Todos sabemos que la realidad no habla por sí sola, hay que hacerla hablar. Para eso construimos categorías, para aproximarnos a ella. Pero hay veces que las palabras que usamos para nombrar los problemas, lejos de acercarnos nos alejan cada vez más. Hablamos de categorías que envejecieron con sus autores, que ponen las cosas en lugares donde no se encuentra. Las policías no son siempre las mismas policías. En los últimos años han ido transformándose, como los barrios donde intervienen. Las palabras que suelen usarse para contar a las policías lejos de acercarnos, confunden.
Cuando decimos “la Bonaerense”, “la policía” tendemos a pensar a las policías como un bloque unidimensional. Esto no tiene nada de malo, sobre todo cuando se trata de organizar su cuerpo normativo, clasificar sus funciones y tareas en un manual de ciencias políticas. Pero una cosa es lo que dice la ley y otra muy distinta lo que sucede realmente. Los policías no viven a “la policía” de la misma manera, no le reclaman a la agencia donde trabajan y de la que forman parte las mismas finalidades. Están aquellos que experimentan las policías como una estrategia de pertenencia, una vocación, y otros que la viven como una estrategia de sobrevivencia, la oportunidad de tener un trabajo estable, con reconocimiento de antigüedad, vacaciones pagas, aguinaldo, asignaciones familiares y acceso al crédito del consumo. Atractivos que no hay que subestimar cuando estamos ante jóvenes que venían pendulando entre el trabajo precario, la desocupación y la ayuda social. Los policías son mucho más que policías, son actores que forman parte de distintos universos sociales, son policías, pero también padres o hijos, hermanos, miembros de una cooperadora, tienen un kiosco o estudian abogacía, son hinchas de futbol, votan a diferentes candidatos, etc. Digo, las trayectorias de sus integrantes son muy diferentes. Quien no comprende la acción plural de sus integrantes no comprenderá la complejidad que tienen las policías hoy día.
Se ha dicho que la policía es una corporación que actúa según sus propios intereses, una agencia separada y separable del resto de la sociedad. Su autonomía es la consecuencia del desgobierno de la política. La clase dirigente delega en las cúpulas policiales el gobierno de la seguridad. A cambio de tranquilidad, la policía puede enriquecerse. Un enriquecimiento que, por supuesto, contribuye a financiar el juego de la política electoral. La recaudación policial se organiza piramidalmente y cuenta con el amparo, la participación y el descontrol de muchos sectores de la familia judicial.
No digo que esto nunca haya sido así, pero hoy día esto está bastante lejos de lo que sucede, por lo menos en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe. Basta echar una ojeada y ver lo que pasa en muchos barrios de los conglomerados urbanos donde la violencia interpersonal altamente lesiva no deja de expandirse. Al parecer, las policías han perdido protagonismo para detener la violencia, regular las economías ilegales, la criminalidad predatoria y las transgresiones que orbitan alrededor de los delitos callejeros y los conflictos entre grupos de jóvenes. Hace rato que las policías licuaron la confianza que los vecinos depositaban en ellos. No solo ya no pueden agregarle previsibilidad a los mercados ilegales e informales que organizan gran parte de la reproducción social en muchos barrios, sino que tienen cada vez más dificultades para imponer a sus actores otras formas de resolver las eventuales contradicciones sin recurrir a la violencia (amenazas, balaceras, homicidios, desalojos forzados, etc.).
Prueba de ello, también, es la expansión de formas de violencia punitiva a través de las cuales los vecinos o grupos de vecinos intentan reponer umbrales de tolerancia en sus barrios a través de violencias ostentosas y emotivas. Estoy pensando en los linchamientos y tentativas de linchamientos, en los escraches, en las vindicaciones o casos de justicia por mano propia, en los destrozamientos o quemas intencionadas de vivienda con la posterior deportación de grupos familiares enteros de los barrios, en la lapidación de policías o incendios de patrulleros. Escenas que podemos ver en vivo y en directo todas las noches por Crónica TV. Si, encima, los operadores judiciales subestiman o no toman los problemas de los vecinos o tardan demasiado en hacerlo, y no se sienten cuidados por las policías, entonces van a empezar a encarar los problemas con sus propias manos.
Quiero decir, la clase política sabe que ya no se mide con ningún “leviatán azul”, sino con una institución desvencijada y desencajada, compuesta por grupos que se cortan solos y empiezan a recaudar para sí, al margen de sus cúpulas. Esto no deja de ser un problema, pero es un problema distinto. Ya no basta, siquiera, con extender un “cheque gris” a las policías para contener los territorios a través de la coerción o la mano dura. La coerción policial, está visto, tiene muchas dificultades para ordenar y detener a la violencia social. Al contrario, confunde y contribuye a escalar los conflictos hacia los extremos. Y, a medida que la pirámide recaudaroria se invierte, la política tiene dificultades para seguirle el pulso a las policías.
Con la aparición de la inseguridad como problema público, se modificaron el rol de las policías: ya no están para perseguir el delito sino, sobre todo, para prevenirlo. Con ello se duplicaron sus problemas y los de los intendentes también. Porque la prevención impuso un giro local para la gestión de la seguridad. En este contexto, la llamada Bonaerense se demuestra cada vez más ineficaz, tiene una estructura y modo de organización arcaicos, que no está a la altura de las nuevas expectativas sociales. Encima los policías saben que no tienen la bola de cristal para anticiparse al delito, pero tampoco cuentan con la confianza de los ciudadanos. No hay seguridad sin confianza: Hagan lo que hagan nunca va a alcanzar, por más que se dispongan más policías en las calles y se multipliquen los móviles en las cuadrículas. Tampoco podrá compensarse la desconfianza con las patrullas municipales, las lucecitas led, las camaritas de vigilancia o los botones antipánicos que puedan disponer y repartir los intendentes. Cuando campea la desconfianza general y la desarticulación institucional, en contextos sociales desiguales y fragmentados, donde la brecha social y espacial se duplica con la brecha seguritaria, la inseguridad se vuelve una fuente inextinguible.
Y, como si fuera poco, la gente se sabe cada vez más desprotegida por la clase dirigente que, a su vez, se muestra incapaz para construir consensos políticos con vistas a desarrollar políticas securitarias de largo aliento. No puede salir del bacheo electoral, es decir, sigue pivoteando con respuestas imitativas y cortoplacistas que, está visto, terminan agravando los conflictos y desilusionando a la gente con todo lo que eso implica: aumentan el resentimiento y activan pasiones punitivas que se vuelven el mejor caldo de cultivo para ser agitadas con bravatas políticas que duran lo que dura un titular en los diarios. Sobran los ejemplos: funcionarios o candidatos que le dicen a “la gente cansada” lo que esta quiere escuchar, que “hacen seguridad” corriendo detrás del último “focus group”, que “hacen gestión” a través de Twitter o mensajitos WhastApp.
Quiero decir, la pregunta por la inseguridad no es solamente una cuestión policial sino política, un problema de la política, que la política tiene que encarar con las policías, escuchando también a los policías, que son dueños de saberes y experiencias que ella no tiene. Cualquier reforma que se haga de espalda a los policías, hablando mal de los policías, sin tener en cuenta el punto de vista de los policías y reparando en sus condiciones laborales, como ha sucedido recientemente en alguna otra provincia, está destinada a fracasar. Está visto que la capacidad técnica no alcanza, pero tampoco es una garantía contar con “la lapicera”, si al mismo tiempo se dinamitan todos los consensos políticos. El autoritarismo no es patrimonio de la derecha. También los progresismos han desarrollado sus propias versiones cancheras, no exentas de patoterismo, con fórmulas y prácticas que están al margen del estado de derecho. Personajes excéntricos que pendulan entre la política, la función pública, y las redes sociales, repletos de anécdotas extrovertidas de dudosa procedencia, llenos de kioscos, adentro y fuera del país, que se la pasan poniendo huevos en diferentes canastas, vendiendo “enlatados” que, cuando fracasan, se victimizan y esconden en la academia o bajo la retórica del lawfare. Esta gente no colabora y, encima, desprestigia a la Universidad pública y a la política.
Es fácil pegarles a las policías y echarles la culpa, sobre todo cuando tenemos una visión policialista de la seguridad y la policía carga con un desprestigio de larga data. Pero gran parte de la inseguridad está vinculada a las inercias burocráticas del Estado, a la perezas y trastornos de muchos funcionarios o ex funcionarios y, principalmente, a la desconfianza política. Y para recomponer esas confianzas, no basta con la habitual pirotecnia verbal que pretende poner en caja a las cúpulas policiales y tampoco a la recurrente reforma policial (con capacitaciones, protocolos y controles externos), sobre todo cuando ésta no cuenta con un consenso político amplio que la impulse y respalde. No hay capacidad de conducir sin imaginación y sin consenso. Las dos cualidades que adolece gran parte de la dirigencia política hoy día.
