En los Whatsapp de hombres y mujeres de negocios aparecía como "reenviado muchas veces" un artículo que publicó en el diario La Nación el expresidente de Dupont y de la Amcham Juan Vaquer: "Yo pagué el impuesto a la riqueza, ahora te toca a vos gestionar bien el Estado". Con "autoridad moral" por haber pagado, escribe el ejecutivo, le pide al funcionariado hacer su trabajo con austeridad, junto a otros reclamos que forman parte del sentir del establishment. Más allá de la catarsis, el pago con dientes apretados de Vaquer se replica en la gran mayoría de los 13.000 alcanzados por el Aporte Solidario y Extraordinario a las Grandes Fortunas: el tributo se paga aunque duela y, sobre todo, porque hacerle juicio al Estado puede ser más oneroso.
Una lista corta de estudios jurídicos y contables nuclearon la gran mayoría de las consultas de quienes pensaron -solo algunos avanzaron, por el momento- litigar contra el pago del aporte solidario. Coinciden las fuentes en nombrar a los estudios multinacionales top, como KPMG, Ernst & Young, PWC, Deloitte y BDO. Se suman los nacionales Lisicki Litvin; Brouchou, Fernández Madero & Lombardi; Beccar Varela; Marval, O'Farrel & Mairal y Bertazza, Nicolini, Corti. Los bufetes jurídicos y contables hicieron hasta road shows por barrios cerrados y sumaron nuevos clientes a sus cuentas tradicionales. Especulan entre ellos que alrededor de un 10 o un 15 por ciento de los 13.000 solidarios reclamará en la Justicia.
"Yo pagué, ir a la Justicia era caro y riesgoso", dijo a Letra P un importante empresario que hace años es cliente de Lisicki Litvin, el estudio al que distintas fuentes ponen entre los más activos tanto en los medios como en el mundo corporativo a la hora de asesorar a posibles litigantes. Los cálculos más conservadores dan cuenta de que, como mínimo, litigar contra la AFIP puede salir un diez por ciento del impuesto extraordinario solo en costos judiciales. A eso hay que sumar los honorarios de los abogados del Estado en caso de perder el juicio, las multas y la remuneración de los propios letrados y contadores. "Entre honorarios, tasas fiscales, la acción declarativa, la cautelar, la estimación de honorarios, etcétera, el juicio puede costar entre un 15 y un 20%, más el riesgo de perder", advirtió a este medio Humberto Bertazza, uno de los especialistas preparados para la batalla.
Un experto de otro de los estudios más importantes que pidió reserva acepta el alto costo de demandar al Estado, pero lo relativiza. "Las multas en este país no las paga nadie. Si se discuten, y son discutibles porque hay un reclamo judicial, después sale una moratoria... en relación al costo-beneficio, en algún caso puede haber un 15% de costas pero se pagan al final y eso es distinto de pagar el 100% del impuesto hoy", calculó.
En opinión de este experto, hay tres tipos de ejecutivos que "pagan sin dudar": quienes tienen exposición pública, quienes tienen algo que ocultar y los empresarios con negocios que dependen de alguna u otra manera del Estado. "El importador que tiene que destrabar una SIMI (permiso de importación) o el concesionario de algún servicio", ejemplifica. El presidente Alberto Fernández celebró que Marcelo Mindlin, de Pampa Energía, pagó. "Yo el viernes (26) a la tarde estuve con Mindlin y él pagó el aporte. Y yo le dije 'hiciste bien. La sociedad te ha pedido solidaridad en un momento crítico y lo has hecho'", dijo a C5N.
"Los que litigan son personas con profunda convicción democrática que han hecho una evaluación de la carga tributaria que ya venían teniendo y este fue el último granito de arena, y tienen la convicción de que se vulneraron sus derechos constitucionales", contrapuso Bertazza.
El contador -con un equipo de abogados a su cargo- contó las alternativas de los contribuyentes que van a reclamar judicialmente. "Si es alguien conservador, paga el impuesto y hace una acción de repetición, así no se expone a multas, pero el proceso puede tardar de seis a diez años, hasta que decida la Corte Suprema", dijo.
Para "quienes se la quieran jugar, hay distintas alternativas", sigue el especialista. Primero, no judicializar de entrada ni pagar; esperar a que actúe el fisco. "Puede intimar, fiscalizar, determinar el impuesto de oficio y aplicar una multa. Aquí hay una alta exposición a una denuncia penal y el tribunal fiscal no es competente para expedirse sobre la constitucionalidad, que es el cuestionamiento más importante. Además, para ir a la Cámara de Apelaciones, primero hay que pagar", explicó Bertazza. Según la AFIP, unas 1200 personas no presentaron sus declaraciones juradas de Bienes Personales de 2019. Para el fisco, se trata de un "indicio indubitable de un ardid tendiente a eludir el pago del Aporte" que motivará denuncias penales por evasión agravada.
La segunda posibilidad, prosiguió Bertazza, es una medida cautelar para evitar pagar hasta que se resuelva la cuestión de fondo. "En general no hay esperanzas, sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires Las cámaras federales no son proclives a fallar a favor", continúa. "La tercera opción es un pleno, una acción declarativa", propone. La acción declarativa de certeza es para definir, en el caso concreto, si el impuesto a la riqueza es confiscatorio. Es el argumento más sólido que encuentran los especialistas, pero también el más costoso. "Se discute la confiscatoriedad y sí o sí es necesaria una pericia contable para probarlo". En estos casos, los costos pueden ascender a entre un 15 y un 20 por ciento del impuesto a pagar, más el riesgo de perder. "Por eso la decisión es tan difícil", admitió el contador.
Los alcanzados por el impuesto que consultan coinciden en la gran disparidad de criterios para cobrar honorarios. Hay tarifas de entrada de entre 5000 y 50.000 dólares. En caso de éxito, el bufete se quedará con un porcentaje (en torno al 25%) de lo que hubiera correspondido pagarle a la AFIP. Por eso, en el Gobierno hablan de la "privatización del aporte extraordinario". "Nosotros fijamos honorarios muy bajos y en caso de éxito cobramos un porcentaje del impuesto y no un monto fijo", se defienden en un gran estudio. ¿De cuánto? Depende del cliente. A un contribuyente que debería pagar poco impuesto (por estar cerca del piso de $200 millones de patrimonio) se le cobra una tarifa fija alta en términos proporcionales porque los costos "son importantes". A un gran cliente, la factura en caso de ganar será un porcentaje importante del impuesto.
En este escenario, la AFIP desestima cualquier avalancha de juicios. Hasta ahora, el Gobierno contabilizó seis cautelares, de las cuales se resolvieron cuatro: tres a favor del demandante (las tres en el juzgado administrativo de Cecilia Gilardi Madariaga de Negre, la jueza que sacó el primer fallo a favor del ejecutivo de Globant Alejandro Scannapieco) y uno a favor del fisco (en Bell Ville, Córdoba). Ese puñado de amparos contrasta con los cerca de 300 contribuyentes que ya pagaron, según especulaciones del sector privado de este último miércoles. La Administración de Mercedes Marcó del Pont espera, eso sí, tener que contestar una mayor cantidad de acciones declarativas de certeza: puede haber hasta 900, de acuerdo con las estimaciones oficiales. Por ahora, ninguna entró a los juzgados federales.
