El recurso a la aceleración de la obra pública tiene varias ventajas, especialmente en los años electorales: da cuenta de logros concretos de gestión, genera empleo directo e indirecto –y consumo– con velocidad, estimula la actividad económica a través de la demanda de materiales, insumos y servicios y mejora la competitividad externa de la producción local, al abaratar sus costos de energía y logística, entre otros. Lo que ocurre este año en el rubro no escapa a la norma, pero presenta la particularidad de que, si bien resulta bastante más intenso en los hechos, está menos presente en el discurso oficial, centrado en intangibles como "empezar a salir a la vida que queremos", en comparación con la campaña de 2019, en la que Juntos por el Cambio se jugaba la vida política. Entonces, cabe recordar, Mauricio Macri se agachaba para tocar el asfalto y decir con énfasis: "Esto no es relato, esto que estoy tocando es real".
De acuerdo con el último informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), "la inversión pública en energía, transporte, educación, vivienda y agua potable y alcantarillado (englobado en las cuentas fiscales nacionales como ‘gastos de capital’) es una de las funciones estatales ampliamente aceptadas por la población, aunque no aparezca como uno de los gastos principales ya que representan, en promedio, algo más de un 6% del gasto total".
Lo anterior se explica por el carácter altamente inelástico del presupuesto, que destina en promedio el 50% a las prestaciones sociales en un país que ya tiene casi a la mitad de la población en la pobreza. Otros rubros que se llevan tajadas importantes del gasto público son las erogaciones de funcionamiento, los servicios de deuda y subsidios varios. Así, un tema recurrente del debate fiscal en la Argentina es cómo racionalizar todas esas variables de modo de hacer más lugar a la inversión en infraestructura. Sin embargo, como a todos los sectores les aprieta el zapato, la cuestión jamás se salda y los sucesivos gobiernos hacen lo que pueden incrementando el endeudamiento o la emisión monetaria.
Fuente: Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).
En la campaña para las elecciones legislativas de noviembre, siempre según el análisis del IARAF, "en los primeros siete meses del año, los gastos de capital acumulan un equivalente a $329.000 millones (ajustados a precios de julio de 2021), representando la inversión real directa (IRD) casi tres cuartas partes del total del rubro, mientras que las transferencias a provincias dan cuenta del cuarto restante".
"Estas cifras se ubican 55% por encima de lo observado en igual lapso de 2020, mientras que sus principales componentes, la IRD y Transferencias a provincias, crecieron en un 34% y 163%, respectivamente. La comparación contra 2019 muestra que el gasto de capital acumulado en 2021 resulta superior al de aquel año en un 9%. La inversión directa es un 2,5% superior a la de 2019 y las transferencias a provincias son un 31% real más altas que hace dos años", continúa.
Fuente: Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).
El aumento de la obra pública por encima de lo ocurrido en 2019, cuando estaba en juego una elección presidencial –supuestamente más sensible–, también surge con claridad cuando se mide esa inversión como porcentaje del producto bruto interno (PBI).
"Considerando los datos" de ese modo, sigue la consultora, "el acumulado entre enero y julio de 2021 suma el equivalente a 0,8% del PBI, muy por encima de los años previos”.
Fuente: Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).
Los datos oficiales también dan dimensión de la apuesta a la vez económica y política del gobierno de Alberto Fernández. "El gasto de capital registró una suba de $24.757 millones (91,6% interanual). El crecimiento estuvo impulsado principalmente por mayor inversión de empresas públicas ($3.136,4 millones), por la Dirección Nacional de Vialidad para la construcción de autopistas y autovías ($7.214,8 millones) y la inversión realizada por el Ministerio de Obras Públicas ($2.422,0 millones). Además, se observaron mayores transferencias de capital a las provincias, entre las cuales se destacan aquellas realizadas al ENOHSA (Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, $1.769,5 millones), como así las asignaciones para el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica ($1.029,8 millones)", dice el informe.
Los datos resultan relevantes. Por un lado, porque la pandemia y la cuarentena prolongada del año pasado se tradujeron, siempre según ese instituto, en una pérdida de 75 mil empleos formales solo en el sector de la coinstrucción que urge recuperar. Asimismo, la obra pública es un puente privilegiado para que la actividad recupere tono en un contexto en que la economía aún pelea para volver al nivel –por cierto no brillante– del 2019 prepandémico.
El Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE, anticipo de los datos oficiales de PBI) creció 10,8% interanual en junio, pero se ubica todavía 2,1% por debajo del mismo mes de 2019.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
De acuerdo con la consultora Ecolatina, en el tercer trimestre, clave para las PASO, "prevemos una recuperación del orden del 2% desestacionalizado. Esto será consecuencia de una economía más ‘normal’, producto de menores restricciones y el avance de la campaña de vacunación, que se combinará el push electoral y la apuesta a planchar el dólar y continuar el congelamiento tarifario para desacelerar la inflación por debajo del 3% mensual. Así, habrá unos meses de tregua al poder adquisitivo, a la que se le sumarán diversos estímulos asociados al financiamiento –Ahora 12–, favorables condiciones crediticias para determinados grupos, como los monotributistas, y bonos para jubilados y perceptores de asignaciones".
Todo vale en pos de mostrar una situación algo más prometedora a una sociedad angustiada y, sobre todo, un futuro mejor. Mientras, el Gobierno divide su discurso preelectoral en todos los frentes que debe atender, que van desde una pandemia que se presenta –algo caprichosamente– como cercana a su fin hasta el porvenir económico, pasando por la inflación rebelde y la difícil situación social.
Para Alberto Fernández, es difícil decidir dónde inclinarse para tocar alguna realidad positiva.
