27|6|2022

Censura de plataformas, libertad de expresión y la derogación de facto de derechos.

“En nuestro caso no es el terror, sino la persuasión impuesta por la presión y la manipulación de la opinión pública, lo que se supone tendrá éxito donde el terror ha fracasado”. (Hannah Arendt, Responsabilidad y Juicio, 1975)

 

1.- Las nuevas suspensiones de derechos constitucionales. La impotencia de la acción política actual tiene raíces en los diferentes procesos de privatización de la esfera pública y el saqueo del patrimonio colectivo construido por generaciones. La progresiva relocalización de la esfera pública en el espacio privado hoy resulta manifiesta en sus consecuencias. Lo que mal llamamos redes sociales -que en realidad son plataformas de marketing y minería de datos personales- diseñan, controlan y manufacturan lo que vemos, leemos y escuchamos. Sobre todo manufacturan disenso, identidades tribales y políticas de la distracción en contextos donde construir sustantivos lazos sociales solidarios, concentrarse y prestarse atención mutua resulta fundamental.

 

Las gigantes corporaciones de plataformas (Twitter, Facebook, Google, Tiktok) son el corazón de la esfera pública digital. Son hoy la plaza pública, el lugar donde nos encontramos, vamos a informarnos, pensar y dialogar bajo su tutela algorítmica y poder corporativo. Son el espacio en el que intentamos encontrarnos, construir sentido y respuestas colectivas. Quizás sean posibles acciones analógicas para recuperar la soberanía del espacio público y de nuestra atención, precondición del autogobierno individual y colectivo. Sin embargo, lo peligroso de estas últimas semanas fue la suspensión de los derechos constitucionales a la libertad de expresión, información, pensamiento y la posibilidad concreta y directa de invisibilizar, segregar, marginalizar y censurar voces producto de un conflicto internacional. Prácticas ya existentes que se han profundizado a niveles similares a los que los grandes medios antes criticaban en Estados no democráticos. 

 

2.- La censura directa de las plataformas derogan derechos y libertades. En ese contexto orwelliano vemos que las plataformas practican la censura directa de múltiples maneras. Tal cual las dictaduras censuraban los discursos disidentes, opositores y de resistencia, las plataformas prácticamente marcan noticias, señalan pertenencias, filtran narrativas, borran material y años de producción de contenido sin dar aviso ni documentar razones imposibles de imaginar bajo un Estado de Derecho, de facto ya suspendido. Sentencias sin proceso, defensa ni argumentación alguna. El modelo de negocios corporativo es la derogación de derechos constitucionales y aquellos que tienen más libertad de expresión son los que tienen el dinero para expandir sus narrativas.

 

La exclusión abierta de voces en las plataformas, la desmonetización selectiva de ciertos discursos, hacen pensar que estamos ante un nuevo estado de excepción corporativo y distópico que viola claramente todos los derechos, las garantías constitucionales y los procesos que el sistema constitucional e interamericano establece para restringir y suspender el ejercicio de derechos (por ejemplo, artículos 23 -Estado de Sitio- y 75 inciso 31 -Intervención Federal- de la Constitución Nacional  y artículo 27 de la Convención Americana de DDHH).

 

. A todos los defectos existentes en nuestras instituciones constitucionales y en el propio sistema interamericano, estas corporaciones sin frenos ni contrapesos suman que son juez y parte de sus arbitrarias sentencias sobre nuestros derechos constitucionales más básicos en sus plataformas. Un algoritmo pensado y diseñado para restringir derechos humanos y después revisar su censura previa obliga a hacer un reclamo digital para la exigibilidad de los derechos civiles y políticos que suponíamos existentes, operativos y protegidos legalmente. 

 

Este nuevo estado de excepción corporativo declarado por los gigantes de internet es parte de la aceleración de cambios que encuentran a un Estado impotente en un clima fatalista. Esta tendencia marcada hará que lo excepcional sea el respeto al Estado de Derecho, la posibilidad de la democracia y la protección de nuestros derechos humanos ya en proceso de derogación de facto.