18|6|2022

La recuperación económica de las mujeres, agenda común con el Chile de Boric

05 de abril de 2022

05 de abril de 2022

Las ministras Gómez Alcorta y Orellana trabajaron durante la visita del presidente vecino. Autonomía, la prioridad. Aborto, violencias y paridad, temas comunes.

La ministra de la Mujer y Equidad de Género de Chile, Antonia Orellana, y la de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Argentina, Elizabeth Gómez Alcorta, tuvieron su propio programa de actividades, durante la visita al país del flamante presidente chileno Gabriel Boric. La agenda las mantuvo unidas durante casi todo el paso de la comitiva chilena por Buenos Aires. Frente al menú de opciones posibles que la anfitriona conversó con la visitante, la chilena eligió “territorio”, y esa iniciativa se transformó en una visita al Barrio Mugica, en donde se encontró con organizaciones y legisladoras y escuchó las voces feministas y lgbttiq+ de la villa. “Me llamó la atención la identificación de las personas con algunas políticas de Estado, algo que en Chile se siente muy ajeno, porque el Estado se ha alejado de la vida de las personas”, reflexionó Orellana durante una entrevista que brindó junto con Gómez Alcorta a Letra P y los diarios Página/12 y Clarín.

 

Al recorrido del lunes por la Villa 31 –guiado por Mónica Santino, directora técnica de La Nuestra, el equipo de fútbol feminista del barrio y que incluyó la visita a una cooperativa textil transvillera y a un comedor– se sumaron un almuerzo con las funcionarias nacionales Vilma Ibarra, Carla Vizzotti y Gabriela Cerruti y encuentros bilaterales donde se discutió una agenda común. Además, se firmó un acuerdo de cooperación y se llevó a cabo una reunión entre ambos gabinetes cuya foto habla por sí misma: del lado argentino, dos mujeres; del lado chileno, siete.

 

“Como decía Juan Gabriel, lo que se ve, no se pregunta”, bromeó Orellana. “Un dato de la realidad”, indicó Gómez Alcorta. Ambas coincidieron en que la imagen era lo suficientemente expresiva en sí misma y que no eran necesarias muchas explicaciones. Esa disparidad, de todos modos, fue el puntapié para conversar sobre las institucionalidades. La chilena, con un ministerio ya en funcionamiento pero que ahora es parte del comité político del Presidente. La argentina, con la creación del Gabinete de Transversalización de las Políticas de Género. El eje, fue, entonces, según Gómez Alcorta, "cómo hacer para llevar las políticas de género al gabinete entero”.

 

Disparidad de género. "Lo que se ve, no se pregunta", dijo Orellana.

El tema recurrente y de mayor preocupación en los diálogos bilaterales fue la reactivación económica asociada a la recuperación del empleo femenino. “Chile ya tenía una de las tasas más bajas de Latinoamérica. En particular, los primeros dos meses de pandemia fueron como un mazazo, se retrocedió el grueso del empleo femenino a los niveles de 2012 y, si bien se ha ido recuperando la actividad económica, no se han recuperado los empleos de las mujeres”, explicó Orellana.

 

“Le conté lo de Registradas", ejemplificó Gómez Alcorta. "Nosotros logramos ya en el cuarto trimestre de 2021 mejorar la situación de 2019 que era mala; recuperamos lo de la pandemia y estamos mejor”.

 

Aborto legal

Las conversaciones también giraron sobre derechos sexuales y reproductivos, en particular sobre la legalización del aborto, un proceso que en Chile recién está empezando a ver la luz a partir de la aprobación en la Convención Constituyente –por amplia mayoría, con más de dos tercios–, de la iniciativa Será Ley, presentada por organizaciones feministas con los patrocinios necesarios como para ser discutida en el pleno.

 

Lo que resta ahora es que la nueva Constitución sea aprobada en el plebiscito –con voto obligatorio– del 4 de septiembre próximo.

 

La interrupción voluntaria del embarazo, se sabe, será uno de los caballitos de batalla para quienes militan el rechazo en la consulta popular. En ese sentido, explicó Orellana, tienen en cuenta “la experiencia latinoamericana reciente, en la que los derechos sexuales y reproductivos en el fondo operaron como paraguas para sectores que estaban en contra de muchas otras cosas. De hecho, las personas que están por el rechazo ya iniciaron giras de campaña por todo el territorio”. La chilena es optimista: “Tengo mucha esperanza en que esa movilización de mujeres, sobre todo jóvenes, que fue definitiva para la segunda vuelta presidencial y que nos dio la victoria, pueda contrarrestar esa movilización basada en el miedo”.

 

El recorrido nacional estuvo presente esta vez y también cuando las ministras argentinas viajaron para la asunción del gobierno del Frente Amplio: “Carla Vizzotti conversó y conversa con (la ministra de Salud chilena) Begoña Yarza sobre cómo fue el proceso en el Poder Ejecutivo Nacional y cómo trabajamos la Ley de 1000 días como contrapeso”, contó la titular de Mujeres, Géneros y Diversidad.

 

Violencias

Las violencias extremas también fueron tema de la conversación bilateral. Mientras que la Argentina cuenta con la ley 26.385 de Prevención, una norma modelo para la región, Chile, contó Orellana, tiene una deuda en términos legislativos y una preocupación fuerte por la violencia sexual: “No tenemos una ley integral que permita tener un criterio uniforme y, aunque existe una ley de femicidio que fue recientemente modificada para incluir a parejas sin convivencia, contempla solo relaciones de pareja”.

 

Ambas ministras coincidieron en que, para que las mujeres que sufren violencia por razones de género puedan salir de esa situación, es imprescindible generar herramientas para la autonomía económica. Gómez Alcorta puso énfasis en el programa Acompañar, que brinda un apoyo económico equivalente al Salario Mínimo, Vital y Móvil durante seis meses consecutivos a mujeres y LGBTI+ que se encuentran en situación de violencia de género. El plan alcanzó en un año y tres meses a 152.000 mujeres de todo el país.

 

Letra P durante la entrevista con Gómez Alcorta y Orellana.

“Me pareció muy interesante el Acompañar porque para nosotras es prioridad la autonomía económica”, sostuvo Orellana. La prioridad será, para el ministerio chileno, cambiar el foco de la intervención y que su fin último sea la judicialización. “Tenemos una institucionalidad de protección que está orientada a conseguir la judicialización y eso tiene límites muy claros. Sabemos que las mujeres en Chile demoran siete años promedio en denunciar, entonces solo vas a tener un acceso a los dispositivos de protección y reparación cuando ya la violencia es muy aguda, cuando ya tiene consecuencias muchas veces irreparables”.

 

La experiencia argentina va en ese sentido: “Tuvimos que dar peleas hacia adentro para lograr que el acceso al Acompañar sea sin denuncias, era una condición sine qua non para revertir la lógica de que lo único que se puede hacer es denunciar”.