La crisis del coronavirus se presenta como un tiempo para resetear, reconfigurar y recalcular la vida de los argentinos desde los valores republicanos fundantes de la Nación, entre ellos, la independencia de los poderes del Estado. El presidente Alberto Fernández sostuvo que ese es uno de los objetivos a los que aspira con la reforma judicial. “Sólo busco hacer la República que todos declaman pero que algunos humillaron”, se plantó el primer mandatario al presentar el proyecto de ley que remitió al Congreso.
La oposición hace otra lectura de la iniciativa legislativa impulsada por el oficialismo e intuye, según advirtió, intereses “oscuros” detrás de los pretendidos cambios en la administración de Justicia. En particular, la designación de jueces “adictos” al Poder Ejecutivo y la instalación de la idea de una “cultura de la impunidad” que alienta y promueve la corrupción.
Los referentes de las religiones tampoco se mantienen al margen de esta puja eminentemente política y apelan a una prédica declamativa, aunque de escasa formulación propositiva, para marcar la cancha tanto al oficialismo como a la oposición.
Líderes de los credos esbozaron sus puntos de vista sobre la reforma judicial desde aspectos técnico-jurídicos, pasando por la fe y hasta el ordenamiento del sistema democrático. En esencia, coincidieron en que el proyecto de ley para regular el ejercicio de la Justicia presenta aspectos que merecen un discernimiento profundo por la importancia de la materia que tratan. Por esto, reclamaron que haya consultas amplias, debates y consensos previos en consonancia con la magnitud de los cambios propuestos.
“Entendemos que un tratamiento apresurado de reformas tan significativas corre el riesgo de debilitar la democracia republicana consagrada en nuestra Constitución, precisamente en una de sus dimensiones esenciales como es la autonomía de sus tres poderes”, evaluaron desde la Comisión Nacional de Justicia y Paz del episcopado argentino, en un tiro de elevación ante el supuesto “apuro” del oficialismo para que el proyecto se convierta en ley y también para la oposición, sobre todo para Juntos por el Cambio, que se niega a tratarlo en forma remota e incurre en argucias legislativas para frenar el proyecto en la Cámara de Diputados.
La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) evitó un pronunciamiento institucional, por considerar -se excusaron voceros de la sede episcopal del barrio porteño de Retiro- que es momento para “otras urgencias”, en clara referencia a la crisis económica y social por la pandemia, pero el arzobispo de Córdoba, Carlos Ñáñez, hizo una mención a la reforma judicial de manera explícita en su última reflexión dominical por las redes sociales, al puntualizar cómo debería ser, al entender eclesiástico, la administración de Justicia.
“Una Justicia independiente, que busca y actúa en la verdad. Una Justicia insobornable, que no hace distingos ni privilegios. Una Justicia bien misericordiosa, que busca corregir, pero que también busca reparar el orden lesionado y restituir lo mal habido. Una Justicia que no es revancha y mucho menos venganza”, enfatizó el prelado cordobés en su predicación.
AMIA y DAIA viene bregando hace años por una Justicia largamente esperada, sobre todo ante el evidente fracaso en el esclarecimiento del atentado terrorista a la mutual judía.
Jorge Knoblovits, presidente de la DAIA y flamante candidato a secretario general del Congreso Judío Latinoamericano, fue claro en la memoración de los 26 años de aquella “masacre” en pleno corazón de Buenos Aires, al considerar esa falta de Justicia como “la deuda más grande y dolorosa de la democracia argentina”.
“Los poderes ejecutivos y parlamentario no han estado a la altura del desafió que significó para la democracia aquel ataque. Faltó decisión y voluntad política para colaborar con la investigación del atentado. La Justicia definitivamente fracasó y aún no le ha podido dar una respuesta a las 85 personas asesinadas y a sus familiares”, escribió el referente judío.
Rabino Knoblovits, presidente de la DAIA.
La Alianza Cristina de Iglesias Evangélicas de la República Argentinan (ACIERA) tampoco se pronunció, pero fuentes del conglomerado religioso revelaron que el proyecto de ley de reforma judicial está siendo analizado por el equipo de profesionales del Derecho de esa institución confesional.
El planteo religioso se fundamenta sobre la base de dos preceptos. Uno constitucional: “Afianzar la justicia”. Tal como se formula en el Preámbulo al enumerar los seis fines del programa político legislativo y también, en una segunda cita, al invocar a Dios como “fuente de toda razón y justicia”. Y otro bíblico: un valor que aparece en 106 versículos de "libro sagrado".
ANTECEDENTE. En abril de 1997, los obispos católicos dedicaron una asamblea plenaria completa a reflexionar sobre la Justicia y emitieron un duro documento rechazando los intentos de cambio del menemismo al considerar que las propuestas ponían “en crisis la cohesión de la sociedad”.
“Esta sensación de querer vivir sin ley o de poder modificarla para servir a intereses sectoriales facilita la corrupción privada y pública crea un estado de incredulidad generalizada, de temor frente a los demás, de impotencia y angustia que impide la formación de un espíritu solidario y fraterno”, alertaban en aquella oportunidad.
Aquel párrafo vino ahora a la memoria de más de un obispo, reconocieron, al expresar preocupación por el avance del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial y en particular sobre la "indeseable partidización" de los jueces.
