Los gremios preparan una demanda contra Economía y responsabilizan a Salud por la falta de respuestas. Reclaman fondos para garantizar prestaciones.
Un grupo de 50 sindicatos encabezados por el titular de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), Luis Barrionuevo, anunció que iniciará acciones judiciales contra el Ministerio de Economía por la presunta retención de $ 688 mil millones destinados al sistema de obras sociales. Además, responsabilizó al ministro de Salud, Mario Lugones, por la crisis del sector.
La denuncia apunta contra el ministro de Economía, Toto Caputo, por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público. El reclamo cuenta con el respaldo del Sindicato de Comercio, que conduce Armando Cavalieri, y otras organizaciones gremiales que exigen la liberación inmediata de los recursos.
Según detallaron los dirigentes sindicales, la suma reclamada incluye $ 288 mil millones del Fondo Solidario de Redistribución, depositados a plazo fijo en el Banco Nación, y otros $ 400 mil millones colocados en Fondos FIMA, correspondientes a deudas por aportes de adherentes voluntarios.
Los representantes gremiales cuestionaron la falta de respuestas del titular de la cartera sanitaria, con quien mantuvieron tres reuniones sin alcanzar acuerdos. "Tuvimos tres reuniones con el ministro Lugones y no hubo ninguna propuesta concreta. Mientras tanto, las obras sociales se caen a pedazos y los trabajadores se quedan sin cobertura", señalaron tras un encuentro en la sede del SOMRA.
La protesta también cuenta con la participación de la UOM Capital, que conduce Roberto Bonetti, y otros sindicatos que advierten sobre las dificultades financieras que atraviesan las entidades encargadas de brindar cobertura médica a los trabajadores y sus familias.
De acuerdo con los datos expuestos por las organizaciones gremiales, el 90% del Fondo Solidario de Redistribución se destina actualmente a prestaciones vinculadas con discapacidad. Los dirigentes sostienen que esta situación deja sin financiamiento suficiente a tratamientos de alta complejidad y medicamentos que requieren las personas afiliadas.
En ese marco, los sindicatos exigieron que el Gobierno libere los recursos reclamados y actualice el nomenclador de medicamentos, que, según denunciaron, permanece congelado desde hace tres años. Los gremios consideran que ambas medidas resultan necesarias para evitar un mayor deterioro de las prestaciones médicas.
El conflicto por el financiamiento de las obras sociales también profundizó las diferencias sobre las medidas de fuerza que debe adoptar el sindicalismo. Barrionuevo rechazó la propuesta de un paro parcial y planteó la necesidad de impulsar una huelga general de 36 horas con movilización contra las políticas del gobierno de Javier Milei.
La iniciativa contrasta con las alternativas que analiza la Confederación General del Trabajo (CGT), en medio de las discusiones internas sobre la respuesta sindical a la situación económica y sanitaria. El sector que encabeza el dirigente gastronómico busca ampliar el reclamo y sumar organizaciones a la protesta.
"El responsable político de la salud de los argentinos es el ministro Lugones. Si no actúa ahora, el sistema colapsa", concluyeron los dirigentes sindicales, que responsabilizaron al titular de Salud por la falta de soluciones y exigieron una respuesta inmediata del Gobierno.
