“Vamos a profundizar los lineamientos centrales en el uso de las redes sociales para el bien común. Estamos trabajando con un estudio pionero que marca y propone un pacto para el buen uso de las redes sociales y que dejen de intoxicar el espíritu de nuestra democracia”. Fueron apenas diez segundos de la extensa exposición del secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz. Pero el fragmento comenzó a ser repetido una y otra vez, precisamente, en plataformas como Twitter.
La polémica quedó instalada durante la presentación de la agenda productiva Federal del Consejo Económico y Social (CES). Frente a las alarmas de "regularización" del contenido 2.0, la Secretaría del funcionario clave de la mesa chica de Alberto Fernández compartió detalles de una iniciativa que lejos estuvo de ser una improvisación. Por el contrario, está siendo elaborada desde junio de 2021, cuando la Argentina adhirió al "Pacto por la Información y la Democracia", nacido a instancias de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
En su momento, Beliz apuntó: "Aspiramos a que este sea un debate informado y respetuoso, enormemente significativo en un momento muy importante e histórico donde la Argentina adhiere al pacto por la información y la democracia”. Se creó, entonces, el programa Redes para el bien común. Su objetivo, según detalla su página web, es aportar a la construcción de un ecosistema digital más plural y respetuoso que potencie la calidad del debate público.
Para su agenda 2022, el programa plantea: "El alcance y la velocidad en la propagación de noticias falsas, la proliferación e intensificación discursos de odio y la aparición de nuevas formas de violencia erosionan la amistad social, debilitan los lazos comunitarios y hasta amenazan la convivencia democrática y pacífica". En ese sentido, añaden que el "objetivo es explotar al máximo las ventajas derivadas de las nuevas tecnologías, mitigar riesgos y orientar su desarrollo al bien común".
Con las fake news bajo la lupa, el puntapié del CES fue la realización de un foro titulado: “Atrapados en la red: noticias falsas y discursos de odio como amenazas para la convivencia democrática”. Durante octubre y noviembre de 2021 se realizaron cinco encuentros con la asistencia de 1.138 personas.
A quiénes alcanza
¿Qué plantea el Gobierno? El acuerdo incluye acciones en cabeza del Estado -en sus tres niveles- dirigidas a fomentar la educación digital desde el nivel primario, el acceso universal a internet, el combate de la violencia de género en línea, el fortalecimiento de los marcos legales de protección de datos personales, así como políticas y mecanismos que promuevan el pluralismo y la diversidad en Internet.
La iniciativa busca incidir en oficinas gubernamentales. El CES explica que "contiene propuestas dirigidas a las plataformas de contenidos digitales" para que sus "criterios de moderación de contenidos" sean compatibles con los estándares internacionales de derechos humanos.
Por otra parte, apunta a la "colaboración" de empresas de servicios de comunicación para "lograr un ecosistema informativo plural" y combatir la difusión de noticias falsas. También, alienta la participación de universidades, tanto públicas como privadas.
Y no sólo entidades, también particulares. La propuesta prevé "compromisos en cabeza de la dirigencia política, sindical, social y empresarial orientados a reducir la viralización de noticias falsas y a dar lugar a un debate público diverso y plural, que respete las diferencias y se nutra de ellas".
