La implementación del pase sanitario en territorio bonaerense genera temores e incertidumbre en el grupo de intendentes enrolados en Juntos. Si bien no rechazan de plano la medida, advierten sobre deficiencias en la comunicación de la administración de Axel Kicillof para ponerla en práctica y destacan la contradicción de acreditar el esquema completo de vacunación para acceder a eventos masivos o hacer trámites en organismos públicos cuando la inoculación no es obligatoria.
En el medio de una nueva suba de contagios de coronavirus, el gobierno bonaerense puso en marcha desde este martes el Pase libre Covid, una medida de gestión sanitaria que la administración liderada por Alberto Fernández pondrá en vigencia a partir del 1 de enero. La herramienta consiste en que todas las personas que quieran acceder a eventos masivos, como recitales o partidos de fútbol, o lugares cerrados, como restaurantes, o que necesiten hacer trámites ante organismos públicos, deberán acreditar que tienen al menos dos vacunas contra el virus. La medida busca disminuir la cantidad de contagiados y, además, pretende incrementar la cantidad de inmunizados.
Sin embargo, su implementación no fue bien recibida por dirigentes de la oposición. Este miércoles, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, consideró que “es generar una tensión nueva a la sociedad para una medida que tiene mínimo impacto, no es apropiado”. Más tarde, un grupo de diputados nacionales que fichan en distintos partidos opositores hicieron público un comunicado en el que manifestaron su rechazo a “la instauración de un sistema de control de acceso a cualquier ámbito dispuesto por el Estado, pase sanitario u otra denominación que se le diera”.
En rueda de consulta, varios intendentes de Juntos indicaron a Letra P también su disconformidad con la medida y expusieron sus dudas ante el avance de la medida.
Mariano Uset, jefe comunal de Coronel Rosales, si bien destacó la importancia de la vacunación, se definió “confundido y aturdido” con la situación. “Estamos haciendo una restricción en el acceso a determinados lugares públicos a quienes optaron libremente por no vacunarse”, dijo el intendente y agregó: “Mientras la vacunación siga siendo opcional se nos dificulta explicar por qué no dejaría ingresar a un contribuyente al municipio o a un turista al balneario de Pehuén-Có cuando optaron por algo que es legal y válido, aunque no lo recomiendo. Me siento expuesto legalmente por no permitirle el acceso a un lugar público”, dijo. Además, señaló que su implementación ya es dificultosa en los bancos porque los jubilados no tienen la aplicación que acredite su vacunación en el celular: “Entre ayer y hoy no han podido acceder al banco. Esto es bastante complejo de implementar en los lugares públicos”, completó.
En Tres de Febrero, distrito conducido por Diego Valenzuela, indicaron que implementarán el pase sanitario sólo en situaciones que consideren de riesgo epidemiológico. En este sentido, citaron como ejemplo el pedido de un club local para desarrollar una fiesta de fin de año y advirtieron que el municipio no cuenta con tantos eventos masivos que ameriten exigir el requisito sanitario.
Ezequel Galli, intendente de Olavarría, indicó que diariamente monitorean la situación sanitaria del partido y que no cree “oportuno en este momento aplicar una medida de este tipo que afectaría la economía”. Por el contrario, consideró “más importante seguir avanzando con la vacunación y la concientización antes que volver a restricciones que tanto daño le hicieron a la economía en nuestro país”.
Fuentes cercanas al intendente costero de Pinamar, Martín Yezza, indicaron que su implementación en el distrito es materia de análisis y que por el momento no está cerrada la decisión.
Fuentes del municipio comandado por Néstor Grindetti, Lanús, hicieron hincapié en la falta de comunicación por parte de la administración bonaerense. Indicaron que no está claro cuáles van a ser los órganos de implementación y de control. En ese sentido, cuestionaron que se no se haya citado a los jefes comunales para informar la medida.
En el mismo sentido se pronunciaron funcionarios del municipio de La Plata comandado por Julio Garro. Apuntaron contra la falta de explicaciones sobre la instrumentación y, además, indicaron que no está claro qué tipo de responsabilidad le cabe al sector privado, al municipio y a la provincia, jurisdicción que a su entender debería ser la encargada de controlar el cumplimiento de la medida con agentes de la provincia o al menos por la policía. En esa línea, cuestionaron la intención del gobierno de obligar al sector privado a controlar, teniendo en cuenta que la necesidad económica en este ámbito, ante dos años de crisis por las restricciones que impuso la pandemia, no los deja con margen para rechazar clientes.
