia de prensa, el fiscal Olazábal detalló que se llevaron a cabo "medidas de comprobación directa, consistentes en allanamientos, requisas personales, registros vehiculares, con la finalidad de secuestrar elementos que son útiles a la investigación”. Según precisó, en los tres allanamientos se incautaron equipos informáticos.
El funcionario judicial evitó dar nombres, pero indicó que las personas investigadas “están "vinculadas en aquel entonces a funcionarios que integraban la municipalidad de Comodoro Rivadavia”. Además repasó el devenir de la primera causa. “Nosotros iniciamos el juicio el 9 de mayo de 2024. Lo culminamos el 29 de agosto de 2024. En cuatro meses transitaron 120 testigos por la oficina judicial, hasta que obtuvimos los pronunciamientos de primera instancia. Hubieron impugnaciones, llegamos a la Cámara en lo penal y el 4 de diciembre de 2024 tuvimos la confirmación de la sentencia”, detalló.
El fiscal recordó que a fines de diciembre de ese año los condenados recibieron arresto domiciliario y luego fueron liberados por revisión judicial: “Si aquel 30 de diciembre de 2024 yo no hubiera solicitado la libertad de estas personas, hoy hubieran descontado nueve meses de prisión”.
El ministro de Seguridad y Justicia de la provincia, Héctor Iturrioz, respaldó el accionar judicial y cuestionó la demora del Superior Tribunal de Justicia en resolver las apelaciones. “Era muy obvio que querían licuar la pena y les salió mal”, dijo y agregó: “No entiendo por qué tanta dilación. Insumió más tiempo en responder esta impugnación extraordinaria que el juicio, que fue muy complejo”.
La derivación política del accionar judicial llegó rápidamente. A través de las redes sociales, Luque calificó lo ocurrido como una “persecución política disfrazada de justicia” y aseguró que el allanamiento fue contra “el estudio contable de quien fuera secretario de Economía" durante su gestión, en referencia a Issa Pfister.
“Pretenden acusarlo nuevamente para abrir la causa Emergencia 2, con el único objetivo de mantener, mientras dure la campaña, un manto de duda sobre una vinculación que no existe”, denunció el dirigente.
No obstante, la nueva investigación vuelve a poner bajo la lupa de la Justicia al círculo más cercano del candidato kirchnerista en las elecciones legislativas de octubre. El desenlace judicial todavía es incierto, pero el impacto electoral ya está instalado: la sombra de la corrupción vuelve a proyectarse sobre la campaña de Luque en Chubut.
La investigación judicial se originó tras el temporal que en 2017 afectó a Comodoro Rivadavia y dejó miles de personas evacuadas y daños millonarios. En aquel momento, el municipio destinó fondos de emergencia para obras y asistencia que, según determinó la Justicia, fueron objeto de fraude.
En 2024, el Tribunal Oral condenó a exsecretarios municipales, entre ellos Abel Boyero y Rubén Palomeque, y a inspectores comunales por maniobras de falsificación de partes y cobros por trabajos no ejecutados. También recibieron penas cuatro empresarios que participaron en las contrataciones irregulares.
La sentencia fue apelada y actualmente se encuentra en revisión por el Superior Tribunal de Justicia de Chubut. En paralelo, la Procuración General remitió a la Fiscalía nuevos elementos detectados durante el juicio, lo que dio origen a la denominada “Emergencia Climática II”, investigación bajo la cual se realizaron los allanamientos de este miércoles en la Patagonia.
