CÓRDOBA (Corresponsalía) Un movimiento que la oposición adjudica a la coordinación entre la Justicia y el peronismo se metió de lleno en la disputa política cordobesa cuando este lunes la Policía Federal llevó adelante un procedimiento en la sede central del radicalismo mediterráneo en el marco de un proceso que investiga la participación de efectivos del Tercer Cuerpo de Ejército en los festejos por el Día del Trabajador que organizó el Frente Cívico el pasado 1 de mayo. La situación que empezó motorizando reacciones encontradas en el partido centenario obligó a la oposición a cerrar filas para evitar fricciones públicas con el juecismo.
La denuncia había sido presentada por el abogado Rafael Ortiz y recayó en el Juzgado Federal Número 2 de Córdoba, subrogado actualmente por Miguel Hugo Vaca Narvaja. En un comunicado, Juntos por el Cambio (JxC) acusó al fiscal Enrique Senestrari, sindicado junto a Vaca Narvaja como “pertenecientes a Justicia Legítima”, y al procurador del Tesoro, Carlos Zanini, a quien señala como “ligado” al letrado denunciante.
“Resulta sorprendente cómo desde el sector político que denuncia la existencia de un ‘Partido Judicial’ como herramienta para combatirlos a ellos, sean quienes en realidad incurren en actos de persecución política”, denuncia la fuerza opositora.
Las fotos de uniformados llegando a la Casa Radical ubicada en el centro de la ciudad de Córdoba empezaron a replicarse en medios, redes sociales y cadenas de WhatsApp. Por esa razón, el partido rápidamente aclaró que no se trató de un allanamiento, como había trascendido originalmente, sino que se “solicitó un informe sobre la realización del acto del día 1° de Mayo realizado en la Sociedad Belgrano”.
En la UCR denuncian una “intromisión del Gobierno en la Justicia” con el objetivo de intentar generar estrépito público y hacer aparecer al principal partido de oposición en igualdad de condiciones con el despilfarro municipal”, apuntando también al peronismo provincial. “Quieren que la sociedad nos observe de igual manera”, advirtió el legislador Dante Rossi, cuyo bloque llevará el miércoles una declaración de “repudio y desagrado” a la Legislatura. “Cualquiera que lea un diario sabe que eso lo organizó el Frente Cívico, no hay ningún argumento para venir a pedirnos explicaciones a nosotros”, advierte.
“El motivo de la medida judicial es absolutamente ridículo, pues es de público conocimiento que la actividad la realizaba el Partido Frente Cívico, y no la Unión Cívica Radical”, señalaron en el partido centenario, donde entienden que la situación embarra la cancha puertas adentro de la coalición opositora. Si bien la UCR se puso “a disposición”, hay una advertencia de delega las responsabilidades en sus socios políticos, la fuerza que efectivamente realizó el evento que hoy se investiga y a la que asistieron referentes de todo el arco opositor encolumnado en Juntos por el Cambio.
Aquella jornada del 1 de Mayo representó una demostración de fuerza por parte de Luis Juez, que reunió a una multitud en la Sociedad Belgrano para escucharlo. Desde el momento en que las denuncias empezaron a hacerse públicas, el Frente Cívico desligó al senador y virtual candidato a la gobernación de la organización y la logística del evento y advirtió que se trataba de una campaña que buscaba perjudicarlo.
“A lo requerido, se les informó que ese acto fue organizado por el Frente Cívico, donde asistieron distintos dirigentes de la UCR que fueron invitados, pero no la UCR como institución”, dice el comunicado del partido que, mientras denuncia un movimiento coordinado entre la Justicia Federal y el peronismo, lamenta “comerse un lío” por las acciones de uno de sus aliados principales en JxC.
Según pudo averiguar Letra P, hasta el momento la intervención policial que se vivió en la histórica Casa Radical no tuvo réplicas en ninguna de las otras fuerzas que integran JxC, es decir el PRO, la Coalición Cívica, Primero la Gente y el partido Liberal Republicano.
