ROSARIO (Corresponsalía Santa Fe). La semana legislativa de esta ciudad comenzó accidentada, con una amenaza de bomba que obligó a desalojar el Palacio Vasallo donde funciona el Concejo Municipal. Además, cuatro comisiones no pudieron avanzar en el debate por falta de cuórum afectando, entre otros proyectos, el de la ordenanza antilavado que el intendente Pablo Javkin esperaba aprobar con rapidez. Tendrá que seguir esperando. Por otra parte, el gremio que nuclea a trabajadoras y trabajadores municipales encontró en ediles y edilas interlocutores para llevar sus quejas sobre la gestión.
La llamada llegó al 911 y desde ahí se envió el alerta a la guardia permanente del Palacio Vasallo, que se encargó de evacuar a las más de 200 personas que trabajan en el edificio de la esquina de 1° de Mayo y Córdoba. La Brigada de Explosivos trabajó en el lugar durante una hora y, tras confirmar la falsa alarma, finalmente la planta trabajadora pudo volver a sus funciones. Al ser lunes, día de comisiones, había mucho personal, asesores y asesoras en el lugar.
Sin cuórum
Sin sesión y con la actividad concentrada en las comisiones, sorprendió que esta semana ni Cultura y Educación, Gobierno, Ecología y Ambiente y Deporte y Turismo obtuvieran cuórum. En todos los casos, las ausencias de ediles y edilas hicieron naufragar la labor parlamentaria. Son varios los proyectos en agenda para discutir: Gobierno tiene pendiente debatir la ordenanza antilavado enviada por el intendente Javkin, y Ecología y Ambiente avanzar en la iniciativa de Basura Cero. Por lo pronto, no hubo novedades.
Oficina de reclamos
La comisión que sí trabajó fue la de Control, Convivencia y Seguridad Ciudadana que recibió a integrantes del Sindicato de Trabajadores Municipales, quienes llevaron, una vez más, sus quejas al Concejo Municipal. Hace algunas semanas se habían acercado también a la de Obras Públicas. En menos de un mes, representantes del sindicato fueron dos veces al Palacio Vasallo para transmitir sus disconformidades con las gestiones del secretario de Obras Públicas, José Luis Conde, en el primer caso y la secretaria de Control y Convivencia, Carolina Labayru, en este último. Pareciera ser que los ediles se convirtieron en sus interlocutores para visibilizar sus reclamos.