Después del boom mediático que generó la sanción de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en diciembre de 2020, los grandes medios del país retomaron la agenda de la pandemia y mutearon una lucha que sigue vigente, aunque reencuadrada. Los colectivos feministas ya no reclaman que “sea ley” sino que “sea justicia”, al advertir que la IVE no ha logrado aún ser un derecho efectivo para todas. La inquietud hoy sigue siendo cuánto de la definición del derecho a un aborto seguro —en los términos en que es propuesta por estos colectivos— es retomado en las coberturas mediáticas. Y además, cuánto es tergiversado y reconfigurado.
En este marco, San Juan fue epicentro de un hecho singular. En un sentido contrario a los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos de las mujeres, un varón trató de obligar a una mujer de esa provincia a continuar con el curso de un embarazo no deseado. Luego de varios días, se conoció un fallo judicial en el cual tres jueces de la Sala III de la Cámara Civil provincial, Juan Carlos Noguera Ramos, Juan Carlos Pérez y Sergio Rodríguez, hicieron lugar a la medida cautelar del hombre y, en consecuencia, le negaron a la mujer los derechos amparados por la ley 27.610 de IVE. Gabriela Lucero, integrante de la Mesa por el Aborto Legal y Ni Una Menos de San Juan, enfatizó que “este caso evidencia las distintas vulneraciones y obstaculizaciones que existen para el cumplimiento efectivo de la norma. A nivel nacional, pone de manifiesto las debilidades de la ley ante la ausencia de protocolos y de campañas de fortalecimiento y de difusión. A nivel provincial, muestra la necesidad de efectivizar formaciones específicas y perspectivas de género en el ámbito judicial”.
Este caso visibiliza, además, que el tratamiento noticioso de algunos medios argentinos también vulnera derechos de mujeres, al transformar una decisión del ámbito privado en un tema de debate público. “La intromisión de toda persona y la exposición mediática de toda mujer y persona gestante sobre su derecho a decidir no solo atenta contra su dignidad y provoca daños en su integridad psíquica sino que se constituye en violencia sexual”, declaró la Mesa por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito de San Juan, el pasado 4 de abril.
Hace cinco meses, los marcos interpretativos del derecho a la IVE se repartían entre quienes se identificaban con los “pañuelos celestes” y promovían el lema “salvemos las dos vidas”, y aquellas que, hermanadas con la “marea verde”, defendían el derecho al aborto como un asunto de salud pública y de responsabilidad estatal. En el marco de ese debate, el lema “provida” fue retomado por los colectivos y resignificado en clave feminista.
Pero a poco de que el Senado convirtiera en ley el derecho al aborto voluntario, la agenda de los medios tomó otro curso. La gravedad de la crisis sanitaria escaló nuevamente a los primeros lugares de los portales de noticias. Con varias consecuencias visibles: en pocos espacios se problematiza la ausencia del Estado para garantizar el pleno ejercicio de la ley; en muchos medios se repone un discurso que configura a las mujeres que desean abortar como victimarias, vulnerando sus derechos; y se viola la confidencialidad de su acceso a un servicio de salud al exponer su decisión y socializar un asunto privado.
La cobertura del Diario de Cuyo, uno de los tres sitios online más visitados de San Juan, es ilustrativa de tal banalización del asunto. En una de sus notas, realizó una encuesta en la que consulta la opinión de sus lectores sobre la intención que tiene una mujer de abortar, contraviniendo leyes y manuales periodísticos sobre perspectiva de género y tratamientos respetuosos.
El caso trascendió y se volvió tendencia en las redes, donde los hashtags más destacados expusieron ciertas recurrencias discursivas para expresar el modo en el que fueron figuradas las personas involucradas: el varón aparece como víctima de su expareja, mientras que la mujer es presentada como victimaria. A partir de una lectura elocuente del tratamiento periodístico de estos casos, el Observatorio de Medios de la Universidad Nacional de San Juan advierte sobre las consecuencias de este tipo de mensajes para las audiencias. Según su directora, Cecilia Yornet, “tenemos un inmenso desafío desde la comunicación, para pensar cuáles son las acciones que podemos encarar para enfrentar estas verdaderas campañas de disciplinamiento patriarcal. A veces, responder también en redes y medios —como solemos hacerlo— no hace más que seguir exponiendo a quienes solo quieren ejercer en privado un derecho amparado por la ley”.
Google Trends- búsquedas comparativas en Google News de los temas “aborto” y “Covid-19”, en la Argentina de marzo de 2020 a mayo de 2021.
Los medios digitales nacionales no dieron un marco distinto al caso. Infobae citó al hombre como fuente en clave afectiva —“Solo pido que lo tenga y me lo dé”— y lo presentó como alguien que no puede ejercer un derecho en calidad de cónyuge, desatendiendo que lo se juega en este caso es el cuerpo de la mujer y no un bien material compartido.
El diario La Nación, por su parte, hizo hincapié en el matrimonio y definió al hombre como "padre". Esa configuración sugiere la existencia de un hijo/a, algo que queda fuera de discusión cuando se habla del derecho de interrupción del embarazo, tal como lo establece le Ley de IVE. Para reforzar esta idea, el matutino cita textual a la abogada del hombre: “¡Un papá que pide protección por los derechos de su hijo y su propio ejercicio de la responsabilidad parental!”. Cabe agregar que tanto antes de la Ley N° 27.610 como después de su entrada en vigencia, el cónyuge no gestante no tiene ni podría tener la potestad para decidir si un embarazo se interrumpe o continúa.
Estos rasgos o atributos del varón que se resaltan en las noticias inciden sobre la comprensión del público. El relato dramatizado expone la vida privada de la mujer desde un enfoque personalizado y suscita una respuesta emocional por parte de las audiencias, con consecuencias subsecuentes para otras mujeres o personas gestantes que quieran hacer valer un derecho que hoy #EsLey. El poder de la Iglesia, la ausencia de medidas que garanticen el pleno ejercicio de las leyes y el arraigo del modelo patriarcal en la vida social atentan contra la equidad de género. En particular, la persistencia de ciertos rasgos en la cobertura periodística perpetúa violencias simbólicas estructurales, con efectos dentro y fuera de las noticias.
* Con la colaboración de Natalia Aruguete.
