Según distintos organismos internacionales, la inteligencia artificial se aplica a sistemas más o menos autónomos que procesan información para realizar predicciones, formular recomendaciones o tomar decisiones que afectan entornos reales o virtuales y que, de una u otra manera, tienen impacto en la sociedad. La voluntad tecnocrática del Estado para medir todo lo que pueda ser medido, actuar con “eficiencia” y controlar todo lo que pueda ser controlable está en el corazón de la IA que hoy utilizamos, de manera creciente.
Aunque la tecnología se quiera vender como objetiva y transparente, detrás de cada sistema hay decisiones políticas sobre qué problemas resolver, con qué datos y con qué propósitos. Que las consecuencias resulten en mayor igualdad y oportunidades dependen de la supervisión y el control que se ejerzan sobre las tecnologías y sobre sus proveedores. En un mundo cuyo principal problema es la desigualdad, hablar de tecnologías e incidir desde la política no es algo abstracto. Es trabajar para que no crezcan las desigualdades.
El Estado y las nuevas tecnologías
Cuando un Estado compra tecnologías necesitamos conocer con qué datos, con qué fines y sobre qué infraestructura corre. Nos dirán que es complejo. Que hay secretos corporativos. Pero esa explicación es vital para la democracia. Si las tecnologías se ocupan de inteligencia, vigilancia y guerra, la transparencia es aún más importante.
Desde hace décadas, los Estados hacen algo mal: primero compran tecnologías y después se preguntan por sus consecuencias. Eso tiene que cambiar. Debemos poner la pregunta política por delante: ¿Qué problema queremos resolver? ¿Existe tecnología que nos ayude a hacerlo mejor? Luego, decidir qué tecnología y, sobre todo, con qué condiciones, puede resolver el problema. A veces será comprar una ya existente. Otras, desarrollar una propia.
Una teología del miedo
Estamos en un momento donde cuestionar cualquier cosa sobre la IA va a contramano. La apuesta económica destinada al desarrollo de las infraestructuras de esta tecnología es extrema. El ciclo de inversiones iniciado en 2023 ya se convirtió en el mayor auge de gasto en infraestructura tecnológica de la historia, superando en velocidad a la fiebre ferroviaria británica del siglo XIX o la burbuja de las empresas puntocom de fines de la década de 1990. Nunca antes se había destinado tanto capital, en tan poco tiempo, a una tecnología cuyo impacto económico todavía está en desarrollo.
Peter Thiel es uno de los dueños de estas tecnologías, un hombre que lleva tres décadas en la vanguardia de los desarrollos tecnológicos y que comparte con el gobierno actual de la Argentina la ideología de la desregulación absoluta de los mercados. Con Elon Musk, fundó PayPal, un sistema de pagos que originado para evitar la intermediación bancaria. Fue uno de los primeros inversores de Facebook y de las campañas de Donald Trump y J.D. Vance.
En 2004 fundó Palantir, que desarrolla sistemas que integran enormes bases de datos para encontrar relaciones entre personas, construir perfiles, seguir movimientos y convertir esa información en decisiones. El negocio de Thiel es vender tecnologías dedicadas al monitoreo y la vigilancia de la población. Con dos objetivos: política interna y política exterior, es decir, guerra.
Inteligencia artificial y tecnología militar
Para Thiel, la inteligencia artificial es, ante todo, una tecnología militar. Que él vende a través de una teología del miedo. De un mundo estancado a causa de los defensores de ambientales o de los derechos humanos que mejorará a través de sus tecnologías.
Pero tiene una contradicción importante: Al mismo tiempo que rechaza al Estado que regula, controla y redistribuye, lo necesita para que contrate sus productos y comparte sus datos. Los principales clientes de Palantir son los Estados. En Estados Unidos, el Departamento de Defensa, la CIA, la NSA, el FBI y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el ICE. Empezó a trabajar con este organismo en 2011, durante la primera presidencia de Trump. En su segundo mandato, el ICE contrató a Palantir por 30 millones de dólares para desarrollar ImmigrationOS, un sistema operativo que identifica y detiene a migrantes a partir de registros fronterizos, datos biométricos, antecedentes policiales, etc. No es una base de datos pasiva: es una infraestructura que transforma información en acciones policiales, a veces letales.
También desarrolla tecnologías de guerra y las vende al mundo. En Ucrania, Palantir entró tres meses después de iniciada la invasión rusa y se convirtió no sólo en la tecnología que Zelensky utilizó para la guerra, sino que ya funciona el todo el Estado. En la Franja de Gaza, Palantir trabajó con la inteligencia militar israelí en el desarrollo de Lavender, un sistema que detecta “objetivos” y delega las decisiones de muerte a través de bombardeos masivos a poblaciones civiles.
¿Qué le interesa a Peter Thiel de la Argentina?
En primer lugar, los recursos naturales, la energía. Para que sus infraestructuras funcionen se necesitan grandes centros de datos, agua, electricidad, minerales, capacidad nuclear. Se calcula que de aquí a 2030 los centros de datos van a consumir el 5% de la energía global. La Argentina tiene redes de alta tensión, subestaciones, agua, energía. Pero sobre todo un gobierno dispuesto, por ejemplo, a través del RIGI, a que esas inversiones se realicen con exenciones impositivas y sin condición de contratación de mano de obra o cadenas de suministros locales. Un gobierno que le ofrece a grandes tecnológicas recursos baratos y reglas hechas a su medida.
En segundo lugar, le interesa vender sus productos al Estado. En especial, plataformas que integran datos públicos y privados para “anticipar” problemas y “orientar políticas sociales”. Esto puede llamarse Gemelo Digital o de otra forma, pero ciertamente no es lo que le venden a la población. Primero, porque los sistemas no se van a utilizar para predecir. La inteligencia artificial no puede predecir comportamientos futuros de la población; solo puede generar patrones a través de datos pasados. La voluntad de predecir es una de las falacias que más venden estas empresas. Segundo, porque con una inversión mínima en políticas sociales, el destino de estas tecnologías no será repartir recursos de manera más eficiente, sino el de monitorear y vigilar a organizaciones y activistas, para condicionar la protesta social. Con una salvedad importante: que el monitoreo y la vigilancia sin orden judicial y realizados de manera masiva están cuestionados internacionalmente por vulnerar el derecho a la privacidad y por restringir las libertades de expresión, asociación y protesta.
¿Qué tenemos que hacer?
La discusión no es si Peter Thiel puede entrar a la Argentina o vender sus productos acá. La pregunta es para qué fines, bajo qué reglas, bajo qué controles.
Primero, tenemos que defender una ley sólida de protección de datos personales. La ley 25.326 necesita actualizarse, pero el proyecto elaborado por el Ministerio de Desregulación debe retirarse o modificarse de manera integral. Necesitamos exactamente lo contrario para afrontar el mayor auge del gasto en infraestructura tecnológica de la historia: Consentimiento expreso, finalidad y minimización, protección de datos inferidos, límites a la biometría y revisión humana significativa, evaluaciones de impactos, autoridades de control independientes. Los datos de los argentinos no deben ser un activo del gobierno de turno ni una materia prima gratuita para privados. Una forma de limitar el poder de Thiel es tener una política robusta de datos personales.
El RIGI como condicionante del presente y el futuro
Segundo, derogar el RIGI y rechazar el súper RIGI. Son leyes que condicionan de manera determinante el presente y el futuro. Debemos hacer valer nuestros recursos naturales y energéticos, cobrar impuestos y exigir integración de nuestra cadena de suministro y recursos humanos en los desarrollos. En otras palabras, impedir convertirnos en un enclave del extractivismo extranjero.
Tercero, retomar un proyecto tecnológico propio, soberano. No significa que debamos construir todas las tecnologías ni aislarnos de un mundo profundamente interdependiente. Significa conservar la capacidad de decidir y planificar. Argentina ya lo hizo: Con proyectos como ARSAT, con la Red Federal de Fibra Óptica, con los satélites, con la tecnología nuclear, y en lo más corpuscular, con la formación de profesionales e investigadores. Tenemos que retomar ese camino.
No sabemos qué vino a hacer Peter Thiel, pero sabemos qué hace y qué vende. Esa información es suficiente para que este Congreso actúe, investigue y pida explicaciones. Proteger los datos y los recursos de los argentinos es una de las cosas más importantes que podemos hacer hoy por la democracia.
