Es tema de conversación en la mesa política que encabeza Karina Milei. Quejas de uniformados por problemas en la obra social. El salariazo fallido de Bullrich.
La mesa política que encabeza Karina Milei puso el foco en un tema que genera alarma en la Casa Rosada: el malestar creciente que hay en las filas de las fuerzas de seguridad por los bajísimos salarios y por el deterioro en la atención médica de la obra social.
La situación se puso bajo análisis en la reunión que se celebró el lunes 30 de marzo, mientras el Gobierno intentaba mitigar el escándalo protagonizado por Manuel Adorni. Por delante estaba la convocatoria a una protesta de familiares, retirados y efectivos de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, Policía Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal al edificio Centinela, que se realizó el jueves 2 de abril, bajo el lema “Todos juntos por un salario digno”.
El Gobierno buscó desactivarla con el otorgamiento de un bono de 40 mil pesos, no remunerativo y no bonificable, a percibir por única vez por efectivos en actividad, y sumas adicionales de hasta 300 mil pesos, según la jerarquía de cada agente, a través del decreto 216/2026. La convocatoria, finalmente, fue flaca, pero la preocupación en el oficialismo quedó activada.
Al ministro de Economía, Toto Caputo, no le quedó otra que abrir la billetera cuando funcionarios vinculados al área de Seguridad y con acceso a informes de inteligencia advirtieron que el descontento de las fuerzas federales no solo había motivado la convocatoria a la protesta, sino que abría la puerta a una “huelga de brazos caídos” de parte de los uniformados.
Un cabo de la Policía Federal fue encontrado muerto este lunes dentro de su auto estacionado en las inmediaciones de la estación de tren de Merlo. Tenía 44 años y se quitó la vida con su arma reglamentaria. Según testimonios de sus compañeros, había pedido autorización para trabajar como delivery en una aplicación porque “no llegaba a fin de mes”.
No fue un caso aislado. En los últimos meses, los medios de comunicación dieron cuenta de decenas de situaciones dramáticas que, como otros trabajadores estatales, también atraviesan los agentes de las fuerzas de seguridad, tanto federales como de diferentes provincias. Los títulos hablan de suicidios, participación de efectivos en hechos de inseguridad mientras hacen trabajos en plataformas de delivery para complementar sus magros salarios y pedidos desesperados por el corte de prestaciones de salud o de entrega de medicamentos.
El drama se refleja en grupos de Facebook que siguen los uniformados, como "Azules Siempre", una agrupación que brinda apoyo jurídico a efectivos de las fuerzas para enfrentar situaciones de violencia institucional interna, o "Gato Verde", donde abrevan comentarios de usuarios ligados a la Gendarmería Nacional. Todo se replica en cadenas de WhatsApp de efectivos y familiares que describen penurias económicas y situaciones de abandono.
En las últimas horas, la Gendarmería quedó en el foco de un nuevo escándalo por la muerte de dos gendarmes por hantavirus en Orán, provincia de Salta. En medio de la conmoción, familiares de efectivos organizaron una protesta frente a la sede del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) por la falta de atención médica y la grave situación sanitaria que atraviesa la ciudad por la circulación de enfermedades vectoriales y tropicales. Avanzarán con denuncias judiciales por “fraude, estafa y abandono de persona”.
Según publicó el diario El Tribuno, de Salta, las muertes de los gendarmes motivaron un pedido expreso de intervención por parte de la jefatura de Gendarmería al coronel Ariel Guzmán, administrador de IOSFA. “Resulta imperioso requerir la inmediata intervención de esa instancia, a efectos de arbitrar, con carácter prioritario, todos los medios necesarios para garantizar la efectiva prestación de los servicios de salud en la zona afectada, neutralizando de manera urgente cualquier restricción en la atención, a fin de resguardar la vida y la integridad del personal de la Fuerza y de sus afiliados”, dice la carta.
Ante la consulta de Letra P sobre cómo se abordará el problema, en el Ministerio de Seguridad, que conduce Alejandra Monteoliva, prefirieron no hacer comentarios.
A mediados de febrero, en medio de denuncias de vaciamiento, el gobierno nacional decidió disolver IOSFA, una obra social con 600 mil afiliados, integrantes de las Fuerzas Armadas, la Gendarmería y la Prefectura. En su reemplazo, Javier Milei creó dos nuevas entidades autárquicas, la Obra Social de las Fuerzas Armadas (Osfa) y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (Osffeseg). La Policía Federal, en tanto, mantuvo la obra social de la Superintendencia de Bienestar que tiene al Complejo Médico Churruca Visca como cabecera.
IOSFA tuvo superávit hasta diciembre de 2023. Sin embargo, una auditoría interna de las Fuerzas Armadas reveló un incremento exponencial del endeudamiento durante la gestión de Luis Petri al frente del Ministerio de Defensa. Según un documento publicado en febrero de este año por Ámbito Financiero, la deuda de la obra social pasó de 42 mil a 210 mil millones de pesos entre marzo de 2024 y junio de 2025.
Según denuncian los uniformados, la atención médica atraviesa un momento crítico para todas las fuerzas. “Las prestaciones en el interior del país están cortadas y no entregan medicamentos ni a los que tienen tratamientos crónicos, oncológicos o diabéticos. Tampoco hay atención psicológica. Y nadie quiere pedir asistencia, porque eso significa que te sacan el arma y no se pueden hacer adicionales. O sea que se reduce el salario”, dice Pablo Giles, representante de Fuerzas Unidas Argentinas, que escribe sobre la problemática en Tribuna de Periodistas.
Los cuadros de haberes publicados en el Boletín Oficial fijaron un salario bruto de 878.108,49 pesos para un agente de la Policía Federal y de 1.852.147,94 para un comisario, en noviembre de 2025. En el caso de la Gendarmería, el salario bruto de un gendarme se ubicaba en 783.112,06 pesos y el de un comandante, en 1.771.955,58 pesos, también a partir de noviembre. Para tener una referencia, en febrero de 2026, una familia tipo (cuatro integrantes) en Argentina necesitó $1.397.672 mensuales para superar la línea de pobreza.
Actualizado, un agente de la Policía Federal cobra cerca de 750 mil pesos de bolsillo, mientras que el salario de bolsillo de un sargento está en $1,2 millones. El módulo adicional de seis horas se cobra 28 mil pesos. Por eso, según explican integrantes de la fuerza, a los uniformados les conviene mucho más trabajar en aplicaciones como Uber o Rappi, que hacer adicionales en destinos como ferrocarriles, sucursales del Banco Nación, Ministerios o estar asignado a la custodia de funcionarios. En cualquier caso, deben trabajar cerca de 12 horas diarias para llegar a un salario digno.
Esa situación seguía de cerca Patricia Bullrich antes de salir del Ministerio de Seguridad para dejar en su lugar a Monteoliva. Según pudo saber Letra P, a fines del año pasado, la senadora intentó conseguir una mejora salarial para los uniformados, pero Milei se negó. La exministra había acordado con la cúpula de las fuerzas que pediría entre 12 y 15 por ciento de aumento a cobrar en cuotas hasta julio. Pero el Presidente se mantuvo firme en su decisión de no desenganchar los salarios de las fuerzas de seguridad del resto de los empleados públicos.
A fines de marzo, Milei compartió un gráfico que indicaba que los salarios de los trabajadores estatales fueron los que más cayeron desde que asumió. “La casta tiene miedo”, celebró. La categoría de trabajadores estatales incluye a agentes de seguridad, médicos, enfermeros y docentes. En las fuerzas dicen que los uniformados se sienten “traicionados” por el Gobierno que levanta la bandera de la seguridad, pero no retribuye con un salario digno a quienes portan un arma y arriesgan su vida en el ejercicio de su función.
La situación no es mucho mejor en las Fuerzas Armadas. Según un informe de la comisión de Defensa del Partido Justicialista, que dirige Agustín Rossi, durante el año 2025 se consolidó un desfasaje estructural entre la evolución del costo de vida, reflejado en la canasta básica total (CBT), y la dinámica de los haberes del personal de las Fuerzas Armadas. En términos reales, la CBT tuvo un aumento del 26,6% mientras que los haberes militares aumentaron en torno al 21% (sin incluir el incremento del 2% dispuesto en enero de 2026). En los grados de oficiales subalternos (capitán, teniente primero, teniente, subteniente), los haberes se ubicaron por debajo del valor de la CBT durante la mayor parte del año.
