Suponemos que cuando el legislador propuso la ley que crea el régimen de las PASO pensaba en una jornada donde todos los partidos políticos o frentes presentaban sus precandidatos y la ciudadanía concurría a elegir entre ellos a quienes se consagrarían como candidatos -por eso son “Primarias”-, los electores eran tanto los afiliados como los no afiliados -por eso son “Abiertas”-, se realizaban todas el mismo día -por ello “Simultáneas”- y finalmente el voto sería Obligatorio -para todos los electores y todos los partidos o frentes-.
Resulta obvio que lo que se pretendió era superar el anterior viejo sistema de internas de los partidos políticos, donde un grupo de dirigentes podía acordar quiénes serían los candidatos o donde un grupo con poder económico o político podía decidir una interna imponiéndose con “el aparato” o líderes de alguna fracción pusieran los candidatos “a dedo”, cumpliendo formalmente con sus respectivas cartas orgánicas, pero sin que se garantizara una real participación popular y mayoritaria.
Claramente, las PASO fueron concebidas como un procedimiento superador de viejos sistemas, que brindaría mejor calidad institucional, garantizaría una participación masiva, permitiría la renovación dirigencial y otorgaría igualdad de oportunidades a individuos y organizaciones que podrían ofrecer sus programas de gobierno y ser considerados equitativamente por los electores.
Estas primarias no fueron un invento argentino sino que se tomaron como ejemplo experiencias de otros países donde se realizan legítimas primarias en jornadas que quienes somos interesados en la política seguimos desde los medios nacionales e internacionales. Aquí surge una pregunta central que debemos formularnos: ¿se realizaron alguna vez en la Argentina verdaderas PASO que abarcaran el total del espectro de precandidaturas de todos los partidos y en todas las jurisdicciones electorales?
La respuesta es no. Hay distritos electorales donde ni siquiera se pusieron en práctica. En otros se ensayó y, luego de una o más experiencias, se suspendieron o directamente se derogaron y en otros hay varias iniciativas en trámite para su derogación.
Incluso en el ámbito del Congreso, durante estos últimos años y desde casi todos los espacios políticos, se han presentado diferentes proyectos de ley relacionados con las PASO. Algunos fueron de modificación, incluso para hacer que los partidos que oficialicen listas únicas no participaran o que el voto en las elecciones primarias no fuera obligatorio. Otros de derogación. En esta línea están el proyecto del diputado Pablo Tonelli (PRO) y el de la diputada Alma Sapag (Movimiento Popular Neuquino), los dos de 2019; en 2021, el del diputado Juan Carlos Giordano (Frente de Izquierda-Izquierda Socialista).
Por mi parte, presenté en 2020, en coautoría con varios diputados, un proyecto de suspensión de las PASO para las elecciones 2021 que no fue tratado. El proyecto de ley que impulsamos ahora sigue -con algunas diferencias formales y agregados- el presentado por Tonelli, que perdió estado parlamentario.
Como se ve, la idea de poner fin a las PASO no es nueva, oportunista ni coyuntural, sino que se trata de una idea transversal, fundada principalmente en estas razones:
-Se ha desvirtuado la finalidad, porque, mientras que algunos las ven como una interna financiada por el Estado, otros resuelven por fuera sus precandidatos y presentan una lista única que hace innecesaria esa elección.
-Se transformaron, como en 2019, en una elección general anticipada o en una primera vuelta que tergiversada y predispone al electorado a que en la elección general opte entre el primero y el segundo de las PASO perjudicando claramente las posibilidades de partidos que son víctimas de una polarización anticipada.
-Interfieren en la vida interna de los partidos políticos, porque los no afiliados pueden alterar el resultado y eso afecta la autonomía de los partidos políticos y de sus miembros, que es esencial para su funcionamiento.
-Atenta contra la gobernabilidad e incluso resulta inconstitucional, ya que el Artículo 95 de la Constitución Nacional, reformado en 1994, dispone que las elecciones presidenciales deben realizarse dentro de los sesenta días anteriores a la finalización del período en el que se desarrolla la gestión presidencial: al extenderse el plazo del período electoral y por ende de la campaña -inclusive violando los límites de la CN-, licúa el poder del Gobierno hasta el traspaso del mando. Se debe considerar que, en nuestro país, éste no es un tema menor, dadas las experiencias vividas en las transiciones de diferentes gobiernos.
-Incrementa innecesaria y considerablemente el gasto electoral. Se estima que, para este año, las PASO implicarán un gasto de entre 22.500 y 30.000 millones de pesos financiado por el Estado, o sea, fondos de los contribuyentes, que, como electores obligados, quedan sometidos, además, a un extenso y agotador calendario electoral.
En nuestro caso, en el Interbloque Provincias Unidas, entendemos que todas estas críticas son válidas y justifican la derogación del sistema de las PASO, al igual que lo hicimos a nivel provincial.
Finalmente, con el ahorro que generaría esta ley, proponemos crear un Fondo Especial para el Fortalecimiento de las Políticas de Lucha contra las Adicciones y un Fondo de Fortalecimiento para el Pago de Prestaciones Básicas a Personas con Discapacidad, para financiar, de acuerdo al criterio de la coparticipación de impuestos. programas y políticas a nivel nacional y provincial en materias que ciertamente requieren del apoyo del Estado con un ahorro en el “gasto de la política”.
